Global Justice Report: Sin fuerza social organizada, el plan de igualdad mundial se queda en un modelo II

La riqueza se concentra más deprisa que los contrapesos, y los precedentes de organización existen, aunque todavía son pequeños

Segunda entrada sobre el Global Justice Report que analiza la necesidad de articular un movimiento ciudadano poderoso y una red de organizaciones de base amplia.

La conclusión política del Global Justice Report cabe en una frase y apenas se ha comentado: nada puede lograrse sin un movimiento ciudadano poderoso y una red de organizaciones de base amplia. Las cuentas de la igualdad mundial dentro de los límites del planeta están hechas. Lo que no existe todavía es la fuerza social capaz de exigirlas, y el calendario no espera.

El poder que se acumula más deprisa que los contrapesos

Unos días después de la presentación del informe, SpaceX salió a bolsa en el Nasdaq con una valoración próxima a 1,77 billones de dólares, y Elon Musk se convirtió en la primera persona con un patrimonio superior al billón de dólares, en torno a 1,1 billones según las estimaciones publicadas. Oxfam había calculado el día anterior que esa fortuna superaría la riqueza del 46% más pobre de la humanidad, unos 3.800 millones de personas.

No es un caso aislado. La lista de Forbes de marzo de 2026 recoge 3.428 multimillonarios con 20,1 billones de dólares en conjunto, frente a 3.028 y 16,1 billones un año antes. Cuatro billones más en doce meses.

Los autores del informe no se hacen ilusiones sobre lo que viene. Prevén que los multimillonarios y otros grandes patrimonios gasten enormes recursos en convencer a amplias capas de la población de que perderán con el plan, y citan como ejemplo la fuerte movilización de los grandes patrimonios contra la iniciativa californiana de 2026 para un impuesto del 5% a los multimillonarios. Reconocen que no existe una fórmula mágica, salvo ser más convincentes y precisos sobre quién gana: entre el 95% y el 98% de la población del Sur, y entre el 85% y el 95% de la del Norte, verían crecer sus ingresos monetarios.

Punto de vista... COP31: Antalya se juzgará por la financiación, no por las declaraciones

Antalya se juzgará por el dinero, no por las promesas. Y el criterio debe fijarse ya, antes de que empiece la cumbre.

La COP31 se celebrará del 9 al 20 de noviembre. Turquía preside y acoge las negociaciones. Australia, con el ministro Chris Bowen, dirige las negociaciones hasta el final. Es la primera vez que se divide la presidencia de esta forma. Los dos países coinciden en que ha llegado el momento de pasar de las promesas a la acción. Vale, pero falta explicar lo que hay que hacer.

La propuesta tiene que centrarse en cuánta financiación verificable acompaña las contribuciones nacionales. Nuevo dinero, con fecha, y subvenciones separadas de los préstamos.

Reconozco la debilidad de la propuesta, porque aún no hay nada que cuestionar, no sabemos... No obstante, hay un punto de partida y es lamentable. Según el informe sobre la Brecha de Adaptación, publicado en agosto, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los países en desarrollo necesitan entre 310.000 y 365.000 millones de dólares al año para su adaptación. En 2023 sólo recibieron 26.000 millones de financiación pública internacional, lo que supone 2.000 millones menos que en 2022.

Global Justice Repor: ¿Puede la igualdad mundial caber dentro de los límites del planeta? I

 Un modelo cuantificado hasta 2100 que obliga a discutir con números, y un punto débil que el propio informe reconoce

En la Escuela de Economía de París, el World Inequality Lab presentó en junio el primer plan completamente cuantificado que reúne cuatro asuntos que los informes sobre clima y desarrollo suelen tratar por separado: la redistribución mundial, la reforma de la arquitectura financiera internacional, la transformación del sistema energético y el cambio en los patrones de consumo. La conclusión cabe en una línea. Un bienestar elevado para toda la humanidad es compatible con un planeta habitable, pero solo si se cumplen tres condiciones a la vez.

Conviene mirar antes el punto de partida, porque de ahí sale todo lo demás. La renta nacional media mensual por habitante va de 290 euros en el África subsahariana a 4.590 en América del Norte y Oceanía, una brecha de 16 a 1 en torno a una media mundial de 1.410. La mitad más pobre de la población posee el 2% de la riqueza. Los multimillonarios, que son el 0,001% de la humanidad, poseen el 6%.

Tres condiciones que no funcionan por separado

La primera es descarbonizar con rapidez los sistemas energéticos. Nadie la discute sobre el papel. La segunda es lo que el informe llama suficiencia: recortar con fuerza las horas de trabajo y la extracción de materias primas, y modificar el consumo, la alimentación, el uso del suelo y la cobertura forestal. La tercera, la que da identidad al proyecto, consiste en reducir de forma drástica la desigualdad de renta, riqueza y poder, tanto entre países como dentro de ellos.

Está pasando... Autorregulación en la Casa Blanca y vivienda en la calle

Edición del martes 6 de octubre de 2026

Esta edición gira en torno a una distancia, la que separa a quien decide de quien soporta las consecuencias. Washington confía la seguridad de la inteligencia artificial a un pacto voluntario entre las empresas que la desarrollan, mientras en España decenas de miles de personas salen a la calle para que el derecho a la vivienda deje de ser una declaración. La ciencia del clima aporta las cifras que explican por qué esperar sale caro. California permite a los inquilinos generar electricidad en el balcón, y un tribunal iraquí juzga a miles de detenidos cuyo proceso medirá la solidez de las garantías. Un Nobel recuerda que la curiosidad básica acaba produciendo herramientas que nadie planificó.

La seguridad de la IA queda en manos de quienes la desarrollan

El 29 de septiembre, Trump reunió en la Casa Blanca a los máximos responsables de las principales empresas de inteligencia artificial. Seis directivos firmaron un documento voluntario de una página, que el presidente calificó de «moralmente vinculante», con cuatro capas de control: evaluaciones internas, auditorías de firmas externas, revisión de los consejos de administración y reuniones periódicas para fijar estándares. Cinco días después, Trump anunció la Fuerza de la Superinteligencia, un comité dirigido por el jefe de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, con 120 días para elaborar un informe sobre riesgos y oportunidades. Un decreto previo obliga además a las agencias federales a sustituir «inteligencia artificial» por «superinteligencia» en sus comunicaciones.

Las empresas que no miden su riesgo de biodiversidad ya lo están pagando en su coste de capital

El coste de capital de una empresa ya refleja, en cierta medida, su vulnerabilidad ante la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la compañía aún no cuenta con una evaluación interna y específica de dicha exposición. Esta brecha entre lo que el mercado ya descuenta y lo que la propia empresa conoce acerca de sus riesgos vinculados a la naturaleza constituye hoy el principal riesgo financiero asociado a la biodiversidad.

La evidencia empírica lleva varios años acumulándose. Tras la Declaración de Kunming de octubre de 2021, que cerró la primera fase de la COP15 sobre biodiversidad, y tras el lanzamiento casi simultáneo del Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), las acciones de empresas con huellas de biodiversidad más elevadas perdieron valor de forma medible en los días posteriores a ambos anuncios.

Los resultados indican que los inversores han comenzado a exigir una prima de riesgo ante la perspectiva, y la incertidumbre, de futura regulación o litigios para preservar la biodiversidad. No es un efecto puntual: los aumentos en la exposición regulatoria de las empresas al riesgo de biodiversidad se asocian con mayores diferenciales de rentabilidad en bonos a largo plazo, un efecto que se intensifica desde la COP15.

La revisión de precios vinculada al riesgo de biodiversidad no afecta únicamente a las acciones y a la deuda. Las empresas con mayor exposición a este riesgo tienden a presentar un coste implícito de capital propio más elevado, lo que sugiere que los inversores reclaman una mayor rentabilidad como compensación. Incluso las firmas auditoras, tradicionalmente entre los agentes más prudentes del sistema financiero, comienzan a incorporar esta exposición en sus tarifas. La señal es clara y consistente: la biodiversidad ya no se percibe solo como una cuestión reputacional, sino como un factor que influye directamente en la fijación de precios financieros.

Y sin embargo, la mayoría de las empresas no lo sabe, o no actúa como si lo supiera. Menos del 25% de las compañías cree que los inversores evalúan cómo estos riesgos afectan a sus flujos de caja o a su coste de capital, y los propios participantes del mercado no consideran que la valoración actual del riesgo de biodiversidad en la renta variable sea adecuada.

Está pasando... llegar a tiempo

Noticias 14 de septiembre de 2026

Esta edición combina intentos de anticipar el futuro con la constatación de lo que ocurre cuando no se llega a tiempo. El equipo de economía de Anthropic modela cómo podría transformarse la economía estadounidense hasta 2030, mientras California blinda por ley a los menores frente a los chatbots que se hacen pasar por sus amigos. En paralelo, Aena inaugura en Barajas el mayor parque solar de un aeropuerto europeo, un paso hacia la autonomía energética, justo cuando la riada provocada por el colapso de un lago glaciar entre Nepal y Tíbet deja ya más de mil muertos y revela lo que cuesta no tener sistemas de alerta a tiempo.

Anthropic modela cómo podría transformar la economía estadounidense en 2030

El equipo de economía de Anthropic ha publicado el Econ Scenario Explorer, una herramienta interactiva que proyecta el efecto de la inteligencia artificial sobre el crecimiento, el empleo y los salarios de Estados Unidos hasta 2030. A diferencia del Economic Index de la propia compañía, que mide cómo se usa la IA hoy, este modelo mira hacia delante y descompone cada profesión en tareas concretas, siguiendo la taxonomía O*NET del Departamento de Trabajo estadounidense, en lugar de tratar empleos completos como bloques homogéneos. Ofrece tres escenarios: uno modesto, con un efecto comparable al de internet y el desempleo estable en el 3,9%; uno sustancial; y otro extremo, en el que el producto interior bruto crece un 32,4% hasta los 44,4 billones de dólares, pero el desempleo entre trabajadores del conocimiento alcanza el 17,9% y su salario cae más de un 10%, mientras la participación del trabajo en la renta nacional cae del entorno del 60% actual al 45,2%. 

¿Qué pasa si el mundo ya no puede evitar superar 1,5 °C?

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente admite que 1,5 °C ya no se puede evitar: ahora la batalla es limitar el sobrepaso

El informe Limitando el sobrepaso, el primero de Naciones Unidas centrado por completo en la superación del umbral climático, redefine el objetivo de París: ya no es evitar 1,5 °C, es limitar cuánto se sube y cuánto dura la subida.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( PNUMA) ha publicado, desde Nairobi, el primer informe de su historia dedicado por completo a un escenario que la diplomacia climática llevaba años evitando nombrar con esa claridad: el mundo va a superar los 1,5 °C de calentamiento global respecto de los niveles preindustriales, probablemente en los próximos años. 

Limitando el sobrepaso no pregunta si ese umbral se va a cruzar. Pregunta cuánto se va a superar, durante cuánto tiempo, y si queda todavía una vía real de regreso.

El cambio de enfoque no es cosmético. Durante tres décadas, la meta de mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C ha organizado buena parte del lenguaje y de la arquitectura institucional del Acuerdo de París. El PNUMA reconoce ahora, sin rodeos, que esa contención ya no es una opción disponible en los plazos que quedan. Lo que sigue abierto es otra cosa: el tamaño del pico, la duración del sobrepaso y la posibilidad de volver a bajar de ese umbral antes de que termine el siglo.

El informe recoge el trabajo de decenas de científicos de instituciones como la Universidad de Exeter, la Oficina Meteorológica británica, la Universidad de Ciudad del Cabo o la Universidad de Twente, coordinados por el PNUMA desde Nairobi. 

No es un documento de posición política. Es una síntesis de la evidencia disponible sobre qué implica cruzar 1,5 °C y qué margen de acción queda después.

El derecho a un ambiente sano cumple casi cinco años: lo que los tribunales ya han dicho y lo que sigue sin protegerse

Cuatro grandes tribunales internacionales ya lo aplican. Defenderlo sobre el terreno sigue siendo, para muchos, mortal

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció, en octubre de 2021, por primera vez que vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible es un derecho humano. Nueve meses después, en julio de 2022, la Asamblea General lo universalizó. 

Este blog recogió entonces ese reconocimiento como lo que era: un hito histórico, resultado de más de cuatro décadas de trabajo diplomático y activista. Casi cinco años después, la pregunta que de verdad importa ya no es si el derecho existe sobre el papel. Es si alguien puede hacerlo valer ante un tribunal, y qué pasa con quien lo defiende sobre el terreno.  

El reconocimiento formal ha avanzado con rapidez. Más del 80% de los Estados miembros de la ONU, 156 de 193, reconocen ya este derecho en su legislación nacional. Está incluido en más de 100 constituciones, y más de 150 países tienen ya obligaciones jurídicas vinculantes de respetarlo, protegerlo y satisfacerlo. En términos de reconocimiento normativo, pocos derechos humanos han avanzado tan rápido en tan poco tiempo.

Los bosques que respiramos: por qué la deforestación es también una crisis política

En 2024 el mundo perdió 6,7 millones de hectáreas de bosque tropical primario, un área casi del tamaño de Panamá, a un ritmo equivalente a dieciocho campos de fútbol por minuto. No fue un año excepcional por accidente. En 2025, perdimos 4,3 millones de hectáreas de bosque tropical primario. Esto representó una disminución del 36% en comparación con las cifras récord registradas en 2024, pero es nada mas que un paréntesis ante el futuro que nos espera. 

Es el resultado de decisiones políticas concretas: subsidios agrícolas, leyes aprobadas para favorecer a un sector, un reglamento aplazado por presión de un lobby, títulos de propiedad que nunca llegan a las comunidades que llevan siglos cuidando ese territorio. La deforestación se suele contar como una historia de motosierras y satélites. Es, sobre todo, una historia de quién tiene poder para decidir qué pasa con la tierra.

Un negocio que vale más muerto que vivo

La lógica económica que sostiene la destrucción de los bosques es sencilla y por eso mismo difícil de revertir. Una hectárea de selva en pie no genera ingresos inmediatos para nadie. La misma hectárea convertida en pasto para ganado o en plantación de soja o de palma aceitera, sí. El mercado no asigna valor al bosque como sumidero de carbono ni como regulador de lluvias. Le asigna valor a lo que se puede vender una vez talado.

Está pasando... lo que no se ve a simple vista

Noticias 30 de julio de 2026

Esta edición reúne cuatro historias sobre lo que queda oculto bajo la superficie. El instituto de seguridad en IA del Reino Unido descubre que los cinco modelos de frontera que evaluó incumplieron las reglas de sus propias pruebas de ciberseguridad, y rara vez lo admitieron. Las eléctricas españolas ganan un 45% más mientras la red desperdicia más de un millón de megavatios hora de energía limpia. La ONU presenta la evaluación científica más completa sobre el estado de los océanos, con un deterioro que avanza fuera de la vista de la mayoría. Y en Sudán, el comercio de goma arábiga, presente en refrescos y cosméticos de medio mundo, financia en silencio un conflicto que dura ya tres años.

Los cinco modelos de IA de frontera probados por el Reino Unido incumplieron las reglas de sus propias pruebas de ciberseguridad

El AI Security Institute (AISI) británico probó cinco modelos de frontera de OpenAI y Anthropic en ejercicios de ciberseguridad ofensiva, en los que debían localizar una cadena oculta dentro de un entorno simulado siguiendo reglas y un recorrido de solución definidos (AISI). Los cinco recurrieron a atajos o acciones explícitamente prohibidas para alcanzar el objetivo, sin que nadie se lo hubiera pedido. En un caso, un modelo se topó con una tarea mal configurada e imposible de resolver y, en lugar de detenerse, escribió y ejecutó código en un servicio externo de internet para intentar acceder a la propia infraestructura de evaluación de AISI, lo que activó una alerta de seguridad. Preguntar directamente a los modelos si habían actuado de forma indebida tampoco sirvió como control: admitieron el comportamiento en menos de la mitad de los casos, y cuando lo reconocieron, a menudo lo describieron como una acción permitida. AISI advierte que estos resultados deben tratarse como un límite inferior, porque su sistema automatizado de supervisión puede no haber detectado todos los casos. El hallazgo importa más allá del laboratorio: si un modelo hace trampa para superar una evaluación, cualquier medición de sus capacidades reales queda en entredicho.

¿Sigue siendo la CS3D una herramienta de derechos humanos o ya es solo un ejercicio de reporting?

Menos empresas, menos responsabilidad civil, y un plazo que ya no llega hasta 2029

La Directiva de Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa, conocida por sus siglas en inglés como CSDDD o, cada vez más, como CS3D, no empieza a aplicarse en 2027. Esa fecha, que circuló durante casi dos años como el horizonte de referencia para que las grandes empresas europeas identificaran y corrigieran los impactos en derechos humanos y medio ambiente de sus cadenas de valor, ya no existe en el texto vigente. La fecha real es el 26 de julio de 2029. Y entre medias ha ocurrido algo más relevante que un simple retraso de calendario: el contenido mismo de la obligación ha cambiado.

El aplazamiento no ha llegado de una vez. En abril de 2025, un primer paquete conocido como Stop the Clock congeló durante un año la entrada en vigor prevista, sin tocar el fondo de la norma. El golpe de fondo llegó después, con el paquete Ómnibus I: acuerdo político en diciembre de 2025, aprobación final del Consejo el 24 de febrero de 2026, publicación en el Diario Oficial como Directiva (UE) 2026/470 el 26 de febrero, entrada en vigor el 18 de marzo. Ese texto no se limita a aplazar otra vez la transposición, ahora fijada en el 26 de julio de 2028, y la aplicación efectiva, en el 26 de julio de 2029. Reescribe buena parte de lo que la directiva exige.

Está pasando... instituciones que se construyen y las que se destruyen

23 de julio de 2026

Esta edición muestra el poder de las instituciones en sus dos extremos. China inaugura en Shanghái la WAICO, una organización nueva para gobernar la inteligencia artificial a escala mundial. Bruselas presenta un plan para electrificar la economía europea y reformar su mercado de carbono. Brasil demuestra que una política ambiental sostenida durante años reduce los incendios en la Amazonía a su nivel más bajo desde 1985. Y en Nicaragua, Daniel Ortega cierra la última puerta que quedaba abierta a la democracia, mientras decenas de personas siguen presas por motivos políticos. Construir instituciones o desmantelarlas: ambos caminos definen quién decide sobre el futuro.

China lanza la WAICO, la primera institución mundial dedicada a gobernar la inteligencia artificial

Días después de que Xi Jinping presentara en Shanghái su modelo de gobernanza alternativo al de Washington, China dio el paso siguiente: la creación de la World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), con sede permanente en la propia Shanghái (El Cronista). Decenas de países respaldaron la iniciativa, pensada para coordinar estándares técnicos y ampliar el acceso a la capacidad de cómputo en países que hoy quedan fuera de la carrera de la IA. También contempla la formación de talento científico. El anuncio llegó acompañado de un Plan de Acción para el Desarrollo Cooperativo de la Inteligencia Artificial con ocho líneas de trabajo, entre ellas compartir datos de calidad y construir un ecosistema internacional de código abierto. António Guterres asistió al acto inaugural, un gesto que la ONU no suele conceder a iniciativas puramente nacionales. La disputa ya no es solo qué empresa entrena el modelo más potente. Es quién redacta las reglas, y hasta ahora la única propuesta institucional concreta sobre la mesa lleva sello chino.

El agua como derecho humano: qué papel juegan las empresas en la crisis hídrica global

En La Calera, a las puertas de Bogotá, Coca-Cola FEMSA extrae más de cien millones de litros de agua al año de siete manantiales andinos para envasar la marca Manantial. Durante el fenómeno de El Niño de 2024, los habitantes del municipio sufrieron restricciones severas de suministro mientras la planta siguió operando con normalidad. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en octubre de 2025. El conflicto no es nuevo ni excepcional: reproduce un patrón que se repite en decenas de territorios donde una empresa capta agua de una fuente compartida y una comunidad se queda con menos de la que necesita.

El agua es un derecho humano reconocido formalmente por la Asamblea General de Naciones Unidas desde 2010, mediante la resolución 64/292. El texto, impulsado por Bolivia y respaldado después por resoluciones sucesivas copatrocinadas por España y Alemania, estableció que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue más lejos: en su Opinión Consultiva OC-32/25 declaró el agua un derecho autónomo y vinculante para los Estados de la región, y fijó que no puede tratarse como mercancía ni subordinarse al uso industrial frente a las necesidades humanas y ecosistémicas.

 

Greenwashing, litigios y prima de riesgo: lo que el clima ya le cuesta a las empresas que no actúan

El Tribunal de Apelación de La Haya anuló en 2024, la sentencia que en 2021 había obligado a Shell a reducir sus emisiones un 45 por ciento para 2030. Shell lo celebró. Pero en el mismo fallo, el tribunal dejó escrito algo que pasó más desapercibido: que la empresa tiene la obligación de limitar sus emisiones de CO2 frente a los ciudadanos, sobre la base del derecho humano a la protección frente al cambio climático peligroso, y que esa obligación la deben respetar compañías como Shell.

Anulan la cifra. Mantienen el principio. Para quienes llevan años litigando contra las grandes emisoras, eso no es una derrota. Es el precedente que alimenta el siguiente caso.

El patrón se repite en la mayoría de los litigios climáticos que las empresas ganan formalmente: el proceso dura años, consume recursos legales considerables, genera cobertura mediática sostenida y construye jurisprudencia que estrecha el margen de maniobra futuro. Los tribunales, caso a caso, van delimitando qué puede decirse, qué debe hacerse y quién responde cuando no se hace. Eso ya es una transformación del entorno competitivo, con independencia del fallo concreto.

La IA fractura la realidad climática: ¿Cómo los algoritmos deciden lo que sabemos sobre el planeta?

Reseña del informe 'Impacto de la inteligencia artificial en la percepción del cambio climático y la distorsión del ecosistema informativo' (ITA-ECODES, 2026)

Dos personas que viven en la misma ciudad, con acceso a las mismas fuentes científicas, pueden estar construyendo percepciones radicalmente distintas sobre el cambio climático. No porque una mienta y la otra diga la verdad, sino porque los algoritmos que gestionan su dieta informativa les han servido versiones diferentes de la misma realidad. Eso no es una hipótesis ni un escenario futuro: es lo que documenta con metodología experimental el informe que acaban de publicar el Instituto Tecnológico de Aragón y la Fundación ECODES.

La investigación, desarrollada entre octubre de 2025 y junio de 2026 y premiada con el galardón AMETIC IA I+D 2026, parte de una constatación que ya circulaba en la literatura académica pero que pocas veces había recibido verificación empírica directa: la percepción social del cambio climático no depende únicamente de la evidencia científica disponible. Depende, en medida creciente, del ecosistema informativo que rodea a cada individuo. Y ese ecosistema lo configura, de forma opaca y personalizada, la inteligencia artificial.

Un problema con nombre propio

El informe pone nombre a algo que ocurre cada vez que alguien abre Google Discover en su teléfono. A diferencia de Google News, donde el usuario busca activamente, Discover es un feed pasivo que combina historial de búsqueda, ubicación, patrones de interacción y señales del Knowledge Graph (grafo de conocimiento) para decidir qué contenido aparece en pantalla. Sin que el usuario lo solicite ni lo sepa, el sistema ha tomado una decisión editorial. Y esa decisión, multiplicada por millones de usuarios con perfiles distintos, fragmenta la realidad informativa en enclaves que ya no comparten ni los datos de partida.

Naciones Unidas convierte la inacción climática en responsabilidad jurídica

La Asamblea General de Naciones Unidas acogió formalmente la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático. El resultado, 141 votos a favor, 28 abstenciones, 8 en contra, dice más sobre el estado del multilateralismo climático que cualquier declaración de intenciones.

El 20 de mayo de 2026, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que recoge formalmente la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. No es un documento técnico ni un acuerdo de financiación. Es algo más difícil de conseguir: un consenso político amplio sobre lo que los Estados deben hacer, y sobre las consecuencias de no hacerlo.

El resultado fue claro. 141 países votaron a favor. Solo 8 en contra.

El cambio que introduce la Opinión Consultiva

La Opinión Consultiva fue solicitada por la propia Asamblea General en 2023, tras una iniciativa impulsada por Vanuatu y un grupo de pequeños Estados insulares, que llevan años en primera línea de los efectos del cambio climático sin haber contribuido de forma significativa a causarlo.

Cuando la cadena de suministro se convierte en un riesgo reputacional: derechos humanos más allá de tus oficinas

Una empresa puede tener los valores más impecables en su web y en la información corporativa, una política de derechos humanos firmada por el consejo de administración y un departamento de cumplimiento bien dotado. Y aun así, acabar en portada por trabajo forzado en una fábrica de Bangladesh, por explotación de temporeros en una plantación de cacao en Costa de Marfil o por condiciones laborales abusivas en el proveedor de un proveedor a miles de kilómetros de su sede central.

La responsabilidad corporativa en materia de derechos humanos no termina en las puertas de la fábrica propia. Empieza, en realidad, donde las empresas tienen menos control y menos visibilidad: en los eslabones más alejados de la cadena de suministro.

El futuro ya llegó: Tecnología climática e inversión sostenible

Introducción: Cuando el clima se convierte en economía

Imagina un mundo donde cada decisión de inversión no solo genera retornos financieros, sino que también contribuye a la salud de nuestro planeta.

Las nuevas tecnologías climáticas ya no compiten en los márgenes del sistema económico. Están en el centro.

Cada vez más, el éxito empresarial no se mide únicamente en términos de beneficios, sino también en toneladas de CO₂ evitadas y la capacidad de adaptación ante crisis climáticas. Las tecnologías climáticas integran soluciones innovadoras que abarcan desde la energía limpia hasta la agricultura inteligente, pasando por sistemas de movilidad sostenible.

 Las empresas que hace unos años preguntaban ¿por qué invertir en sostenibilidad?, hoy se preguntan ¿Cómo hacerlo bien y rápido?.

De la desinformación interesada a la acción: restaurando la confianza en la sostenibilidad

La sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático no es ideología, ni es una cuestión política, es una necesidad vital para la humanidad.

¿Qué significa realmente la sostenibilidad en un mundo donde las crisis parecen multiplicarse y la desconfianza gana terreno? Para muchos, palabras como “Agenda 2030” o “Acuerdo de París” se han diluido entre promesas y debates políticos, eclipsando su verdadero propósito. Sin embargo, la sostenibilidad no es una moda ni una etiqueta ideológica: es la base que garantiza nuestra seguridad, prosperidad y libertad a largo plazo.

 Más allá de gestos simbólicos o normativas, hablamos de la capacidad de construir un futuro donde las personas vivan mejor, con acceso a recursos esenciales, información veraz y un ambiente sano para las próximas generaciones. Hoy, en un contexto de polarización y desinformación, recuperar el sentido profundo de la sostenibilidad es más urgente que nunca. Este texto propone explorar, con ejemplos reales y una mirada directa, por qué la sostenibilidad es el verdadero motor de bienestar y progreso para todos, y cómo empresas, gobiernos y ciudadanos pueden ser protagonistas de este cambio necesario.

Sostenibilidad corporativa: Cómo adaptarse a las nuevas regulaciones y desafíos

En los últimos años, las normativas sobre sostenibilidad empresarial se han vuelto cada vez más estrictas, especialmente en Europa. Esto está obligando a las empresas a adaptarse y cumplir con nuevas reglas dirigidas a cuidar el medio ambiente, proteger los derechos humanos y garantizar buenas prácticas de gobernanza. Este marco normativo tiene como objetivo principal que las empresas no solo sean más responsables, sino que también contribuyan de manera positiva al desarrollo sostenible.

Una de las regulaciones más importantes en este área es la Directiva de Diligencia Debida. Esta norma exige que las grandes empresas evalúen y controlen los impactos sociales y ambientales de sus actividades, asegurándose de que éstos cumplan con estándares claros. Más allá de Europa, la Directiva también busca influir en las cadenas de suministro internacionales, promoviendo el respeto por los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente en otras partes del mundo. En esencia, estas normativas suponen un marco legal que obliga a las empresas a analizar sus operaciones de manera integral y a corregir cualquier impacto negativo que generen.