En 2024 el mundo perdió 6,7 millones de hectáreas de bosque tropical primario, un área casi del tamaño de Panamá, a un ritmo equivalente a dieciocho campos de fútbol por minuto. No fue un año excepcional por accidente. En 2025, perdimos 4,3 millones de hectáreas de bosque tropical primario. Esto representó una disminución del 36% en comparación con las cifras récord registradas en 2024, pero es nada mas que un paréntesis ante el futuro que nos espera.
Es el resultado de decisiones políticas concretas: subsidios agrícolas, leyes aprobadas para favorecer a un sector, un reglamento aplazado por presión de un lobby, títulos de propiedad que nunca llegan a las comunidades que llevan siglos cuidando ese territorio. La deforestación se suele contar como una historia de motosierras y satélites. Es, sobre todo, una historia de quién tiene poder para decidir qué pasa con la tierra.
La lógica económica que sostiene la destrucción de los bosques es sencilla y por eso mismo difícil de revertir. Una hectárea de selva en pie no genera ingresos inmediatos para nadie. La misma hectárea convertida en pasto para ganado o en plantación de soja o de palma aceitera, sí. El mercado no asigna valor al bosque como sumidero de carbono ni como regulador de lluvias. Le asigna valor a lo que se puede vender una vez talado.
Ese fallo de mercado es la razón por la que la Tropical Forest Forever Facility, presentada en la cumbre climática de Belém en noviembre de 2025, se planteó como un intento de pagar directamente a los países por mantener el bosque en pie, alrededor de cuatro dólares por hectárea conservada. Mientras cortar siga siendo más rentable que conservar, cortar seguirá ganando. El fondo aspira a movilizar 125.000 millones de dólares y a cubrir hasta mil millones de hectáreas en setenta países. La cumbre terminó con 6.700 millones comprometidos por Brasil, Noruega, Alemania, Indonesia, Francia, Portugal y los Países Bajos: una pequeña fracción del objetivo declarado.
Ningún ejemplo ilustra mejor la dimensión política de la deforestación que la trayectoria brasileña de los últimos tres años.
Bajo Jair Bolsonaro, la deforestación de la Amazonia brasileña alcanzó máximos históricos. Con la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia en 2023, cayó a la mitad casi de inmediato, apoyada en el relanzamiento de un plan de coordinación entre diecinueve agencias federales contra la deforestación, ampliado después a todos los biomas del país. En 2024 volvió a dispararse: Brasil concentró el 42% de toda la pérdida de bosque tropical primario del planeta ese año, en buena medida por incendios asociados a una sequía extrema. En 2025 la tendencia se invirtió de nuevo, con una caída del 41% respecto al año anterior. Tres años, tres direcciones distintas, con el mismo marco legal de fondo. Lo que cambió no fue la ley. Fue la voluntad de aplicarla, y las condiciones climáticas que la propia crisis ecológica agrava.
Esa voluntad tiene además límites internos. Ante la presión de la agroindustria, estados como Rondônia y Mato Grosso aprobaron legislación que amenaza con debilitar la moratoria que prohíbe cultivar soja en tierras deforestadas recientemente. El mismo pulso que enfrentó Carlos I con sus encomenderos en el siglo XVI, el poder formal de un gobierno central contra el poder real de quienes controlan la economía sobre el terreno, se repite hoy en Mato Grosso con otros nombres y otros cultivos.
Bolivia ofrece el contraejemplo. Su pérdida de bosque primario se disparó un 200% en 2024, hasta convertir al país en el segundo mayor responsable de destrucción forestal del planeta ese año, detrás de Brasil. La causa no fue la ausencia de leyes: Bolivia tiene normas de protección forestal. La causa fueron los incentivos fiscales y los créditos que el propio Estado ofreció para expandir la agricultura industrial y la ganadería, combinados con una vigilancia casi inexistente en las regiones de frontera agrícola.
Indonesia demuestra que la tendencia se puede revertir sin resolver necesariamente el problema de fondo. Es uno de los pocos países del mundo que ha reducido su pérdida de bosque primario en los últimos años, gracias sobre todo a una moratoria sobre nuevas concesiones en turberas y bosques primarios. Pero la propia industria forestal indonesia reconoce que la deforestación sigue avanzando dentro de áreas protegidas, impulsada por plantaciones y por la minería. La ley frena una parte del problema y deja intacta otra.
En la cuenca del Congo, el segundo bosque tropical más grande del planeta y el mayor sumidero neto de carbono que queda en los trópicos, la deforestación es menor que en la Amazonia o en Indonesia. Pero crece: aumentó un 14% en 2024 respecto al año anterior. Entre 1990 y 2020 la región perdió más de 350.000 kilómetros cuadrados de bosque denso, y si el ritmo actual no cambia, más de una cuarta parte de lo que queda podría desaparecer antes de 2050. Los estudios coinciden en el diagnóstico: el problema no es solo la tala directa. Es la falta de derechos de propiedad definidos y una gobernanza tan débil que no logra frenar ni la agricultura de subsistencia ni las concesiones madereras a gran escala. Un territorio sin dueño legal reconocido es un territorio que cualquiera puede reclamar de facto.
Existe un dato que debería estar en el centro de cualquier política forestal seria y que rara vez lo está: los territorios con título de propiedad reconocido a pueblos indígenas pierden bosque a un ritmo muy inferior al de cualquier otra categoría de tierra, incluidas las áreas protegidas sin población indígena.
En la cuenca amazónica, los territorios indígenas cubren el 28% de la superficie y sin embargo generaron apenas el 2,6% de las emisiones de carbono por pérdida forestal entre 2003 y 2016. Perdieron menos del 0,3% del carbono almacenado en ese periodo. Las áreas protegidas sin presencia indígena perdieron el doble. El resto de la tierra, sin protección legal de ningún tipo, perdió doce veces más. Donde el título de propiedad indígena está formalmente reconocido, en zonas de Bolivia, Brasil y Colombia, la deforestación entre 2000 y 2012 fue entre la mitad y un tercio de la registrada en bosques con características ecológicas similares pero sin ese reconocimiento legal.
El coste de conseguir ese resultado es, además, ridículamente bajo comparado con las alternativas. Titular una hectárea de tierra indígena cuesta unos seis dólares en Colombia y cuarenta y cinco en Bolivia. Según cálculos de la FAO, asegurar esas tierras cuesta entre cinco y cuarenta y dos veces menos por tonelada de carbono evitada que capturar y almacenar el carbono de una central térmica de carbón o de gas. La política forestal más barata y más eficaz que existe no requiere satélites ni tecnología de captura de carbono. Requiere reconocer un derecho de propiedad que en muchos casos debería haberse reconocido hace décadas.
La cumbre del clima celebrada en noviembre de 2025 en Belém, a las puertas de la Amazonia, se presentó como la ocasión perfecta para acordar un plan vinculante contra la deforestación. No lo consiguió. El texto final de las negociaciones mencionó la pérdida de bosques y los derechos sobre la tierra, pero no incluyó ningún calendario oficial para revertirla. La hoja de ruta que debía fijar ese objetivo terminó siendo una iniciativa personal del presidente de la cumbre, al margen del acuerdo formal entre los países.
Lo que sí salió adelante fue la Tropical Forest Forever Facility, respaldada por sesenta y seis países entre naciones forestales e inversores. También se comprometieron 1.800 millones de dólares para el reconocimiento de derechos territoriales, y Brasil anunció la creación de nuevos territorios indígenas. Son avances reales. También son, comparados con la magnitud del problema, gestos todavía insuficientes: el fondo captó una pequeña fracción de lo que aspira a movilizar, y ningún mecanismo financiero sustituye a una ley que obligue a un gobierno a hacer cumplir sus propias normas.
Mientras Belém discutía financiación, la Unión Europea retrasaba por segunda vez consecutiva su propia herramienta contra la deforestación importada. El reglamento europeo sobre productos libres de deforestación, aprobado en 2023, debía entrar en vigor a finales de 2024. Se aplazó primero a diciembre de 2025. En diciembre de ese mismo año, el Parlamento Europeo volvió a aplazarlo, esta vez hasta diciembre de 2026, con una prórroga adicional hasta junio de 2027 para pequeñas empresas.
Detrás de la política hay una física que no negocia con nadie. Durante décadas, la Amazonia absorbió más carbono del que emitía, hasta 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono en algunos años. Varios estudios recientes, entre ellos el de la investigadora Luciana Gatti del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, concluyen que buena parte de la Amazonia brasileña ya emite más carbono del que absorbe. La tala y los incendios, agravados por sequías cada vez más severas, han convertido regiones enteras de sumidero en fuente.
La ciencia del clima calcula que ese proceso tiene un umbral. Si la deforestación acumulada supera entre el 22% y el 28% de la superficie total del bosque, combinada con un calentamiento global de entre 1,5 y 1,9 grados, buena parte de la Amazonia podría cruzar un punto de no retorno y transformarse de forma permanente en sabana. Hoy el bosque ha perdido en torno al 17-18% de su superficie original y el planeta ya ha superado 1,4 grados de calentamiento. Un estudio reciente calcula que, si la deforestación vuelve a acelerarse, ese punto de no retorno podría alcanzarse ya en 2031. No es una fecha lejana ni un escenario hipotético para el siglo siguiente. Es una posibilidad dentro del horizonte de cualquier decisión política que se tome esta década.
¿Te ha resultado interesante? Comparte este artículo y cuéntanos en los comentarios: ¿crees que los acuerdos internacionales como el de Belém pueden frenar la deforestación, o el problema exige algo más que financiación?
Un negocio que vale más muerto que vivo
La lógica económica que sostiene la destrucción de los bosques es sencilla y por eso mismo difícil de revertir. Una hectárea de selva en pie no genera ingresos inmediatos para nadie. La misma hectárea convertida en pasto para ganado o en plantación de soja o de palma aceitera, sí. El mercado no asigna valor al bosque como sumidero de carbono ni como regulador de lluvias. Le asigna valor a lo que se puede vender una vez talado.
Ese fallo de mercado es la razón por la que la Tropical Forest Forever Facility, presentada en la cumbre climática de Belém en noviembre de 2025, se planteó como un intento de pagar directamente a los países por mantener el bosque en pie, alrededor de cuatro dólares por hectárea conservada. Mientras cortar siga siendo más rentable que conservar, cortar seguirá ganando. El fondo aspira a movilizar 125.000 millones de dólares y a cubrir hasta mil millones de hectáreas en setenta países. La cumbre terminó con 6.700 millones comprometidos por Brasil, Noruega, Alemania, Indonesia, Francia, Portugal y los Países Bajos: una pequeña fracción del objetivo declarado.
Brasil, Bolivia y dos maneras de gobernar el mismo problema
Ningún ejemplo ilustra mejor la dimensión política de la deforestación que la trayectoria brasileña de los últimos tres años.
Bajo Jair Bolsonaro, la deforestación de la Amazonia brasileña alcanzó máximos históricos. Con la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia en 2023, cayó a la mitad casi de inmediato, apoyada en el relanzamiento de un plan de coordinación entre diecinueve agencias federales contra la deforestación, ampliado después a todos los biomas del país. En 2024 volvió a dispararse: Brasil concentró el 42% de toda la pérdida de bosque tropical primario del planeta ese año, en buena medida por incendios asociados a una sequía extrema. En 2025 la tendencia se invirtió de nuevo, con una caída del 41% respecto al año anterior. Tres años, tres direcciones distintas, con el mismo marco legal de fondo. Lo que cambió no fue la ley. Fue la voluntad de aplicarla, y las condiciones climáticas que la propia crisis ecológica agrava.
Esa voluntad tiene además límites internos. Ante la presión de la agroindustria, estados como Rondônia y Mato Grosso aprobaron legislación que amenaza con debilitar la moratoria que prohíbe cultivar soja en tierras deforestadas recientemente. El mismo pulso que enfrentó Carlos I con sus encomenderos en el siglo XVI, el poder formal de un gobierno central contra el poder real de quienes controlan la economía sobre el terreno, se repite hoy en Mato Grosso con otros nombres y otros cultivos.
Bolivia ofrece el contraejemplo. Su pérdida de bosque primario se disparó un 200% en 2024, hasta convertir al país en el segundo mayor responsable de destrucción forestal del planeta ese año, detrás de Brasil. La causa no fue la ausencia de leyes: Bolivia tiene normas de protección forestal. La causa fueron los incentivos fiscales y los créditos que el propio Estado ofreció para expandir la agricultura industrial y la ganadería, combinados con una vigilancia casi inexistente en las regiones de frontera agrícola.
Indonesia, el Congo y las trampas de la gobernanza débil
Indonesia demuestra que la tendencia se puede revertir sin resolver necesariamente el problema de fondo. Es uno de los pocos países del mundo que ha reducido su pérdida de bosque primario en los últimos años, gracias sobre todo a una moratoria sobre nuevas concesiones en turberas y bosques primarios. Pero la propia industria forestal indonesia reconoce que la deforestación sigue avanzando dentro de áreas protegidas, impulsada por plantaciones y por la minería. La ley frena una parte del problema y deja intacta otra.
En la cuenca del Congo, el segundo bosque tropical más grande del planeta y el mayor sumidero neto de carbono que queda en los trópicos, la deforestación es menor que en la Amazonia o en Indonesia. Pero crece: aumentó un 14% en 2024 respecto al año anterior. Entre 1990 y 2020 la región perdió más de 350.000 kilómetros cuadrados de bosque denso, y si el ritmo actual no cambia, más de una cuarta parte de lo que queda podría desaparecer antes de 2050. Los estudios coinciden en el diagnóstico: el problema no es solo la tala directa. Es la falta de derechos de propiedad definidos y una gobernanza tan débil que no logra frenar ni la agricultura de subsistencia ni las concesiones madereras a gran escala. Un territorio sin dueño legal reconocido es un territorio que cualquiera puede reclamar de facto.
Quién protege realmente el bosque
Existe un dato que debería estar en el centro de cualquier política forestal seria y que rara vez lo está: los territorios con título de propiedad reconocido a pueblos indígenas pierden bosque a un ritmo muy inferior al de cualquier otra categoría de tierra, incluidas las áreas protegidas sin población indígena.
En la cuenca amazónica, los territorios indígenas cubren el 28% de la superficie y sin embargo generaron apenas el 2,6% de las emisiones de carbono por pérdida forestal entre 2003 y 2016. Perdieron menos del 0,3% del carbono almacenado en ese periodo. Las áreas protegidas sin presencia indígena perdieron el doble. El resto de la tierra, sin protección legal de ningún tipo, perdió doce veces más. Donde el título de propiedad indígena está formalmente reconocido, en zonas de Bolivia, Brasil y Colombia, la deforestación entre 2000 y 2012 fue entre la mitad y un tercio de la registrada en bosques con características ecológicas similares pero sin ese reconocimiento legal.
El coste de conseguir ese resultado es, además, ridículamente bajo comparado con las alternativas. Titular una hectárea de tierra indígena cuesta unos seis dólares en Colombia y cuarenta y cinco en Bolivia. Según cálculos de la FAO, asegurar esas tierras cuesta entre cinco y cuarenta y dos veces menos por tonelada de carbono evitada que capturar y almacenar el carbono de una central térmica de carbón o de gas. La política forestal más barata y más eficaz que existe no requiere satélites ni tecnología de captura de carbono. Requiere reconocer un derecho de propiedad que en muchos casos debería haberse reconocido hace décadas.
Belém, el dinero y las promesas a medio cumplir
La cumbre del clima celebrada en noviembre de 2025 en Belém, a las puertas de la Amazonia, se presentó como la ocasión perfecta para acordar un plan vinculante contra la deforestación. No lo consiguió. El texto final de las negociaciones mencionó la pérdida de bosques y los derechos sobre la tierra, pero no incluyó ningún calendario oficial para revertirla. La hoja de ruta que debía fijar ese objetivo terminó siendo una iniciativa personal del presidente de la cumbre, al margen del acuerdo formal entre los países.
Lo que sí salió adelante fue la Tropical Forest Forever Facility, respaldada por sesenta y seis países entre naciones forestales e inversores. También se comprometieron 1.800 millones de dólares para el reconocimiento de derechos territoriales, y Brasil anunció la creación de nuevos territorios indígenas. Son avances reales. También son, comparados con la magnitud del problema, gestos todavía insuficientes: el fondo captó una pequeña fracción de lo que aspira a movilizar, y ningún mecanismo financiero sustituye a una ley que obligue a un gobierno a hacer cumplir sus propias normas.
Bruselas y dos años de retraso
Mientras Belém discutía financiación, la Unión Europea retrasaba por segunda vez consecutiva su propia herramienta contra la deforestación importada. El reglamento europeo sobre productos libres de deforestación, aprobado en 2023, debía entrar en vigor a finales de 2024. Se aplazó primero a diciembre de 2025. En diciembre de ese mismo año, el Parlamento Europeo volvió a aplazarlo, esta vez hasta diciembre de 2026, con una prórroga adicional hasta junio de 2027 para pequeñas empresas.
El aplazamiento no llegó por falta de evidencia científica ni por dudas sobre el diagnóstico. Llegó por la presión conjunta de los grupos parlamentarios de derecha y de extrema derecha, de terceros países exportadores y de sectores empresariales que alegaron falta de tiempo para adaptarse.
La propia evaluación de impacto que acompañó al reglamento en su origen calculaba que, aplicado, reduciría en un 29% la deforestación causada por el consumo europeo antes de 2030. Ese porcentaje sigue siendo, dos retrasos después, una hipótesis sin comprobar. Mientras tanto, los fenómenos climáticos extremos ya cuestan a los agricultores europeos más de 28.000 millones de euros al año, según cálculos del Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea. La misma Unión que retrasa la ley paga ya la factura del problema que esa ley pretendía frenar.
El bosque que ya no respira igual
Detrás de la política hay una física que no negocia con nadie. Durante décadas, la Amazonia absorbió más carbono del que emitía, hasta 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono en algunos años. Varios estudios recientes, entre ellos el de la investigadora Luciana Gatti del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, concluyen que buena parte de la Amazonia brasileña ya emite más carbono del que absorbe. La tala y los incendios, agravados por sequías cada vez más severas, han convertido regiones enteras de sumidero en fuente.
La ciencia del clima calcula que ese proceso tiene un umbral. Si la deforestación acumulada supera entre el 22% y el 28% de la superficie total del bosque, combinada con un calentamiento global de entre 1,5 y 1,9 grados, buena parte de la Amazonia podría cruzar un punto de no retorno y transformarse de forma permanente en sabana. Hoy el bosque ha perdido en torno al 17-18% de su superficie original y el planeta ya ha superado 1,4 grados de calentamiento. Un estudio reciente calcula que, si la deforestación vuelve a acelerarse, ese punto de no retorno podría alcanzarse ya en 2031. No es una fecha lejana ni un escenario hipotético para el siglo siguiente. Es una posibilidad dentro del horizonte de cualquier decisión política que se tome esta década.
Cruzar ese umbral no sería solo la pérdida del ecosistema más biodiverso del planeta. Sería la desaparición definitiva del mayor sumidero de carbono tropical del mundo, con un efecto sobre el clima global que ningún acuerdo posterior podría deshacer.La deforestación no ocurre porque falte información sobre sus consecuencias. Ocurre porque, en cada caso concreto, alguien con poder para decidir encuentra más beneficioso talar que conservar, y porque quienes podrían impedirlo, gobiernos y parlamentos, no actúan cuando el coste político de hacerlo supera al de mirar hacia otro lado. Bolivia tiene leyes forestales. La Unión Europea tiene un reglamento aprobado desde 2023. Brasil tiene un plan nacional coordinado entre diecinueve agencias. Ninguna de esas leyes taló un solo árbol. Y ninguna, sin la voluntad política de aplicarlas contra quienes se benefician de su incumplimiento, detendrá a la motosierra siguiente.
Los datos sobre territorios indígenas apuntan a la única política que ha demostrado funcionar de manera consistente en varios continentes: reconocer derechos de propiedad y dejar que quienes llevan generaciones cuidando un territorio sigan haciéndolo, con respaldo legal real. Es, además, la más barata. Que siga siendo la excepción y no la norma dice menos sobre su eficacia que sobre la prioridad que los gobiernos le asignan.La historia que no te contaron no desaparece. Solo espera a que alguien se atreva a contarla.
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