Edición del martes 6 de octubre de 2026
Esta edición gira en torno a una distancia, la que separa a quien decide de quien soporta las consecuencias. Washington confía la seguridad de la inteligencia artificial a un pacto voluntario entre las empresas que la desarrollan, mientras en España decenas de miles de personas salen a la calle para que el derecho a la vivienda deje de ser una declaración. La ciencia del clima aporta las cifras que explican por qué esperar sale caro. California permite a los inquilinos generar electricidad en el balcón, y un tribunal iraquí juzga a miles de detenidos cuyo proceso medirá la solidez de las garantías. Un Nobel recuerda que la curiosidad básica acaba produciendo herramientas que nadie planificó.
La seguridad de la IA queda en manos de quienes la desarrollan
El 29 de septiembre, Trump reunió en la Casa Blanca a los máximos responsables de las principales empresas de inteligencia artificial. Seis directivos firmaron un documento voluntario de una página, que el presidente calificó de «moralmente vinculante», con cuatro capas de control: evaluaciones internas, auditorías de firmas externas, revisión de los consejos de administración y reuniones periódicas para fijar estándares. Cinco días después, Trump anunció la Fuerza de la Superinteligencia, un comité dirigido por el jefe de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, con 120 días para elaborar un informe sobre riesgos y oportunidades. Un decreto previo obliga además a las agencias federales a sustituir «inteligencia artificial» por «superinteligencia» en sus comunicaciones.




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