Boletín del 16 de julio de 2026
Cuatro decisiones tomadas en las últimas dos semanas comparten un mismo patrón: la protección retrocede justo cuando la evidencia exige lo contrario. Washington desmonta una salvaguarda de cincuenta años para la fauna en peligro mientras persigue a la Corte Penal Internacional por hacer su trabajo. En Ginebra, un panel científico de la ONU advierte que ningún marco regulador sigue el ritmo de la inteligencia artificial. En España, Greenpeace documenta cómo miles de millones destinados a la transición energética terminan por financiar los combustibles que la propia crisis climática debería desterrar. No son sucesos aislados: es la misma lógica repetida en cuatro terrenos distintos.
La inteligencia artificial avanza más rápido que las normas que deberían gobernarla.
El Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial, convocado por la ONU, presentó en julio un diagnóstico incómodo: la tecnología evoluciona a un ritmo que ninguna estructura de gobernanza actual logra seguir. Existen ya más de cuarenta marcos regulatorios distintos en el mundo, fragmentados y rara vez sometidos a una evaluación independiente real. Muchas certificaciones de seguridad siguen a cargo de las mismas empresas que desarrollan los sistemas, lo cual vacía de sentido la supervisión. El asunto llegó al primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, celebrado en Ginebra a inicios de mes, donde António Guterres reclamó reglas dignas de la confianza mundial y alertó de que el 99 % de los deepfakes detectados tiene contenido sexual, el 96 % dirigido contra mujeres y niñas. La oportunidad de ordenar esta tecnología sigue abierta. Nada garantiza que siga estándolo por mucho tiempo. Más información en Noticias ONU.
España subvenciona su propia dependencia del petróleo mientras presume de transición energética
Greenpeace situó a España en el último lugar de su ranking europeo sobre la respuesta a la crisis energética derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz. El país movilizó 5.000 millones de euros, más que ningún otro Estado analizado, para amortiguar la subida de precios. El problema no está en la cifra sino en su destino: buena parte de esos fondos rebajó de forma generalizada el coste de la gasolina, la electricidad y el gas, sin distinguir entre quien lo necesita y quien no. El resultado es una puntuación de -380 puntos, la peor de los siete países estudiados, muy por detrás de Alemania o Portugal. El propio informe reconoce el rápido avance español en energía solar y eólica. Pero sostener el consumo fósil con dinero público mientras se proclama la transición energética no es coherencia: es una contradicción pagada con presupuesto público. Más detalles en Energías Renovables.
Estados Unidos permite destruir hábitats sin tocar a la especie que vive en ellos
La Administración de Donald Trump revocó la interpretación que, desde 1995, obligaba a proteger los hábitats de las especies en peligro de extinción bajo la Ley ESA. Hasta ahora, destruir un bosque, un humedal o una playa de los que dependía la supervivencia de una especie protegida se consideraba un daño directo hacia esa especie. La nueva norma rompe ese vínculo: solo cuenta como infracción matar o herir al animal, no arrasar el lugar donde vive. La medida abre paso a la tala, la perforación petrolera y la minería en terrenos hasta ahora protegidos. El secretario del Interior, Doug Burgum, defendió el cambio como una corrección de una ley aplicada, a su juicio, de forma abusiva contra la propiedad privada. Earthjustice y otras organizaciones ya preparan demandas y recuerdan que el Tribunal Supremo confirmó en 1995 que el hábitat forma parte de la propia definición de daño. La destrucción del hábitat sigue siendo, según toda la evidencia disponible, la primera causa de extinción de especies. Más información en Telemundo / Associated Press.
Washington intensifica su ofensiva contra la Corte Penal Internacional
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció una campaña destinada a bloquear de forma sistemática la capacidad de actuación de la Corte Penal Internacional. Amnistía Internacional calificó el anuncio de censurable y advirtió de que ceder ante esta presión solo envalentona a quienes cometen crímenes de guerra. El momento no es casual: el anuncio coincidió con una reunión, en Chad, entre la fiscalía adjunta de la Corte y víctimas darfuríes de crímenes atribuidos a las RSF en Sudán. La ofensiva se suma a sanciones previas contra jueces, fiscales y una relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados. Amnistía pide a los Estados que se opongan, de forma individual y colectiva, y que activen instrumentos legales como las leyes de bloqueo frente a las sanciones extraterritoriales. La pasividad ante ataques anteriores es, precisamente, lo que ha envalentonado a Washington a ir un paso más allá. Más información en Amnistía Internacional.
La próxima edición de Está pasando... llega el lunes 20 de julio.
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