El Gobierno de España ha publicado un informe técnico que, con toda la frialdad de los datos y los modelos econométricos, responde a una pregunta que lleva meses en el centro del debate político:
¿Qué le pasaría a España si redujera drásticamente la llegada de inmigrantes?
La respuesta según el Informe no debe ser ni ideológica ni partidista, debe ser aritmética.
El documento, elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia con la participación de economistas de la OCDE, el CSIC, el Banco de España y varias universidades, compara dos futuros posibles hasta 2075 y los resultados son tan concretos que resulta difícil mirar hacia otro lado: menos gente, menos riqueza, menos médicos, menos cuidadores, menos bares de barrio, menos pueblos con vida.
Esta entrada intenta explicar qué dice ese informe, por qué importa y qué deberíamos hacer con esa información.
Una demografía que ya no se sostiene sola
Antes de entrar en los escenarios del informe, conviene entender el punto de partida, porque sin ese contexto los números pueden parecer alarmistas cuando en realidad son simplemente realistas. España tiene una tasa de fecundidad de aproximadamente 1,1 hijos por mujer. El nivel mínimo para que una sociedad se reproduzca sin decrecer es de 2,1. Eso significa que llevamos décadas sin renovar generaciones, que cada grupo de niños que nace es más pequeño que el anterior, y que ese déficit tarde o temprano se traslada al mercado de trabajo, a los servicios públicos y a las cuentas del Estado.
Al mismo tiempo, vivimos más que nunca, con una esperanza de vida superior a los 84 años. Eso es una victoria de la civilización, no un problema en sí mismo, pero combinado con tan pocos nacimientos genera una pirámide poblacional que se va invirtiendo: más mayores, menos jóvenes, y una base cada vez más estrecha para sostener el conjunto.
Desde mediados de la década de 2010, en España muere más gente de la que nace. Si la población total no ha caído todavía es porque la inmigración compensa ese déficit. Ese es el dato fundamental del que parte el informe, y es importante tenerlo claro: no estamos hablando de si la inmigración ayuda o no. Estamos hablando de que sin ella, la contracción ya ha empezado.
Lo que dicen los dos escenarios
El informe no propone ni defiende ninguna política. Lo que hace es construir dos trayectorias y ver adónde llevan. La primera prolonga las tendencias actuales, con flujos migratorios similares a los de hoy. La segunda plantea una reducción del 30% en las entradas de inmigrantes y un aumento del 10% en las salidas, un escenario que se parece a lo que ha ocurrido recientemente en el Reino Unido o en Estados Unidos cuando se endurecen las normas de acceso.
Las diferencias entre los dos futuros son enormes. En el escenario de continuidad, España podría llegar a 2075 con unos 55 millones de habitantes. En el de baja migración, ese número bajaría a unos 40 millones, una pérdida de más del 25% de la población actual. Pero el dato verdaderamente crítico no es el total de habitantes, sino cuántos de ellos están en edad de trabajar. En el escenario favorable habría unos 33 millones de personas entre 16 y 64 años. En el restrictivo, apenas 24 millones. Nueve millones de trabajadores menos para producir, para cotizar, para consumir, para pagar impuestos y para sostener a los mayores.
Traducido a economía, la diferencia es brutal. El PIB potencial del país sería un 22% inferior en 2075 si se reducen los flujos migratorios. Eso equivale, según el propio informe, a cuatro veces los ingresos anuales de todo el sector turístico español, o a unos 18.000 euros menos de renta por habitante al año. No es un número abstracto. Es lo que cada familia española dejaría de tener disponible, en bienes, servicios, sanidad o pensiones.
Los sectores que no funcionarían sin inmigrantes
El informe se detiene en tres sectores que ilustran muy bien hasta qué punto la economía española ya depende estructuralmente de la mano de obra inmigrante: la hostelería, la agricultura y los cuidados.
En la hostelería, el 29% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros. Si ese flujo se contrajera de manera sostenida, las proyecciones indican que en 2075 dejaría de haber capacidad para operar el equivalente a unos 89.000 bares y restaurantes, casi la mitad de los que existen hoy en España. Más allá del impacto económico directo, el informe señala algo que se suele pasar por alto: muchos de esos bares cumplen también una función social, son puntos de encuentro vecinal cuya desaparición empobrece la vida comunitaria de barrios y pueblos.
En la agricultura, el 28% de los trabajadores son inmigrantes. España es el huerto de Europa, un exportador agrícola de primer nivel mundial, y esa posición depende en gran medida de una mano de obra que los nacionales no están dispuestos a ocupar en las condiciones actuales. Con menos inmigración, el informe estima que podrían abandonarse más de 220.000 explotaciones agrícolas para 2075, tres de cada diez de las que existen hoy.
El caso de los cuidados es quizás el más inquietante desde el punto de vista humano. El 38% de los trabajadores del servicio doméstico son extranjeros, y en ciudades como Madrid se estima que hasta el 90% de los mayores dependientes están atendidos por cuidadoras migrantes. Para 2075, si crece la esperanza de vida según las tendencias actuales, podría haber más de 2,7 millones de personas mayores que necesiten apoyo formal en su día a día. Al mismo tiempo, en el escenario de baja migración la oferta de cuidadores caería un 28%. El resultado es una brecha enorme entre quien necesita ayuda y quien puede proporcionarla.
El Estado del bienestar, aritmética pura
Más allá del mercado laboral, el informe analiza lo que ocurriría con los servicios públicos y las finanzas del Estado. Los números son igualmente reveladores.
En educación, la presencia de alumnos de origen inmigrante ya mantiene abiertas aulas y centros en muchas zonas donde la natalidad ha caído con fuerza. En el escenario restrictivo, para 2075 podrían desaparecer 32.000 aulas de primaria y 18.000 de secundaria, un 27% del total. Eso no significa solo menos colegios: significa menos acceso a servicios complementarios, más distancia entre centros y mayor dificultad para sostener plantillas docentes estables en zonas rurales o de baja densidad.
En sanidad, la incorporación de médicos formados fuera de España ya es estructural. En el escenario de baja migración, el sistema sanitario podría perder hasta 64.000 médicos especialistas en 2075, con el resultado de que cada médico tendría que atender a un 4% más de pacientes. En un sistema que ya ahora sufre listas de espera insostenibles en determinadas especialidades y territorios, eso no es un ajuste menor.
En pensiones, la lógica es la misma: menos cotizantes para más jubilados. En el escenario restrictivo, el gasto en pensiones como porcentaje del PIB sería 1,2 puntos más alto que en el escenario central, lo que en términos absolutos equivale a unos 32.000 millones de euros adicionales al año en 2075. Para cubrirlo, cada trabajador tendría que aportar alrededor de 2.000 euros más al año, o habría que subir el impuesto de sociedades un 14%, o el IVA un 6%.
Lo que nos costaría cerrar las puertas a la inmigración
El informe compara dos escenarios hasta 2075: uno con la inmigración actual y otro con una reducción del 30%. Las diferencias son enormes: un PIB un 22% inferior, 89.000 bares menos, 220.000 explotaciones agrícolas abandonadas, 64.000 médicos especialistas que no estarán, 32.000 aulas de primaria cerradas y pensiones que costarían 2.000 euros más al año por trabajador. No son metáforas. Son los cálculos del INE, la OCDE y el Banco de España trasladados al futuro.
Por qué este debate merece más seriedad
El informe termina con una advertencia que merece ser subrayada: no formula recomendaciones, no define escenarios deseables, no dice lo que hay que hacer. Lo que hace es poner sobre la mesa lo que los datos sugieren, para que el debate político y social se desarrolle con más información y menos ruido.
Lo que parece claro es que la conversación pública sobre migración en España, como en el resto de Europa, está muy alejada de esta realidad. Se habla de inmigración casi exclusivamente en clave de seguridad, de identidad o de presión sobre recursos, y muy poco en clave de lo que pasaría si no llegara nadie. Este informe es una contribución valiosa precisamente porque traduce ese escenario hipotético en cifras concretas: número de explotaciones, de médicos, de aulas, de municipios, de euros por trabajador.
La inmigración no es la única solución a los desafíos demográficos de España. La natalidad, la productividad, la integración laboral real de las mujeres o la extensión de la vida laboral son también palancas importantes. Pero el informe deja claro algo que el debate político suele ignorar: reducir la inmigración tiene un coste enorme y concreto, y ese coste lo pagarían los propios ciudadanos en forma de menos servicios, más impuestos, pensiones más precarias y pueblos vacíos.
Leer un informe así no obliga a adoptar ninguna postura política. Pero sí debería ayudar a dejar de hablar de migración como si fuera solo un problema de orden público y empezar a verla también como lo que es: una condición estructural del funcionamiento de este país.El informe completo esta en este enlace: https://futuros.gob.es/sites/default/files/2026-03/Espa%C3%B1a_ante_el_reto_migratorio_dos_futuros_posibles.pdf