Medidas que los Gobiernos deben impulsar para evitar la fractura social
Un cambio sin precedentes: la urgencia de actuar
La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral a una velocidad que ninguna revolución tecnológica anterior había alcanzado. No estamos ante una disrupción sectorial, sino ante una transformación transversal que afecta a profesiones cognitivas, administrativas, creativas y manuales al mismo tiempo. El debate ya no es si la IA cambiará el trabajo, sino cómo los gobiernos y las instituciones van a gestionar ese cambio sin dejar a millones de personas atrás.
Los datos son contundentes. La OIT, en su informe Generative AI and Jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality (actualizado en 2025), estima que uno de cada cuatro empleos tiene algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa. Por su parte, el Foro Económico Mundial calcula que, si bien la IA creará en torno a 170 millones de nuevos puestos de trabajo en los próximos años, también destruirá aproximadamente 92 millones. El problema no es solo cuantitativo: el problema es la velocidad de la transición y quiénes van a soportar sus costes.
«De lo contrario, se corre el riesgo de que solo unos pocos países y participantes en el mercado bien preparados se beneficien de la IA.», Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La pregunta que todo gobierno debería hacerse hoy no es si regular, sino cómo hacerlo para que la eficiencia que genera la IA se traduzca en bienestar colectivo y no solo en beneficio privado. A continuación se analizan las principales líneas de acción que las instituciones mundiales y europeas están impulsando o debatiendo.
El marco regulatorio como primer escudo: la Ley de IA Europea
La Unión Europea ha dado el paso más ambicioso a nivel global con la aprobación del Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como AI Act, que entró en vigor en agosto de 2024 con una aplicación progresiva. Es el primer marco normativo integral sobre inteligencia artificial en el mundo y su impacto en el ámbito laboral es directo y significativo.
Lo que ya está en vigor
Desde el 2 de febrero de 2025, el AI Act prohíbe explícitamente el reconocimiento de emociones de trabajadores en el lugar de trabajo (salvo usos médicos o de seguridad) y la puntuación social al estilo de los sistemas de crédito social. Además, clasifica como de alto riesgo los sistemas de IA utilizados en procesos de selección, evaluación y gestión de empleados, lo que implica obligaciones estrictas de transparencia, supervisión humana y auditoría.
Asimismo, el Reglamento establece la obligación de garantizar la alfabetización en IA del personal de las empresas que desplieguen estos sistemas, y exige informar a los representantes de los trabajadores antes de implantar herramientas de IA de alto riesgo que afecten a sus condiciones laborales.
Las limitaciones actuales
La AI Act tiene una laguna notable: informa al comité de empresa de que se va a usar IA, pero no obliga a la empresa a financiar la recualificación del trabajador cuyo puesto esa IA transformará. La formación y la reconversión siguen siendo, por ahora, competencia de la política pública nacional.
Este es el gran agujero del marco regulatorio europeo: la protección de los derechos frente a la IA avanza, pero la protección económica y formativa del trabajador desplazado queda en manos de cada Estado miembro.
Formación y recualificación: la apuesta que no admite demora
Si hay una medida en la que convergen todos los informes internacionales: OIT, OCDE, Comisión Europea, FMI, es la inversión masiva y urgente en formación continua y recualificación laboral. No como parche coyuntural, sino como nuevo pilar del Estado del Bienestar.
El informe Employment Outlook 2023 de la OCDE fue el primer estudio de ese organismo dedicado monográficamente al impacto de la IA en el mercado laboral. Sus conclusiones son claras: aunque la IA no está destruyendo empleo de forma masiva a corto plazo, sí está transformando profundamente la naturaleza de las tareas en la mayoría de los puestos. Esto exige sistemas de formación continua flexibles, adaptados al ritmo real del cambio tecnológico, y no a los ciclos formativos tradicionales de años de duración.
«Los empleadores de los sectores en los que se hace un uso intensivo de la tecnología deben dar prioridad a las iniciativas de perfeccionamiento de las competencias y recualificación de los trabajadores para hacer frente a la rápida evolución de los puestos de trabajo.». OCDE, informe sobre IA y competencias, abril de 2024.
Qué están haciendo algunos gobiernos
• Alemania ha avanzado en acuerdos de codecisión entre empresas y comités de empresa para introducir la IA, con compromisos de formación asociados a cada despliegue tecnológico.
• Los países nórdicos, con sus reconocidos modelos de flexiseguridad, han incorporado la recualificación vinculada a la IA en sus pactos sociales nacionales.
• Francia ha apostado por programas de formación profesional acelerada financiados conjuntamente por el Estado y las empresas que automatizan procesos.
• El gobierno británico, según ha reconocido públicamente su ministra de Tecnología Liz Kendall, considera que existe un período de transición en el que la IA será «un arma de destrucción masiva de empleos» y ha señalado explícitamente que «no dejarán que las personas y las comunidades se las arreglen solas».
En España, la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2027 y el Plan anual de fomento del empleo digno 2025 contemplan líneas de actuación en materia de digitalización y IA, aunque los expertos señalan que el ritmo legislativo va por detrás del ritmo tecnológico.
La Renta Básica Universal: de utopía a debate político urgente
Hasta hace pocos años, la Renta Básica Universal (RBU) era una propuesta filosófica asociada a pensadores radicales o a proyectos piloto de nicho. Hoy, en 2026, es un debate que ha entrado en los despachos de los gobiernos de Reino Unido, Finlandia, Alemania y Corea del Sur, y que voces tan poco sospechosas de radicalismo como las de Elon Musk o Sam Altman han defendido abiertamente.
La lógica es simple: si la IA automatiza una parte significativa del trabajo humano, el sistema de protección social basado en las cotizaciones laborales: pensiones, desempleo, sanidad..., se verá amenazado en sus fundamentos financieros. La RBU, o alguna variante de ella, aparece como la respuesta estructural a ese riesgo.
Los experimentos ya tienen datos
Finlandia realizó entre 2017 y 2019 el primer experimento nacional a gran escala, entregando 560 euros mensuales sin condiciones a 2.000 desempleados. El resultado más llamativo no fue laboral, el impacto en el empleo fue neutro, sino de bienestar: los receptores de la renta básica reportaron una satisfacción vital de 7,3 sobre 10, frente al 6,8 del grupo de control.
Alemania llevó a cabo entre 2020 y 2023, a través de la iniciativa Mein Grundeinkommen, un experimento en el que 122 participantes recibieron 1.200 euros mensuales durante tres años. Los resultados reforzaron la idea de que la renta básica no desincentiva el trabajo, pero sí mejora la autonomía y las decisiones vitales de las personas.
Estados Unidos ha visto recientemente publicado un estudio financiado por Sam Altman (CEO de OpenAI) que entregó 1.000 dólares mensuales durante tres años a 1.000 personas de bajos ingresos. Los receptores destinaron el dinero principalmente a necesidades básicas y manifestaron mayor interés en iniciar emprendimientos, aunque también se registró una ligera reducción del tiempo dedicado al trabajo asalariado.
«La renta básica universal mejora el gasto en necesidades básicas sin que los participantes dejen de buscar empleo, por lo que puede ser una vía para que los trabajadores se formen para los nuevos empleos que cree la IA». Universidad de Huelva, revisión de más de 50 casos empíricos.
El debate sobre la financiación: ¿Quién paga?
Esta es la pregunta que paraliza la conversación política. Si el trabajo humano ya no genera la misma base de cotizaciones, ¿Cómo se financia el Estado del Bienestar? Tres grandes propuestas circulan en el debate global:
• El impuesto a los robots o a la IA: propuesto por Bill Gates hace años y retomado con fuerza, consiste en gravar a las empresas que sustituyan trabajadores humanos por sistemas automatizados. El objetivo es que las ganancias de productividad de la automatización contribuyan al sostenimiento colectivo.
• La fiscalidad progresiva sobre los beneficios tecnológicos: las grandes corporaciones que más se benefician de la IA , y que generan enorme riqueza con pocos trabajadores— deberían tributar a tasas significativamente más altas.
• Los impuestos sobre datos y transacciones digitales: el dato es el nuevo petróleo, y su explotación masiva por parte de las plataformas digitales podría ser una fuente de financiación para la RBU o para fondos de transición laboral.
El economista Brian Arthur, autor del concepto de «segunda economía», argumenta que hemos pasado de la era productiva a la era distributiva: el problema ya no es cómo producir más, sino cómo distribuir lo que se produce. En ese marco, la RBU no es un gasto, sino una inversión en cohesión social.
Gobernanza algorítmica y derechos laborales en la era digital
La protección social ante la IA no se agota en los ingresos. Hay una dimensión igualmente crítica: el poder creciente de los algoritmos sobre las condiciones de trabajo, la evaluación del rendimiento, los procesos de contratación y despido, y la vigilancia en el puesto de trabajo.
Un reciente documento de trabajo de la OCDE sobre la gestión algorítmica en los lugares de trabajo (diciembre de 2025) revela que el 90% de los gestores en Estados Unidos afirman que sus empresas han adoptado al menos una herramienta algorítmica para instruir, supervisar o evaluar a los trabajadores. En los países europeos encuestados: Francia, Alemania, Italia y España, la cifra es del 79%.
Los avances normativos
La Directiva (UE) 2024/2831 sobre trabajo en plataformas establece un marco específico de gobernanza algorítmica: las decisiones especialmente gravosas para los trabajadores, como la suspensión o cancelación de una cuenta, deben ser adoptadas por una persona humana, no por un algoritmo. Además, exige evaluaciones de impacto con participación de representantes de los trabajadores.
En España, la Ley Rider de 2021 ya reconoció el derecho del comité de empresa a ser informado de los parámetros y reglas de los algoritmos que incidan en las condiciones laborales, anticipando la lógica que después consolidó el AI Act europeo.
En diciembre de 2025, Taiwán aprobó su AI Fundamental Act con un enfoque dual que incluye tanto la regulación del uso empresarial de la IA como compromisos estatales de inversión en recualificación vinculados al despliegue de sistemas automatizados, un modelo que empieza a ser observado con atención por los gobiernos europeos.
El papel del diálogo social: trabajadores, empresas y Estados
Ninguna de las medidas anteriores es eficaz si se diseña sin la participación activa de los actores sociales. La OIT, en su informe Artificial Intelligence and Jobs: Emerging Policies and Practices for Inclusive Futures (2025), basado en la revisión de más de 80 políticas públicas y prácticas empresariales en todo el mundo, concluye que el diálogo social es la estrategia más viable para gestionar la transición tecnológica de forma equitativa.
«La IA no puede considerarse una política industrial aislada, sino un componente transversal del desarrollo humano». OIT, 2025
En Europa, la solidez de los sistemas de negociación colectiva en países como Alemania, Francia y los países nórdicos ha permitido firmar acuerdos avanzados que regulan el uso de la IA en el lugar de trabajo, incluyendo compromisos de formación, cláusulas de no sustitución sin acuerdo previo y fondos sectoriales de transición.
La OCDE revisó en mayo de 2024 sus Principios sobre Inteligencia Artificial para afrontar los retos emergentes de la IA generativa, incluyendo elementos de gobernanza laboral, transparencia y responsabilidad empresarial. Estos principios revisados hacen hincapié en la necesidad de que las jurisdicciones colaboren para promover marcos de gobernanza interoperables.
Lo que está en juego: la cohesión social como elección política
Los informes son claros, los experimentos arrojan datos, los debates están abiertos. Lo que falta, en la mayoría de los países, es voluntad política para traducir ese conocimiento en medidas concretas antes de que la fractura social se haga irreversible.
El momento actual se parece, en algunos aspectos, a los primeros años de la Revolución Industrial: una transformación tecnológica de enorme potencial productivo que, sin marcos regulatorios y de protección social adecuados, concentra los beneficios en muy pocas manos y distribuye los costes entre los más vulnerables. La diferencia es que ahora sabemos lo que ocurrió entonces y tenemos la oportunidad, y la obligación, de hacerlo diferente.
Las medidas están sobre la mesa. La cartera de posibles intervenciones es rica y está bien documentada:
• Sistemas robustos de recualificación permanente, financiados por el Estado y las empresas que automatizan.
• Fiscalidad específica sobre los beneficios de la automatización para sostener el Estado del Bienestar.
• Exploración seria y rigurosa de mecanismos de ingreso básico como herramienta de transición.
• Marcos regulatorios que garanticen derechos ante los algoritmos: transparencia, recurso humano, no discriminación.
• Fortalecimiento del diálogo social como mecanismo de gobernanza democrática de la IA en el trabajo.
• Coordinación internacional, especialmente en el ámbito europeo, para evitar el dumping social digital.
La inteligencia artificial no tiene valores propios. Los valores los aportamos las personas, y se expresan en las políticas públicas que decidamos impulsar. Este es el momento de decidir en qué tipo de sociedad queremos vivir cuando la máquina haga el trabajo que hoy hacemos nosotros.