El aplazamiento del AI Act traslada el coste del retraso a los ciudadanos

Qué cambia y qué no cambia con el Digital Omnibus, y a quién beneficia el nuevo calendario

El pasado 29 de junio, el Consejo de la Unión Europea dio la aprobación final al Digital Omnibus on AI, consolidando la primera gran reforma del Reglamento de Inteligencia Artificial (Reglamento UE 2024/1689) antes de que sus obligaciones más estrictas lleguen a aplicarse.

Con este paso, el Reglamento de Inteligencia Artificial (Reglamento UE 2024/1689) la parte más exigente de su contenido, las obligaciones para los sistemas de alto riesgo, no van a llegar a aplicarse un solo día. El Parlamento Europeo había dado ya su visto bueno el 16 de junio. Queda un trámite: la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, prevista para las próximas semanas y, en cualquier caso, antes del 2 de agosto de 2026. Tres días después de esa publicación, el texto reformado entra en vigor.

Ahora mismo, la ley vigente sigue siendo, en sentido estricto, el AI Act tal como se aprobó en 2024. La precisión importa porque buena parte de lo que se ha escrito sobre este cambio da por aplazadas obligaciones que, mientras el Diario Oficial no publique el texto, siguen siendo exigibles según el calendario original. Quien planifique el cumplimiento de su organización sobre una fecha todavía no publicada asume un riesgo evitable.

Está pasando.... Derechos Humanos, Sostenibilidad y Tecnología

Boletín del 13 de julio de 2026

Esta edición reúne cinco noticias de los últimos días que trazan un mapa de contrastes. La inteligencia artificial ya cura y también divide, según reconoce la propia ONU. España bate récords de generación renovable mientras sus redes no dan abasto para aprovecharlos. Alemania demuestra que la transición energética funciona cuando se acompaña de inversión industrial. Junio deja el mes más caluroso jamás registrado en Europa occidental, un dato que exige políticas más ambiciosas, no más cautela. Y Amnistía Internacional documenta que, incluso en un año marcado por retrocesos autoritarios, la presión ciudadana sigue liberando presos políticos y condenando a los responsables de crímenes contra defensores de derechos humanos.

La ONU advierte: la gobernanza de la IA no sigue el ritmo de sus capacidades

El Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de Naciones Unidas presentó su primer informe preliminar en el marco del Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, celebrado en Ginebra los días 6 y 7 de julio. El documento reconoce avances médicos notables. La IA ha predicho la estructura de más de 200 millones de proteínas y acelera el descubrimiento de fármacos. Sistemas de alerta temprana basados en estos modelos permiten anticipar crisis de inseguridad alimentaria antes de que se produzcan. También ayudan a detectar antes el cáncer de mama y amplían el acceso sanitario en idiomas locales en países con escasez de personal médico.

Está pasando... El avance de la inteligencia artificial (IA), su impacto en la sostenibilidad y la defensa de los derechos humanos centran los debates mundiales

El avance de la inteligencia artificial (IA), su impacto en la sostenibilidad y la defensa de los derechos humanos centran los debates mundiales. Los eventos e informes de este mes de julio de 2026 marcan un punto de inflexión en la gobernanza tecnológica.

1. Cumbre de la ONU en Ginebra: Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la IA

El Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la IA, organizado por las Naciones Unidas en Ginebra, reúne a delegaciones internacionales con un objetivo claro: pasar de los debates teóricos a mecanismos prácticos de cooperación que garanticen los derechos humanos.
El dilema del control: Las autoridades advierten sobre la velocidad desbocada de la tecnología, señalando que los sistemas avanzados se trasladan con rapidez a ámbitos críticos antes de que existan salvaguardas efectivas. Se debate intensamente la necesidad de establecer límites globales frente a riesgos de daños catastróficos.

Evidencias de abusos: Las sesiones exponen un aumento exponencial de violaciones de derechos fundamentales vinculadas a la suplantación de identidad y la creación de imágenes explícitas no consentidas, con un impacto directo sobre colectivos vulnerables y menores.
Decisión humana: La cumbre defiende un principio básico para el futuro digital: las máquinas pueden informar, pero solo las personas deben decidir y asumir la responsabilidad.

El agua como derecho humano: qué papel juegan las empresas en la crisis hídrica global

En La Calera, a las puertas de Bogotá, Coca-Cola FEMSA extrae más de cien millones de litros de agua al año de siete manantiales andinos para envasar la marca Manantial. Durante el fenómeno de El Niño de 2024, los habitantes del municipio sufrieron restricciones severas de suministro mientras la planta siguió operando con normalidad. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en octubre de 2025. El conflicto no es nuevo ni excepcional: reproduce un patrón que se repite en decenas de territorios donde una empresa capta agua de una fuente compartida y una comunidad se queda con menos de la que necesita.

El agua es un derecho humano reconocido formalmente por la Asamblea General de Naciones Unidas desde 2010, mediante la resolución 64/292. El texto, impulsado por Bolivia y respaldado después por resoluciones sucesivas copatrocinadas por España y Alemania, estableció que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue más lejos: en su Opinión Consultiva OC-32/25 declaró el agua un derecho autónomo y vinculante para los Estados de la región, y fijó que no puede tratarse como mercancía ni subordinarse al uso industrial frente a las necesidades humanas y ecosistémicas.

 

Noticias - El dilema ambiental de la inteligencia artificial y el nuevo marco global de derechos digitales

10 de Julio 2026

Sostenibilidad: Microsoft publicó el Informe de Sostenibilidad Ambiental 2026. El documento revela que las emisiones de alcance 2 (derivadas del consumo eléctrico) subieron del 2% al 13% debido a la expansión de centros de datos para inteligencia artificial. Para mitigar el impacto, la empresa expandió los centros circulares y logró reciclar el 92% de los componentes de servidores fuera de servicio. Leer informe de sostenibilidad

Derechos humanos: La cumbre de gobernanza de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra cerró con alarmas claras sobre la rendición de cuentas ante daños algorítmicos. Una nueva coalición internacional exige tratar a la infancia como titulares de derechos desde el diseño técnico inicial y no solo como usuarios finales. Adicionalmente, informes de ONU Mujeres alertan que una de cada cuatro activistas sufre violencia digital asistida por algoritmos. Leer informe sobre derechos

Tecnología y seguridad: La Comisión Europea presentó un plan estratégico para gestionar riesgos de la inteligencia artificial avanzada en ciberseguridad. La iniciativa impulsa plataformas de prueba seguras en entornos simulados y exige evaluaciones estrictas de los modelos antes del ingreso al mercado comunitario. Leer plan de ciberseguridad.

El debate sobre la infraestructura tecnológica y la responsabilidad ética avanza con rapidez. ¿Deberían los proveedores de software abrir los datos de consumo energético directamente en las interfaces de usuario? Dejen sus reflexiones abajo.

¿Y si el próximo ordenador se cultiva en un laboratorio?

La biocomputación ha cruzado la frontera de lo experimental. Lo que sigue es más complicado.

El transistor lleva setenta y cinco años en el centro de la informática y empieza a mostrar sus límites. Los físicos advierten desde hace años que no es posible seguir miniaturizando los chips indefinidamente: llega un punto en el que las leyes de la física cuántica hacen que los componentes dejen de comportarse como se espera. La industria lo sabe y lleva tiempo buscando alternativas. Las más conocidas son la computación cuántica y los chips que imitan la estructura del cerebro pero en silicio. Hay una tercera, menos visible, que en los últimos dos años ha dado un salto que pocos esperaban: usar biología real, células vivas o moléculas de ADN, para procesar información.

No es una metáfora ni una promesa de laboratorio. En marzo de 2025, la empresa australiana Cortical Labs puso a la venta el primer ordenador biológico del mundo. Se llama CL1, cuesta unos 35.000 dólares e integra cientos de miles de neuronas humanas cultivadas sobre un chip de silicio. Desde Suiza, la startup FinalSpark ofrece acceso a cultivos neuronales directamente desde internet: cualquier investigador puede conectarse, enviar señales a las neuronas y leer su respuesta sin necesidad de tener un laboratorio. El campo tiene nombre propio desde 2023, cuando el equipo del profesor Thomas Hartung en la Universidad Johns Hopkins lo bautizó como inteligencia de organoides.

Lo que ha ocurrido no es que la ciencia haya resuelto el problema. Es que ha demostrado que el problema vale la pena. Y eso ya es mucho más de lo que se podía decir hace cinco años.

El Panel Científico Internacional de IA confirma lo que ya se temía: la gobernanza va por detrás

Un análisis crítico del Informe Preliminar del Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial

Vivimos en un momento de inflexión. La inteligencia artificial (IA) ya no es una promesa futurista relegada a laboratorios y páginas de ciencia ficción: es una realidad omnipresente que está reconfigurando silenciosamente las estructuras económicas, sociales y políticas de nuestro mundo. En este contexto, el Informe Preliminar del Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de  las naciones Unidas representa un esfuerzo valioso, y urgentemente necesario, por ofrecer una lectura honesta, equilibrada y con base empírica de lo que esta tecnología significa para la humanidad.

Pero más allá de los titulares optimistas y los discursos corporativos sobre innovación, lo que el informe revela es una imagen profundamente compleja: una donde las oportunidades coexisten con riesgos sistémicos, y donde los beneficios y los daños no se distribuyen de manera equitativa. Para quienes trabajamos o nos interesamos en derechos humanos y sostenibilidad, el documento merece una lectura detenida y crítica.

El resultado, sin embargo, deja ver algo que ese lenguaje cuidadosamente neutral no logra disimular: la gobernanza de la inteligencia artificial ha quedado estructuralmente por detrás de su desarrollo, y ese desfase no se distribuye igual entre quienes tienen poder para cerrarlo y quienes solo sufren sus consecuencias.

 
El informe documenta primero lo que la tecnología ya hace, y las cifras son notables. AlphaFold ha predicho la estructura de más de 200 millones de proteínas, un recurso que hoy usan más de tres millones de investigadores para acelerar el diseño de fármacos y el estudio de la resistencia a los antibióticos. Los sistemas de IA agéntica en laboratorios químicos autónomos han multiplicado por más de diez la velocidad del descubrimiento de materiales. Más de mil millones de personas usan cada semana algún sistema de IA conversacional. Son logros reales, no promesas.

Greenwashing, litigios y prima de riesgo: lo que el clima ya le cuesta a las empresas que no actúan

El Tribunal de Apelación de La Haya anuló en 2024, la sentencia que en 2021 había obligado a Shell a reducir sus emisiones un 45 por ciento para 2030. Shell lo celebró. Pero en el mismo fallo, el tribunal dejó escrito algo que pasó más desapercibido: que la empresa tiene la obligación de limitar sus emisiones de CO2 frente a los ciudadanos, sobre la base del derecho humano a la protección frente al cambio climático peligroso, y que esa obligación la deben respetar compañías como Shell.

Anulan la cifra. Mantienen el principio. Para quienes llevan años litigando contra las grandes emisoras, eso no es una derrota. Es el precedente que alimenta el siguiente caso.

El patrón se repite en la mayoría de los litigios climáticos que las empresas ganan formalmente: el proceso dura años, consume recursos legales considerables, genera cobertura mediática sostenida y construye jurisprudencia que estrecha el margen de maniobra futuro. Los tribunales, caso a caso, van delimitando qué puede decirse, qué debe hacerse y quién responde cuando no se hace. Eso ya es una transformación del entorno competitivo, con independencia del fallo concreto.

Una renta de transición tecnológica: la pieza que falta en la protección social ante la IA

Lo que dicen los experimentos reales y por qué la IA ha cambiado el debate

La renta básica universal lleva décadas generando discusiones en las que la posición de cada interlocutor suele anticiparse antes incluso de escuchar el argumento. Para unos es la respuesta natural a la precariedad estructural del trabajo; para otros, un incentivo a la inactividad financiado con impuestos que alguien tendrá que pagar. Las dos posturas se sostienen casi siempre sobre intuiciones, no sobre datos. Y los datos, después de varios experimentos reales en distintos países, ya existen.

Lo que ha cambiado en los últimos dos años no son esos datos, que llevan tiempo disponibles. Lo que ha cambiado es la pregunta a la que tienen que responder. Ya no se trata de si una sociedad debería garantizar un ingreso mínimo a toda su población de forma permanente, un debate filosófico de largo recorrido. Se trata de algo más concreto: qué hace una persona que pierde su empleo porque la inteligencia artificial ha asumido sus tareas, mientras intenta encontrar un lugar en un mercado laboral que cambia más rápido de lo que ella puede adaptarse.

Estas líneas revisan lo que los experimentos de renta básica han demostrado, distingue entre la renta básica universal como propuesta permanente y una variante más acotada que está empezando a discutirse en serio, y explica por qué esa variante podría ser una pieza necesaria de la protección social ante la IA, sin que eso signifique adoptar las versiones más maximalistas de la propuesta.

La formación que no llega a tiempo ante el avance de la IA

Por qué decirle a un trabajador desplazado que se forme no es una respuesta real

Cuando alguien pierde su trabajo por la automatización, la respuesta que recibe casi siempre incluye la misma palabra: formación. Los informes internacionales la mencionan, los gobiernos la prometen, los servicios de empleo la recomiendan. Es la respuesta políticamente más cómoda, porque no obliga a redistribuir nada: simplemente traslada al afectado la responsabilidad de adaptarse. El problema es que los sistemas de formación disponibles, tal como existen hoy, no están diseñados para lo que se les está pidiendo.

Estas líneas, analizan qué falla en la formación para el empleo tal como funciona actualmente, qué modelos alternativos están surgiendo en Europa, y qué haría falta para que la formación deje de ser una respuesta retórica y se convierta en una herramienta real de protección ante el desplazamiento tecnológico.

 

Un sistema diseñado para otro momento

La formación para el empleo en España y en buena parte de Europa sigue funcionando con una lógica de catálogo. La persona consulta la oferta disponible, elige un curso, lo completa, y espera que eso le abra alguna puerta. Es una lógica con décadas de antigüedad, pensada para un mercado laboral en el que los perfiles profesionales cambiaban despacio, los empleadores sabían con bastante certeza qué iban a necesitar dentro de cinco años, y las cualificaciones tenían una vida útil larga.

El día que la Administración Trump apagó la IA para el resto del mundo

12 de junio de 2026, a las 17:21 hora de la costa este, el Gobierno de Trump ordenó a 𝘈𝘯𝘵𝘩𝘳𝘰𝘱𝘪𝘤 suspender el acceso a sus modelos Fable 5 y Mythos 5 para cualquier ciudadano extranjero, incluidos los no estadounidenses físicamente en territorio americano.

𝘈𝘯𝘵𝘩𝘳𝘰𝘱𝘪𝘤 hizo lo único que podía hacer: desactivar ambos modelos para todos los usuarios del mundo, de forma inmediata.

No era un fallo técnico. Era una decisión política.

El motivo alegado es de seguridad nacional, vinculado a un supuesto método para hacer jailbreak a Fable 5. Anthropic discrepa y sostiene que es una vulnerabilidad estrecha, presente también en otros modelos, y critica la falta de un proceso transparente. La empresa calificó la orden de 𝘮𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘪𝘥𝘰 y trabaja para recuperar el acceso. Mientras tanto, el resto de sus modelos sigue operativo. Solo los más avanzados quedaron fuera de alcance.

Para un europeo, el episodio tiene una dimensión que va más allá del inconveniente de quedarse sin herramienta.

No has perdido tu empleo. Pero un algoritmo decide si lo mereces

 Derechos laborales en la era de la gestión automatizada

Hay una dimensión del impacto de la inteligencia artificial en el trabajo que los grandes debates sobre automatización y empleo tienden a dejar en segundo plano. No es la destrucción de puestos, que genera titulares y moviliza a sindicatos. Es algo más cotidiano y más difícil de ver: los millones de personas que siguen trabajando, que no han perdido su empleo, pero que cada día son evaluadas, instruidas o vigiladas por un sistema que no pueden interrogar, que no les debe explicaciones y que, en los casos más graves, puede costarles el puesto con una decisión que ninguna persona humana ha revisado.

Esa realidad tiene nombre: gestión algorítmica. Y según el documento de trabajo de la OCDE sobre algoritmos en los lugares de trabajo, publicado en diciembre de 2025, el 79% de los gestores en los principales países europeos encuestados afirma que su empresa usa al menos una herramienta algorítmica para instruir, supervisar o evaluar a los trabajadores. En Estados Unidos, la cifra alcanza el 90%. No estamos ante un fenómeno marginal ni limitado a las plataformas de reparto. Estamos ante una transformación silenciosa de las condiciones de trabajo que afecta a sectores enteros y que la regulación todavía no ha sabido encuadrar del todo.

 Esta líneas analizan qué derechos tienen hoy los trabajadores frente a los sistemas que los gestionan, qué marcos normativos existen en Europa, qué lagunas quedan y qué anticipa la primera sentencia española que ha puesto a la IA en el centro de un conflicto laboral con resolución judicial.

Naciones Unidas convierte la inacción climática en responsabilidad jurídica

La Asamblea General de Naciones Unidas acogió formalmente la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático. El resultado, 141 votos a favor, 28 abstenciones, 8 en contra, dice más sobre el estado del multilateralismo climático que cualquier declaración de intenciones.

El 20 de mayo de 2026, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que recoge formalmente la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. No es un documento técnico ni un acuerdo de financiación. Es algo más difícil de conseguir: un consenso político amplio sobre lo que los Estados deben hacer, y sobre las consecuencias de no hacerlo.

El resultado fue claro. 141 países votaron a favor. Solo 8 en contra.

El cambio que introduce la Opinión Consultiva

La Opinión Consultiva fue solicitada por la propia Asamblea General en 2023, tras una iniciativa impulsada por Vanuatu y un grupo de pequeños Estados insulares, que llevan años en primera línea de los efectos del cambio climático sin haber contribuido de forma significativa a causarlo.

La IA genera riqueza. El Estado asume los costes. Eso debe de cambiar.....

En febrero de 2026, el Congreso de los Diputados acogió la jornada Tax the Robots?, impulsada por varios grupos parlamentarios, con una pregunta en el centro del debate que llevaba años circulando en seminarios académicos y documentos de organismos internacionales pero que rara vez había llegado tan lejos en la política española: ¿Deben las empresas que sustituyen trabajadores por sistemas inteligentes contribuir al coste social de esa sustitución? No era una propuesta técnicamente nueva. Era la primera vez que se planteaba con esa claridad en sede parlamentaria, con representantes de todos los grupos, economistas y juristas laborales en la misma sala.

La reacción fue la previsible. Adhesiones desde la izquierda, rechazos desde las patronales y los sectores más liberales, y un silencio calculado desde los partidos que preferían no pronunciarse sobre algo tan políticamente incómodo. 

Lo que nadie hizo fue negar que el problema que la propuesta intenta resolver existe.

España, objetivo favorito: por qué somos tan vulnerables al cibercrimen

En el primer trimestre de 2025, España registró 213 ciberataques verificados, el 4,5% del total mundial. Eso la situó como el tercer país más atacado del planeta, por detrás de Estados Unidos y Ucrania. Según la firma especializada Secure & IT, los incidentes contra empresas y administraciones crecieron un 64% respecto al año anterior, una tendencia que llevó a España a escalar posiciones hasta el segundo puesto mundial en momentos puntuales del periodo. Según el INCIBE, los incidentes gestionados en 2025 alcanzaron los 122.000, un 26% más que en 2024.

Estos no son datos de un año malo. Son la expresión de una tendencia sostenida que convierte a España en uno de los destinos preferidos del cibercrimen organizado. La pregunta que rara vez se hace con la profundidad que merece es por qué. No como curiosidad estadística, sino como diagnóstico que debería traducirse en acción.

 Un blanco por razones concretas

Los cibercriminales no eligen sus objetivos al azar. Evalúan oportunidades, calculan riesgos y optimizan el retorno. España presenta una combinación de factores que, vistos desde esa lógica, la convierten en un destino atractivo. Ninguno de esos factores es inevitable. Todos son, en mayor o menor medida, el resultado de decisiones tomadas o no tomadas a lo largo del tiempo.

Cómo la IA está transformando el empleo sin que nadie lo anuncie

Los trabajos que desaparecen en silencio

No hay un día concreto en el que los periódicos publiquen que cierto tipo de trabajo ha dejado de existir. La desaparición suele ser más discreta: una empresa que no renueva los contratos del equipo de análisis de datos porque ha implantado una herramienta que hace ese trabajo en segundos; un bufete que reduce a la mitad su plantilla de paralegales porque los modelos de lenguaje redactan borradores de contratos con una precisión que antes requería años de experiencia. 

Simplemente, hay menos personas haciendo cosas que antes hacían muchos.

Este artículo parte de ese silencio para entender qué está pasando realmente en el mercado laboral, utilizando los datos y casos que ya se están produciendo. No hay un día concreto en el que los periódicos publiquen que cierto tipo de trabajo ha dejado de existir.

La desaparición suele ser más discreta: una empresa que no renueva los contratos del equipo de análisis de datos porque ha implantado una herramienta que hace ese trabajo en segundos; un bufete que reduce a la mitad su plantilla de paralegales porque los modelos de lenguaje redactan borradores de contratos con una precisión que antes requería años de experiencia. No hay despido colectivo, no hay titular.

Ciberseguridad en la empresa: deja de confundir concienciación con formación

 Saber que existe el peligro no es lo mismo que saber esquivarlo

Cada año, millones de empleados en toda Europa asisten a una sesión de ciberseguridad que dura entre cuarenta y cinco minutos y una hora. Tras ver diapositivas y ejemplos de correos fraudulentos, la mayoría vuelve a su puesto sin haber cambiado su forma de tomar decisiones digitales. Eso no es formación, es concienciación; la diferencia es crítica para la supervivencia de la organización.

En 2024, los clics en enlaces de correo fraudulento se triplicaron: más de ocho de cada mil empleados hicieron clic mensualmente, un incremento del 190% frente a 2023. El problema no es que ignoren el peligro, sino que no saben reaccionar cuando llega disfrazado de urgencia o autoridad.

La psicología distingue entre el conocimiento declarativo (saber que algo existe) y el procedimental (saber hacer). El segundo solo se adquiere practicando, de forma similar a como se entrena un simulacro de evacuación.

Cada año, millones de empleados en toda Europa asisten a una sesión de ciberseguridad. Dura entre cuarenta y cinco minutos y una hora. Hay diapositivas. Hay ejemplos de correos fraudulentos. Hay una lista de recomendaciones. Y al salir de la sala, o al cerrar la ventana del navegador, la mayoría de los asistentes vuelve a su puesto sin haber cambiado nada en la forma en que toma decisiones digitales.

Cinco preguntas para saber si tu empresa respeta los derechos humanos de verdad

Ethics washing: cuando el compromiso con los derechos humanos es solo comunicación

Hay empresas que llevan años publicando memorias de sostenibilidad impecables, con secciones dedicadas a los derechos humanos, declaraciones de valores firmadas por el consejo y referencias a los marcos internacionales más reconocidos. Y hay empresas que, con esa misma documentación en la web corporativa, han protagonizado escándalos por trabajo forzado en su cadena de suministro, han demandado a comunidades que reclamaban acceso al agua, o han silenciado a empleados que intentaron denunciar condiciones laborales abusivas.

La diferencia no está en los documentos. Está en lo que ocurre cuando nadie mira.

El fenómeno tiene nombre. El ethics washing, por analogía con el greenwashing, describe la práctica de construir un relato corporativo en materia de ética y derechos humanos que no se corresponde con la conducta real de la empresa. No es necesariamente un engaño deliberado: en muchos casos responde a una desconexión genuina entre las declaraciones de los departamentos de comunicación y sostenibilidad, y las decisiones que se toman en compras, operaciones, recursos humanos o finanzas. El resultado es el mismo: una brecha que acaba siendo visible, tarde o temprano, y que tiene costes reputacionales, legales y financieros que ninguna memoria de sostenibilidad puede compensar.

Tecnología, poder y derechos humanos: una respuesta al manifiesto de Palantir

Una respuesta al manifiesto tecnológico de Palantir desde la democracia y los derechos humanos

Hace unos días, la cuenta oficial de Palantir en X publicó un texto de 22 puntos que resumía los argumentos centrales de The Technological Republic, el libro firmado por el consejero delegado Alex Karp y su colaborador Nicholas Zamiska. En 72 horas acumuló más de 32 millones de visualizaciones. El debate que siguió mezcló fascinación, indignación y bastante confusión, porque el texto está construido precisamente para eso: para que parezca más razonable de lo que es.

Vale la pena leerlo despacio. Y responderlo con la misma seriedad con que pretenden trasladar sus ideas autocráticas.

No se trata de ignorar el fenómeno ni de despachar el manifiesto con un insulto fácil. Se trata de examinar su arquitectura argumental, identificar lo que calla y articular una respuesta desde los valores que las democracias liberales han tardado siglos en construir: la dignidad de la persona, los derechos humanos, la igualdad ante la ley, el control del poder y la irreductibilidad de ciertos derechos frente a cualquier cálculo de eficiencia.

El precio del silencio: Por qué no denunciar el cibercrimen nos hace más vulnerables a todos

Imagine que alguien entra en su casa mientras no está, revuelve los cajones, se lleva algo de valor y desaparece. La probabilidad de que esa persona llame a la policía es alta. Hay un espacio físico vulnerado, una sensación inmediata de invasión, una evidencia concreta del daño.

Ahora imagine que alguien entra en su cuenta bancaria, le roba 600 euros mediante una transferencia fraudulenta y desaparece igual de rápido. La probabilidad de que esa misma persona lo denuncie cae en picado. Hay vergüenza. Hay la convicción de que no servirá de nada. Hay el miedo a parecer ingenuo. Y, en el caso de las empresas, hay el temor al daño reputacional.

Ese contraste explica buena parte del problema más estructural del cibercrimen en España: no es solo que los ataques aumenten cada año, sino que la gran mayoría nunca llega a conocimiento de las autoridades. Y lo que el sistema no ve, no puede combatir.