El agua es un derecho humano reconocido formalmente por la Asamblea General de Naciones Unidas desde 2010, mediante la resolución 64/292. El texto, impulsado por Bolivia y respaldado después por resoluciones sucesivas copatrocinadas por España y Alemania, estableció que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue más lejos: en su Opinión Consultiva OC-32/25 declaró el agua un derecho autónomo y vinculante para los Estados de la región, y fijó que no puede tratarse como mercancía ni subordinarse al uso industrial frente a las necesidades humanas y ecosistémicas.
Un derecho de los Estados, una responsabilidad que llega a las empresas
La obligación jurídica recae formalmente sobre los Estados. Son ellos quienes deben garantizar el acceso, no las empresas. Pero los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos extendieron hace más de una década la responsabilidad de respetar los derechos humanos a los actores privados, y el agua es uno de los terrenos donde esa responsabilidad se pone a prueba con mayor frecuencia. Cuando una empresa capta, contamina o vierte en una cuenca compartida, incide directamente sobre un derecho que el marco internacional considera indispensable para la vida.
La Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU precisa qué significa ese derecho en la práctica: disponibilidad suficiente y continua, calidad segura, accesibilidad física dentro de un radio razonable del hogar, y un coste que no supere una fracción manejable de los ingresos del hogar. Ninguno de esos cuatro elementos depende solo de la infraestructura pública. Todos pueden verse comprometidos por la actividad de una empresa que opera en la misma cuenca.
Cuando la empresa se convierte en el problema
El caso de Nestlé Waters en Francia muestra hasta qué punto la gestión empresarial del agua puede erosionar la confianza pública sobre la que se sostienen certificaciones y etiquetados. Una investigación conjunta de Le Monde y Radio France reveló en 2024 que la empresa aplicó durante años tratamientos de microfiltración con carbón activado y luz ultravioleta, prohibidos para el agua mineral natural, con el fin de eliminar contaminantes como PFAS, pesticidas y bacterias sin informar a los consumidores. Las autoridades francesas conocían la práctica desde 2021 y permitieron que continuara. Las marcas afectadas, entre ellas Perrier, Vittel y Hépar, llevaban una etiqueta que en la normativa europea implica ausencia de tratamiento.
En Michigan, Nestlé enfrentó una demanda de vecinos de un pueblo por extraer miles de litros diarios de un acuífero que después vendía embotellado a la misma población. La demanda no prosperó y la empresa siguió bombeando. El patrón se repite en México, donde Bonafont, filial de Danone, y Coca-Cola han sido señaladas por agotar acuíferos en comunidades como Juan C. Bonilla, en Puebla, y San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
Las concesiones que afecten el caudal ecológico o impidan el acceso a comunidades rurales constituyen violaciones a los derechos humanos y ambientales, especialmente cuando benefician intereses empresariales sobre necesidades básicas.Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-32/25 (2025)
Ninguno de estos casos empezó como un escándalo. Empezaron como concesiones administrativas rutinarias, otorgadas en momentos de menor presión hídrica, cuando nadie anticipaba que el crecimiento de la demanda urbana y la reducción de caudales por el cambio climático convertirían esa misma concesión en un foco de conflicto veinte años después.
Más allá de las botellas
El sector de bebidas concentra la atención mediática, pero no es el que consume más agua. La agricultura de regadío absorbe más de dos tercios de la extracción hídrica mundial, y buena parte de las cadenas de suministro alimentarias dependen de cuencas que ya operan con déficit estructural.
Hay además un frente más reciente que empieza a generar tensión propia: los centros de datos y la fabricación de semiconductores necesitan agua en volúmenes considerables, y la Comisión Europea advirtió en junio de 2025 de que los sectores clave para la autonomía estratégica de la Unión presionan cada vez más sobre cuencas que ya sufren estrés hídrico. Baterías, hidrógeno, microchips, centros de datos: toda la infraestructura que sostiene la transición digital y energética depende de un recurso que en muchas regiones europeas ya escasea.
La minería añade otra capa. La extracción de litio, cobre y otros minerales críticos para las mismas transiciones tecnológica y energética requiere volúmenes de agua muy superiores a los que suele reconocerse en los informes de sostenibilidad del sector, y con frecuencia se localiza en zonas áridas donde esa agua compite de forma directa con el consumo humano y agrícola.
El coste ya aparece en el balance
El riesgo tiene precio, y ese precio ya figura en las cuentas de algunas empresas. CDP registró en 2024 un aumento del cien por cien en el número de compañías que reportan datos hídricos, y esas mismas empresas declararon un impacto financiero potencial de 339.000 millones de dólares asociado a riesgos relacionados con el agua. La Comisión Europea, en su Estrategia de Resiliencia Hídrica de junio de 2025, cifró en más de 480.000 millones de euros los daños causados por inundaciones y sequías en 2024, con el desplazamiento de cuarenta millones de personas. El Foro Económico Mundial advierte que, de aquí a 2030, casi la mitad de la población mundial podría vivir en zonas de estrés hídrico grave.
Kara Hurst, directora de sostenibilidad de Amazon, lo resumió en un panel reciente sobre inteligencia artificial y sostenibilidad: solo una de cada cuatro personas en el mundo tiene acceso a agua segura, y esa cifra ya condiciona la salud de cualquier negocio y de cualquier comunidad.
Los marcos existen, la pregunta es si se usan bien
El estándar de la Alliance for Water Stewardship certifica instalaciones concretas, no declaraciones de intenciones, en tres niveles (Core, Oro y Platino), y exige evaluar la cuenca completa, no solo el balance interno de la instalación. Nestlé tiene certificadas sus 39 plantas de embotellado bajo este estándar, lo que no impidió el escándalo francés: la certificación cubre la gestión del recurso hídrico en el emplazamiento, no la composición química del producto final ni la veracidad del etiquetado. Apple, Coca-Cola, PepsiCo y Unilever figuran también entre las empresas certificadas. El estándar se revisó a fondo a comienzos de 2026 para alinearse con la Directiva europea de Información sobre Sostenibilidad Corporativa, que a través del estándar ESRS E3 exige a las grandes empresas europeas reportar sobre consumo, riesgo y gestión del agua con el mismo nivel de detalle que ya se exige para el clima.
La red Science Based Targets for Nature, con el impulso conjunto de CDP, WWF, el World Resources Institute y The Nature Conservancy, ha desarrollado una guía técnica para fijar objetivos de agua dulce basados en criterios científicos, alineada con los marcos ya existentes de CDP, AWS y TNFD. La lógica es la misma que en el ámbito climático: sin objetivos verificables y sin una línea de base sólida, cualquier compromiso hídrico corporativo se queda en la fase de la declaración de intenciones.
El impacto hídrico es local y se gestiona en la puerta de la fábrica
El conflicto hídrico rara vez se queda solo en el terreno de la reputación. Cuando una comunidad se queda sin agua porque una empresa capta la de la cuenca compartida, la respuesta llega en forma de bloqueos, retirada de licencias o investigaciones administrativas. Una empresa puede compensar su huella de carbono con proyectos en otro continente. No puede compensar el agua que le falta a la comunidad que vive junto a su planta.
El agua no admite compensaciones geográficas: A diferencia de la huella de carbono, que una empresa puede compensar financiando la plantación de árboles en otro continente, el agua es un recurso estrictamente local. Si una planta agota o pone en peligro el manantial de una comunidad, no sirve de nada que la empresa realice proyectos hídricos en otro país; la falta de agua en ese lugar específico sigue siendo un problema de supervivencia para esas personas.
La reacción social es inmediata, no solo reputacional: Mientras que otros riesgos ambientales afectan la imagen de la empresa a largo plazo en las juntas de accionistas, el conflicto por el agua genera una respuesta directa y física. Cuando una comunidad se queda sin suministro, la reacción no espera: se traduce en bloqueos de acceso a las plantas, investigaciones judiciales de la procuraduría o la retirada inmediata de licencias ambientales.
Es una cuestión de derechos humanos, no de mercancía: Al ser el agua un derecho indispensable para la vida y autónomo (según la Corte IDH), cualquier uso industrial que compita con el consumo humano se percibe como una violación directa a la dignidad básica. Esto hace que la paciencia social sea inexistente en comparación con otros impactos ambientales menos tangibles en el día a día.
Mientras que el impacto climático es global y se gestiona con informes, el impacto hídrico es local y se gestiona en la puerta de la fábrica.
Gestionar el agua con seriedad implica mapear la cuenca completa, no solo el balance interno de la instalación. Implica evaluar si esa cuenca ya está en estrés hídrico y si la extracción compite con el consumo doméstico o agrícola cercano. Y en algunos territorios, implica aceptar que la respuesta correcta no es una tecnología más eficiente, sino reducir la extracción.
El agua no es un recurso que se pueda sustituir ni una externalidad que se pueda diferir a la próxima ronda de inversión climática. Es el derecho humano más inmediato y el que menos margen de maniobra deja cuando falta. Las empresas que lo entienden así, y que gestionan la cuenca completa como unidad de análisis, tienen menos probabilidades de aparecer en la siguiente investigación de una procuraduría o en el siguiente reportaje de Le Monde.
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