Las plazas de Madrid, Barcelona, Málaga y Palma llevan semanas llenándose de pancartas, cacerolas y consignas contra los fondos de inversión buitres. La situación actual en España sobre la vivienda es una especie de vanguardia del movimiento de justicia global que , según el informe del Global Justice Project, es quizás la única fuerza capaz de superar, ya sabes, el ultraliberalismo. Un movimiento ciudadano, alimentado por organizaciones de base amplias y diversas, que deben llegar hasta lo más alto de la política.
Nombre y apellido de un problema
La
crisis de la vivienda en España no es fruto del azar ni de una ley
natural del mercado. Es el resultado lógico de una ideología que
prioriza el beneficio privado sobre el bien común, el mismo
diagnóstico que el informe aplica a la crisis climática y que
resulta perfectamente trasladable al mercado inmobiliario español.
Los fondos de inversión que compran bloques enteros, los alquileres
turísticos que vacían los barrios de vecinos y la pasividad de
sucesivos gobiernos ante la especulación son manifestaciones locales
de una misma lógica global: la que convierte derechos básicos en
activos financieros.
No es casualidad que las plataformas de vivienda en España hayan
empezado a hablar, como hacen los movimientos reunidos en la
Cumbre
de los Pueblos de Belém, de
falsas soluciones: ayudas
puntuales al alquiler, bonos fiscales o promesas de construcción que
nunca llegan, mientras el problema de fondo, la mercantilización
radical de un derecho constitucional, permanece intacto.
Igual que
los movimientos climáticos denuncian que los mercados de carbono son
vías de escape para quienes contaminan, los movimientos por la
vivienda denuncian que ciertas políticas de v
ivienda
asequible son vías de escape para los fondos que especulan. ¿A qué viene esa insistencia en las soluciones falsas?.
Esto solo puede significar dos cosas: que una parte de nuestros políticos realmente no intentan abordar el problema, en contraste con el discurso que se les exige mantener de legislar para una mayoría social, o que todo los cambios que prometen, no es más que otra forma de financiación destinada a fondos buitre, sin ninguna consideración por el bien social.
Vincularlo con otras reclamaciones
Uno de
los principios que el informe identifica como esenciales para un
movimiento ciudadano global es la convergencia de luchas: las
batallas por la justicia climática, la igualdad económica y los
derechos sociales no son causas separadas, sino frentes de la misma
guerra. Esto se verifica en España con una claridad meridiana. El
movimiento por la vivienda ha tejido alianzas con sindicatos, con
plataformas feministas que denuncian la precariedad habitacional como
violencia económica, y con colectivos ecologistas que señalan cómo
el modelo turístico extractivo degrada tanto el territorio como el
acceso a un hogar digno.
Esta convergencia no es casualidad ni oportunismo: es, como señala
el propio informe, una necesidad estratégica. Solo uniendo fuerzas
se puede hacer frente a un poder que opera globalmente, y los fondos
buitre que compran vivienda en Madrid son, con frecuencia, los mismos
actores financieros que especulan con deuda soberana en el Sur global
o que presionan contra regulaciones climáticas en Bruselas.
Soberanía de los ciudadanos frente a la tecnocracia inmobiliaria
En otro de los principios del movimiento de justicia global mencionados en el informe, el de la soberanía de los pueblos frente a la tecnocracia, puede encontrarse eco en la lucha de los movimientos por la vivienda española.
Las
decisiones sobre regulación de alquileres, zonas tensionadas o
control de pisos turísticos no deberían tomarse en despachos de
grandes tenedores ni en consejos de administración de fondos
cotizados, sino democráticamente, en los barrios y municipios
afectados. La frase que Mercedes Gould pronuncia sobre los
territorios defendidos por los pueblos indígenas, que tienen
derecho a decidir sobre ellos, que no son zonas de sacrificio, resuena con una fuerza inquietante cuando se traslada a barrios como
Lavapiés o el Raval, convertidos en parques temáticos para la
inversión extranjera y el turismo de corta estancia.
Pasando de las protestas a las propuestas
El
movimiento español no se ha quedado en el "no". Ha
generado propuestas concretas que encajan con el cuarto principio del
informe: pasar de la protesta a la propuesta . Topes al precio del
alquiler, ampliación radical del parque público de vivienda,
fiscalidad específica sobre grandes tenedores, limitación de pisos
turísticos y reconocimiento del derecho a la vivienda como
prioritario frente al derecho de propiedad especulativa. Son, en
esencia, la misma arquitectura que propone el Global Justice Project
cuando habla de fiscalidad global sobre la riqueza y servicios
públicos universales, aplicada a escala municipal y estatal.
Aquí cobra sentido también la inspiración municipalista de
Murray Bookchin, que el informe recoge como vía para reforzar la economía fundacional y reducir la dependencia de las
grandes corporaciones. Los ayuntamientos que compran vivienda para
parque público, que sancionan a grandes tenedores con pisos vacíos
o que limitan licencias turísticas están ensayando, a su escala,
ese organización de lo ciudadano desde abajo.
La lucha cultural
Sin embargo, tal y como subraya el informe, aún hay que poner en práctica la lucha cultural. Quizás esta sea la parte más difícil de la tarea. Durante
décadas, el ultraliberalismo ha logrado presentar como sentido
común que los mercados deben mandar y que el Estado es un
estorbo. Mientras no se desplace ese imaginario, mientras la
vivienda siga pensándose como inversión antes que como hogar, las
reformas legales seguirán siendo frágiles, revocables, y claramente insuficientes.
La idea de colocar al Estado en el corazón de la solución al mismo nivel que las fuerzas del mercado debe seguir prevaleciendo en las discusiones sobre vivienda. La razón por la que las reformas de los precios del alquiler o las leyes antidesahucio aún no han tenido éxito, si es que alguna vez lo han tenido, es que no llegaron a cambiar la forma en que las personas conceptualizan la vivienda.
Organizar o estancarse
Como señala acertadamente el informe
Global Justice Project, citando a
Thomas Piketty, en su crítica del establishment económico que nos esta privando de la comprensión de que la vida podría ser diferente, la pregunta no es si es viable el proyecto que el movimiento por la vivienda en España, y similares, están impulsando, sino: ¿Cuál es la alternativa?.
Para la vivienda en España, la alternativa a organizarse y ganar, ya se conoce: desahucios, barrios vaciados de vecindad, ciudades convertidas en parques temáticos para el capital transnacional. La cuestión no es si podemos construir ese movimiento ciudadano para realmente cambiar las injusticias.
La pregunta es si empezamos ahora y seguimos o esperamos a que sea demasiado tarde.
