El Pacto de Migración y Asilo se aplica desde el 12 de junio y ya se sabe qué parte funciona. La que cierra.El objetivo de reubicación para este primer año era de 21.000 personas. Los Estados se han comprometido a acoger a menos de la mitad, y Hungría y Eslovaquia no han ofrecido una sola plaza. La cifra ya era un recorte: la Comisión proponía 30.000 y los Veintisiete la rebajaron, con la abstención de España. La solidaridad nació pequeña. Ha quedado más pequeña todavía.
Lo restrictivo, en cambio, avanza sin esperar a nadie. Human Rights Watch advirtió, al entrar en vigor el pacto, de que el Reglamento de Crisis permite negar el derecho a solicitar asilo ante una afluencia masiva o una instrumentalización de la migración por un tercer país, supuestos que la norma define con vaguedad. Creo que ahí está el riesgo mayor. Un concepto elástico se vuelve peligroso cuando quien puede invocarlo tiene interés en hacerlo.
España ofrece un ejemplo cercano. Desde el 12 de junio, Interior dejó de conceder y renovar la residencia temporal por razones humanitarias, el amparo que recibía quien veía denegado el asilo. El año pasado se concedieron 57.334 autorizaciones de este tipo, la mayoría a venezolanos. El Gobierno atribuye el cambio al pacto, que impide tramitar esos permisos por el mismo circuito que el asilo, y remite a quienes ya los tienen a otras autorizaciones de residencia y trabajo. Puede que la lectura jurídica sea correcta. La consecuencia es la misma: esas vías tienen requisitos propios, y quien no los reúna se queda sin protección.
Se dirá que el pacto es un paquete y que sin las reglas duras varios Gobiernos no lo habrían aprobado. Es probable. Se dirá también que España no incumple nada, y que pedía más solidaridad de la que obtuvo. Es cierto. Pero justamente por eso el argumento se vuelve contra el diseño. Una norma que se cumple con rigor donde pesa sobre las personas y se aplaza donde pesa sobre los Estados no equilibra nada. Hungría anunció que no aplicaría el pacto; Bruselas replicó que obliga a todos. Las plazas ofrecidas dicen cuál de las dos frases pesa más.
Queda margen. Human Rights Watch sostiene que los Estados pueden limitar el Reglamento de Crisis a circunstancias verdaderamente excepcionales, y España puede elegir, en cada decisión que dependa de ella, el criterio más garantista. Debería además exigir en Bruselas que la solidaridad deje de ser voluntaria en la práctica. Si solo se cumple lo que estrecha el derecho de asilo, ¿qué queda de él?
