Antalya se juzgará por el dinero, no por las promesas. Y el criterio debe fijarse ya, antes de que empiece la cumbre.
La COP31 se celebrará del 9 al 20 de noviembre. Turquía preside y acoge las negociaciones. Australia, con el ministro Chris Bowen, dirige las negociaciones hasta el final. Es la primera vez que se divide la presidencia de esta forma. Los dos países coinciden en que ha llegado el momento de pasar de las promesas a la acción. Vale, pero falta explicar lo que hay que hacer.
La propuesta tiene que centrarse en cuánta financiación verificable acompaña las contribuciones nacionales. Nuevo dinero, con fecha, y subvenciones separadas de los préstamos.
Reconozco la debilidad de la propuesta, porque aún no hay nada que cuestionar, no sabemos... No obstante, hay un punto de partida y es lamentable. Según el informe sobre la Brecha de Adaptación, publicado en agosto, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los países en desarrollo necesitan entre 310.000 y 365.000 millones de dólares al año para su adaptación. En 2023 sólo recibieron 26.000 millones de financiación pública internacional, lo que supone 2.000 millones menos que en 2022.
Los objetivos están claramente establecidos. Sin embargo, pero llegan hasta en 2035, demasiado tarde. Bakú fijó 300.000 millones anuales. Belém pidió triplicar, al menos, la financiación de adaptación. Son avances, me parece, que no obligan, ni deben marcar techo este noviembre. Es necesario ser más valientes y ambiciosos.
Los 64 presentados hasta septiembre de 2025 cubrían el 30 % de las emisiones globales y limitan las emisiones de 2035 a un 17 % por debajo del nivel de 2019. India lo expresó de forma explícita en el pre-COP de Fiyi: si se pide una mayor ambición, hay que proporcionar financiación y tecnologías. Quien exige más recortes debería ofrecer números concretos. Los planes nacionales dependen de ese dinero.
Se dirá que lo decisivo son las toneladas de CO₂ y el abandono de los fósiles, no el dinero. Y que las cuentas climáticas admiten trampas: préstamos contados como ayuda, capital privado que solo existe sobre el papel. Lo segundo es cierto, y por eso el criterio exige financiación verificable. Lo primero invierte el orden: sin dinero, los objetivos no serán efectivos, seguirán solo en el papel.
Australia presentó una declaración y un plan de acción en el pre-COP de Fiyi para facilitar el acceso a la financiación. Es un buen primer paso, aunque un plan de acción no es un número. Y será el próximo 20 de noviembre cuando se le exija una pregunta: ¿Cuánto dinero nuevo, con fecha de vencimiento, y verificable hay en el texto final?
Si la respuesta no cabe en una línea, la COP 21 de Antalya habrá sido solamente otra declaración más, vacía de respuestas.
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