Anulan la cifra. Mantienen el principio. Para quienes llevan años litigando contra las grandes emisoras, eso no es una derrota. Es el precedente que alimenta el siguiente caso.
El patrón se repite en la mayoría de los litigios climáticos que las empresas ganan formalmente: el proceso dura años, consume recursos legales considerables, genera cobertura mediática sostenida y construye jurisprudencia que estrecha el margen de maniobra futuro. Los tribunales, caso a caso, van delimitando qué puede decirse, qué debe hacerse y quién responde cuando no se hace. Eso ya es una transformación del entorno competitivo, con independencia del fallo concreto.
El litigio climático tiene masa crítica
Entre 2017 y 2022, los casos de litigio climático registrados en todo el mundo pasaron de 884 a 2.180. En 2023 el ritmo se estabilizó, pero se presentaron más de 230 nuevos casos. Lo que ha cambiado no es solo el volumen, sino la geografía y los argumentos. Las demandas ya no se concentran en Estados Unidos: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia y varios países del Sur Global son escenario activo de procesos contra empresas.
Francia fue la primera en condenar a una gran petrolera por greenwashing. En octubre de 2025, el Tribunal Civil de París declaró culpable a TotalEnergies de prácticas comerciales engañosas por su campaña de 2021, en la que la empresa prometía neutralidad de carbono en 2050 y se presentaba como actor clave de la transición energética. El tribunal constató una brecha entre esa comunicación y la realidad: más del 97 por ciento de los ingresos de la compañía en 2024 procedían de fuentes no sostenibles. Es la primera condena de ese tipo aplicando la ley francesa a una petrolera. No será la última.
El sector de la moda ya conoce esa presión. Zalando tuvo que retirar mensajes de su web en febrero de 2024 por inducir a creer que sus productos eran sostenibles sin acreditarlo. Adidas fue obligada a retirar alegaciones climáticas sin respaldo verificable. KLM, demandada por sus afirmaciones sobre compensación de carbono, vio cómo un tribunal neerlandés aceptó el caso. El perímetro del litigio climático corporativo se ha ampliado hasta sectores que hace tres años no figuraban en este mapa.
En 2023, los demandantes ganaron el 70 por ciento de los casos de greenwashing. Ese dato no requiere interpretación: cualquier empresa que haga afirmaciones ambientales sin respaldo verificable está asumiendo un riesgo legal con probabilidades claras.En España, el caso Iberdrola contra Repsol, desestimado en febrero de 2025, ilustra una dimensión distinta del fenómeno: los litigios entre competidores como instrumento de competencia climática. El tribunal no encontró publicidad engañosa. Pero señaló que la Directiva (UE) 2024/825 no era aplicable por razones temporales, algo que no ocurrirá en demandas futuras. El marco legal que el juez no pudo usar en este caso ya está en vigor para los siguientes.
Las alegaciones climáticas tienen fecha de caducidad
La Directiva (UE) 2024/825 prohíbe las afirmaciones ambientales genéricas sin respaldo verificable. Expresiones como ecofriendly, verde o respetuoso con el clima quedan fuera de juego si no hay datos que las sustenten. Las promesas sobre el futuro, del tipo seremos neutros en carbono en 2040, exigen compromisos públicos, planes de ejecución creíbles y verificación por terceros independientes. Sin eso, se consideran engañosas.
España debe transponer la directiva antes de septiembre de 2026 a través del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que ya ha completado su período de información pública. La norma llega respaldada por la Directiva sobre alegaciones ecológicas (Green Claims Directive), que establece los requisitos técnicos para fundamentar afirmaciones sobre el impacto ambiental de productos y empresas.
El efecto ya es visible. Según análisis de RepRisk, los casos de greenwashing en Europa cayeron un 20 por ciento entre julio de 2023 y julio de 2024. Las empresas están siendo más cautelosas en sus comunicaciones. Pero el mismo análisis registra un aumento del 32 por ciento en los casos calificados de alta gravedad, los que implican ocultación deliberada de violaciones ambientales. El greenwashing más obvio retrocede. El más sofisticado persiste.
Hay un efecto secundario que merece atención: el greenhushing. Ante el riesgo de ser acusadas de greenwashing, algunas empresas comunican menos sobre sus compromisos climáticos, aunque sean reales. La respuesta es comprensible y contraproducente al mismo tiempo. La ausencia de comunicación climática verificable genera su propio déficit de confianza ante inversores, clientes y reguladores. La regulación intenta frenar ese efecto con mecanismos de seguridad jurídica, pero no lo elimina del todo.
El riesgo físico ya tiene precio
Los incendios de Los Ángeles de enero de 2025 provocaron daños estimados entre 76.000 y 131.000 millones de dólares. La dana de Valencia de noviembre de 2024 tuvo un coste de más de 4.000 millones de euros. Ninguno de esos eventos fue excepcional: el daño financiero asociado a fenómenos meteorológicos extremos se ha más que duplicado en dos décadas. Las empresas con activos físicos en zonas expuestas que no han actualizado sus modelos de valoración están acumulando un riesgo que no aparece en ninguna cuenta anual pero que puede materializarse de forma abrupta.
El riesgo de transición funciona de forma distinta pero con efectos igualmente concretos. La reorientación de políticas energéticas, los mercados de carbono y los cambios en las preferencias de inversores y clientes generan activos varados en sectores intensivos en carbono. Un informe de EcoVadis y Boston Consulting Group publicado en septiembre de 2025 estimó que ignorar las emisiones de alcance 3 en la cadena de suministro podría costar a las empresas más de 500.000 millones de dólares anuales en obligaciones económicas de aquí a 2030. El coste incluye cumplimiento regulatorio diferido, penalizaciones por incumplimiento de compromisos contractuales con clientes que exigen datos de descarbonización, y exposición a litigios en sectores de alto riesgo.
El Banco Central Europeo introdujo en 2025 un factor climático en su marco de colateral: los bonos de emisores con mayor exposición a riesgos climáticos valen menos como garantía y resultan más caros de usar. El riesgo climático ya afecta al coste del crédito. No es una tendencia futura.La incorporación del riesgo climático en las herramientas monetarias del BCE tiene implicaciones prácticas inmediatas. Una empresa con alta exposición a riesgos de transición sin plan de descarbonización creíble está pagando más por financiarse. Ese diferencial existe y aumentará a medida que los supervisores bancarios apliquen con más rigor los ejercicios de estrés climático que llevan realizando desde 2022.
El escrutinio de los inversores no cede
La conversación sobre los fondos ESG en Estados Unidos, donde varios estados han retirado mandatos de gestión a gestoras con estrategias ESG explícitas, ha generado la impresión de que el interés institucional por el riesgo climático retrocede. Esa lectura confunde dos cosas distintas. Los grandes gestores de activos, con independencia de su posicionamiento público sobre ESG, siguen integrando el riesgo climático en sus modelos de valoración porque sus propios modelos actuariales lo exigen. La razón no es ideológica. Es que ignorarlo produce estimaciones de riesgo incorrectas.
Los inversores quieren bases de referencia para las emisiones, planes de transición con objetivos verificables y exposición al riesgo físico que puedan modelizar. Las empresas que responden a esa demanda están creando sistemas de datos sobre clima que se parecen cada vez más a los informes financieros: misma granularidad, misma exigencia de verificación externa, misma comparabilidad entre pares. Las que no lo hacen están en desventaja informativa frente a sus competidores en el proceso de asignación de capital.
La CSRD convierte ese reporte en información auditada y comparable para las empresas europeas. Eso cambia la naturaleza del relato corporativo sobre el clima: ya no basta con comunicar compromisos. Los datos tienen que sostenerse ante una verificación independiente. Una empresa con compromisos climáticos ambiciosos pero sin sistemas de datos que los respalden está en peor posición que una con compromisos más modestos pero verificables. La credibilidad, en este contexto, vale más que la ambición no documentada.
Actuar como decisión estratégica
Las empresas que han integrado la agenda climática como criterio de negocio, y no como ejercicio de comunicación, están construyendo ventajas concretas. Acceso a financiación en mejores condiciones, en un mercado de bonos sostenibles que alcanzó los 900.000 millones de euros en emisiones globales en 2024. Posicionamiento preferente en licitaciones y contratos con clientes que exigen proveedores con planes de descarbonización verificados. Mayor resiliencia en cadenas de suministro, al haber identificado y reducido exposiciones a riesgos físicos antes de que se materialicen. Menor exposición a litigios, al haber alineado las comunicaciones con los datos reales.
Hay además una dimensión que los informes financieros no recogen: el talento. Las generaciones que están entrando ahora en el mercado laboral evalúan a sus empleadores por sus compromisos climáticos con un nivel de atención que no existía hace una década. Una empresa con una agenda climática creíble tiene ventaja en la atracción y retención del talento que va a tomar sus decisiones estratégicas en los próximos veinte años.
El argumento que resume todo lo anterior no es nuevo, pero se vuelve más urgente cada trimestre que pasa. Las empresas que no actúan ya están pagando. No siempre en forma de multas o sentencias, aunque eso también ocurre. Están pagando en forma de prima de riesgo, de acceso restringido a financiación, de erosión silenciosa de la marca y de una exposición creciente a disrupciones operativas que no figuran en ningún balance pero que se materializan con cada fenómeno extremo, cada decisión de desinversión y cada nuevo precedente judicial.
Esperar a que la regulación lo exija todo es una estrategia. Pero tiene un coste que ya se está pagando.