En 2025 el Business and Human Rights Centre ha contabilizado 329 denuncias de abusos en minas que alimentan la transición energética. En total desde 2010 son 1.226. El último informe de este organismo (publicado en junio) sobre las minas de transición (Transition Minerals Tracker) muestra además que las denuncias crecen un 73% interanual en minas que están siendo monitorizadas. Y que los pueblos indígenas siguen cargando con el peso desproporcionado.Estas cifras contradicen la narrativa habitual. Es cierto que la transición requiere de minerales. También es cierto que la industria los está extrayendo con estándares cada vez más altos. Pero también es cierto que el conflicto se sigue diluyendo en buenas prácticas. Los datos muestran un mayor número de extracciones, de denuncias y los mismos afectados. Así pues, el conflicto entre industrias extractivas y pueblos indígenas no se ha solucionado con la transición energética. Se ha desplazado a otros minerales. Y se ha añadido el argumento climático.
Una coincidencia que no es casual
Un equipo de la universidad de Queensland ha cruzado los datos de los 5.097 proyectos mineros (activos o planeados) de unos 30 minerales de transición frente a los mapas de tierras indígenas. Alrededor de un 54% están localizados en ellas o cerca. Cabe destacar que alrededor del 85% de las reservas y recursos de litio están en estos territorios. Y un tercio de los proyectos están en zonas de control o influencia de conservación de los pueblos indígenas.
La geología es neutral en cuanto a quien es el propietario de los terrenos. Esto no es así en el derecho internacional: en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Artículo 32), se establece que los estados deben consultar de buena fe a los pueblos afectados en materia de consentimiento libre e informado para aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras. Asimismo, en el Convenio 169 de la OIT se establece la necesidad de consulta previa. En ambos casos se establece un orden: necesario par la legalidad: comunidad-concesión.
Cuatro casos, un patrón
En Nevada ha sido aprobado por la administración federal en los últimos días de la administración Trump (2021). Las tres tribus paiute (Reno-Sparks, Burns Paiute y Summit Lake) han alegado que la Oficina de Gestión del Territorio oculto información y manipulado el alcance de la consulta tribal. El lugar es conocido por los nativos como Peehee mu'huh y fue en él donde tuvo lugar una matanza de paiutes en 1865. Los recursos han sido sucesivamente desestimados por los tribunales federales. El proyecto empezó a construirse en 2023. La empresa prevé poner en marcha el proyecto a finales de 2026.
El caso tiene un matiz. Según la compañía, la tribu de Fort McDermitt, situada a unos 65 kilómetros del proyecto, no se sumó a la demanda y firmó con ella un acuerdo de beneficios. Los pueblos indígenas no actúan como un bloque, y el consentimiento, cuando existe, lo otorga cada comunidad por separado.
En Arizona, el terreno de Oak Flat fue para Resolution Copper (sociedad conjunta de Rio Tinto y BHP) en marzo de 2026 tras ser levantada la medida cautelar por parte de un tribunal de apelaciones. Es un sitio ceremonial para los apaches de San Carlos. Debajo hay, según estiman en la empresa, hasta 40.000 millones de libras de cobre (18 millones de toneladas) que podrían extraerse en cuarenta años. En mayo de 2025, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de Apache Stronghold. En abril de 2026, han vuelto a demandar. Aquí no ha habido ninguna consulta. Hay una ley de 2014 que ordenaba el intercambio de tierras.
En la isla indonesia de Halmahera, Weda Bay Nickel explota desde 2019 una concesión de 45.000 hectáreas que Eramet presenta como la mayor mina de níquel del mundo. Eramet posee el 38,7%, Tsingshan el 51,3% y el Estado indonesio el 10%. Survival International sostiene que la concesión invade el territorio de los hongana manyawa, un pueblo cazador-recolector de unas 3.500 personas, de las cuales unas 500 vivirían sin contacto con el exterior. Eramet responde que no ha hallado pruebas de pueblos no contactados en su zona y que el Gobierno indonesio no incluye a los hongana manyawa en su lista de pueblos indígenas. El segundo argumento es débil. El Convenio 169 toma la autoidentificación como criterio fundamental, y un registro administrativo no extingue derechos. En septiembre de 2025, además, las autoridades indonesias incautaron unas 150 hectáreas por ocupar zona forestal sin licencia, un tramo que Eramet describe como una cantera de materiales de construcción.
El mismo choque genera la energía que se produce a partir de estos minerales. En octubre de 2021 el Tribunal Supremo noruego dictaminó de forma unánime que los dos parques eólicos, con 151 aerogeneradores, de Fosen vulneraban el derecho de los pastores sami a su cultura (artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Los parques fueron anulados; y las turbinas siguieron girando. En marzo de 2024 se ha llegado a un acuerdo que mantiene las turbinas en funcionamiento a cambio de compensaciones y una nueva zona de pastoreo invernal. En un país con buenas instituciones ha tardado casi dos años y medio llegar a este acuerdo que deja las cosas como están.
Los cuatro casos difieren en el mineral, el país y el tribunal. En todos, la decisión de explotar precedió a la discusión sobre los derechos de quienes viven allí, y la compensación llegó cuando ya no podía cambiar el resultado.
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El consentimiento, en cifras
En la edición de 2025 del Tracker se han incluido 77 de las denuncias acumuladas hasta 2024 donde se plantean problemas de derechos de pueblos indígenas. En 48 de ellas se denuncia la violación al principio de consentimiento libre, previo e informado. La tendencia no cambia en la edición de 2026. Por ejemplo en América del Sur, donde los conflictos están centrados en cobre y litio, de las 97 denuncias de 2025, 27 eran sobre pueblos indígenas.
Entre 2024 y 2026 el BHRC organizó talleres con comunidades de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Una de las quejas que vuelven a aparecer es la de que las empresas negocian con algunos miembros de manera individual. Esto fractura la cohesión de grupo. Es sin duda una artimaña por parte de las compañías para llevar adelante sus planes. Quien negocia con los individuos no consigue el consentimiento de un pueblo. Consigue adhesiones individuales y parciales.
"Los datos son esclarecedores: más del 54% de los proyectos mineros de transición en el mundo coinciden o colindan con tierras indígenas, una cifra que asciende a cerca del 85% en el caso de las reservas de litio. No se trata de incidentes aislados: registros independientes documentan más de un millar de denuncias socioambientales en estas minas, donde el incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado es el principal detonante. Lejos de ser un debate meramente ético, el conflicto social paralizó en un solo año 27 explotaciones mineras, demostrando que vulnerar a las comunidades amenaza la propia seguridad de suministro".
Un riesgo que también es empresarial
El Tracker 2026 aporta un dato que debería interesar a quien dirige una empresa tanto como a quien defiende derechos: en 2025 se registraron 27 suspensiones, cierres o ralentizaciones de minas, y una de cada siete denuncias acabó en demanda judicial o actuación regulatoria. Diez empresas y 33 minas concentran la mitad de las denuncias del año, con Glencore, Rio Tinto y First Quantum a la cabeza.
Casi la mitad de las minas implicadas carecía incluso de una política pública básica de derechos humanos, y cerca del 70% de los proyectos pertenece a empresas cotizadas.
El conflicto con las comunidades no es un coste reputacional abstracto. Interrumpe el suministro que la transición necesita.
Principios voluntarios, estándares a medida
En septiembre de 2024 se presentó el panel del secretario general de la ONU sobre minerales críticos para la transición energética. En él se ponen los derechos humanos en el corazón de la cadena de valor. Se incluye el principio de consentimiento de los pueblos indígenas como necesario.
El contrapunto sectorial es la iniciativa Consolidated Mining Standard Initiative, impulsada por 4 organizaciones de la industria (ICMM, World Gold Council, etc.). Es considerada por decenas de organizaciones sociales y sindicales como vaga, poco fiel al derecho internacional de los pueblos indígenas y controlada por las mineras en su sistema de auditoria. En el Tracker 2026 se habla de un paso atrás en el reconocimiento del consentimiento en los nuevos estándares globales que se proponen para el sector en los últimos tiempos. Ninguno de estos dos instrumentos tienen carácter vinculante para la empresa.
Europa acelera la extracción y relaja la diligencia
El 9 de octubre, la Comisión Europea seleccionó 46 nuevos proyectos estratégicos en 16 Estados miembros al amparo del Reglamento de Materias Primas Fundamentales. Requerirán unos 21.100 millones de euros de inversión. Con los 47 de marzo de 2025, el total dentro de la Unión asciende a 93, a los que se suman 13 en terceros países. España alberga siete de los 47 primeros y figura entre los 16 países de la segunda lista. Los proyectos estratégicos gozan de permisos acelerados. El reglamento les exige un compromiso efectivo con las comunidades locales, pero la EU Raw Materials Coalition denuncia que el consentimiento de los pueblos indígenas queda relegado, y que la primera selección se hizo sin publicar la lista de solicitantes ni los criterios de evaluación.
En paralelo, el paquete Ómnibus I, aprobado de forma definitiva por el Consejo el 24 de febrero de 2026, redujo la Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad a las empresas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación. Suprimió el régimen armonizado de responsabilidad civil y la obligación de adoptar planes de transición climática. Los Estados tienen hasta julio de 2028 para transponerla, y las empresas hasta julio de 2029 para cumplirla. La Unión acelera los permisos de las minas y aleja en el tiempo la obligación de responder por lo que ocurra en ellas.
España es parte del Convenio 169 de la OIT desde 2007, y la Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas admite que las empresas españolas operan con frecuencia creciente en tierras de esos pueblos. El recorte europeo de la diligencia debida tiene, por tanto, consecuencias directas aquí.
"Mientras la Unión Europea y las potencias globales impulsan normativas para recortar los plazos de concesión de permisos mineros, la regulación sobre debida diligencia corporativa se ha visto recortada y pospuesta. La conclusión es clara: una transición energética que reproduce el despojo territorial no es verdaderamente limpia ni sostenible. El consentimiento previo no puede seguir siendo el último trámite del proceso, sino el punto de partida innegociable".
Lo que exigiría una transición coherente
El primer paso sería darle la vuelta al orden de como se hace actualmente. El consentimiento ha de obtenerse antes de la concesión, con información independiente y con la posibilidad real de decir que no, no como una consulta posterior que se limita a mitigar daños.
Después viene la llamada diligencia debida europea. En ella deben incluirse todos los proveedores de minerales con el estándar de la ONU. Habrá que recuperar la responsabilidad civil, que el Ómnibus I quitó del régimen armonizado, y que puede ser reclamada ante un juez.
En los proyectos estratégicos de terceros países debe haber también una verificación independiente del consentimiento, antes de poner el sello europeo. Podríamos echar un vistazo también a lo que menos conflicto territorial genera. De los 46 proyectos seleccionados el día 9 de octubre, 19 son de reciclaje. Menos mina nueva en tierra ajena exige reciclar más y reducir el consumo en los países que más minerales demandan.
Los minerales son necesarios. Queda por saber quién decide dónde se extraen, y hasta ahora ha decidido casi siempre quien no vive allí.
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