Greenwashing, litigios y prima de riesgo: lo que el clima ya le cuesta a las empresas que no actúan

El Tribunal de Apelación de La Haya anuló en 2024, la sentencia que en 2021 había obligado a Shell a reducir sus emisiones un 45 por ciento para 2030. Shell lo celebró. Pero en el mismo fallo, el tribunal dejó escrito algo que pasó más desapercibido: que la empresa tiene la obligación de limitar sus emisiones de CO2 frente a los ciudadanos, sobre la base del derecho humano a la protección frente al cambio climático peligroso, y que esa obligación la deben respetar compañías como Shell.

Anulan la cifra. Mantienen el principio. Para quienes llevan años litigando contra las grandes emisoras, eso no es una derrota. Es el precedente que alimenta el siguiente caso.

El patrón se repite en la mayoría de los litigios climáticos que las empresas ganan formalmente: el proceso dura años, consume recursos legales considerables, genera cobertura mediática sostenida y construye jurisprudencia que estrecha el margen de maniobra futuro. Los tribunales, caso a caso, van delimitando qué puede decirse, qué debe hacerse y quién responde cuando no se hace. Eso ya es una transformación del entorno competitivo, con independencia del fallo concreto.

Los derechos humanos: una idea revolucionaria que todavía no hemos terminado de construir

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Era una afirmación extraordinaria. Y era, en buena medida, falsa: no como principio, sino como descripción del mundo. En ese mismo momento, cientos de millones de personas vivían bajo regímenes coloniales, dictaduras o sistemas de apartheid que sus propias potencias fundadoras sostenían o toleraban. La Declaración no describía la realidad de 1948. Describía el mundo que sus redactores querían construir. Esa distancia entre el principio y la realidad es, setenta y cinco años después, el tema más urgente de la política mundial.

Una idea que tardó siglos en formularse

La idea de que todos los seres humanos poseen derechos por el mero hecho de serlo es filosóficamente reciente. No tiene más de cinco siglos, y durante la mayor parte de ese tiempo fue minoritaria, perseguida o deliberadamente ignorada.

El primer debate sistemático sobre la dignidad universal ocurrió no en París ni en Filadelfia, sino en Valladolid, en 1550, cuando dos intelectuales españoles discutieron ante una junta de teólogos si los pueblos indígenas de América tenían los mismos derechos que los europeos. Bartolomé de las Casas defendió que sí. Juan Ginés de Sepúlveda argumentó que no. La junta nunca emitió un veredicto claro, pero el debate había ocurrido, y eso importaba: era la primera vez que una potencia colonial se preguntaba formalmente si tenía derecho moral a conquistar.

La IA fractura la realidad climática: ¿Cómo los algoritmos deciden lo que sabemos sobre el planeta?

Reseña del informe 'Impacto de la inteligencia artificial en la percepción del cambio climático y la distorsión del ecosistema informativo' (ITA-ECODES, 2026)

Dos personas que viven en la misma ciudad, con acceso a las mismas fuentes científicas, pueden estar construyendo percepciones radicalmente distintas sobre el cambio climático. No porque una mienta y la otra diga la verdad, sino porque los algoritmos que gestionan su dieta informativa les han servido versiones diferentes de la misma realidad. Eso no es una hipótesis ni un escenario futuro: es lo que documenta con metodología experimental el informe que acaban de publicar el Instituto Tecnológico de Aragón y la Fundación ECODES.

La investigación, desarrollada entre octubre de 2025 y junio de 2026 y premiada con el galardón AMETIC IA I+D 2026, parte de una constatación que ya circulaba en la literatura académica pero que pocas veces había recibido verificación empírica directa: la percepción social del cambio climático no depende únicamente de la evidencia científica disponible. Depende, en medida creciente, del ecosistema informativo que rodea a cada individuo. Y ese ecosistema lo configura, de forma opaca y personalizada, la inteligencia artificial.

Un problema con nombre propio

El informe pone nombre a algo que ocurre cada vez que alguien abre Google Discover en su teléfono. A diferencia de Google News, donde el usuario busca activamente, Discover es un feed pasivo que combina historial de búsqueda, ubicación, patrones de interacción y señales del Knowledge Graph (grafo de conocimiento) para decidir qué contenido aparece en pantalla. Sin que el usuario lo solicite ni lo sepa, el sistema ha tomado una decisión editorial. Y esa decisión, multiplicada por millones de usuarios con perfiles distintos, fragmenta la realidad informativa en enclaves que ya no comparten ni los datos de partida.

Una renta de transición tecnológica: la pieza que falta en la protección social ante la IA

Lo que dicen los experimentos reales y por qué la IA ha cambiado el debate

La renta básica universal lleva décadas generando discusiones en las que la posición de cada interlocutor suele anticiparse antes incluso de escuchar el argumento. Para unos es la respuesta natural a la precariedad estructural del trabajo; para otros, un incentivo a la inactividad financiado con impuestos que alguien tendrá que pagar. Las dos posturas se sostienen casi siempre sobre intuiciones, no sobre datos. Y los datos, después de varios experimentos reales en distintos países, ya existen.

Lo que ha cambiado en los últimos dos años no son esos datos, que llevan tiempo disponibles. Lo que ha cambiado es la pregunta a la que tienen que responder. Ya no se trata de si una sociedad debería garantizar un ingreso mínimo a toda su población de forma permanente, un debate filosófico de largo recorrido. Se trata de algo más concreto: qué hace una persona que pierde su empleo porque la inteligencia artificial ha asumido sus tareas, mientras intenta encontrar un lugar en un mercado laboral que cambia más rápido de lo que ella puede adaptarse.

Estas líneas revisan lo que los experimentos de renta básica han demostrado, distingue entre la renta básica universal como propuesta permanente y una variante más acotada que está empezando a discutirse en serio, y explica por qué esa variante podría ser una pieza necesaria de la protección social ante la IA, sin que eso signifique adoptar las versiones más maximalistas de la propuesta.

La formación que no llega a tiempo ante el avance de la IA

Por qué decirle a un trabajador desplazado que se forme no es una respuesta real

Cuando alguien pierde su trabajo por la automatización, la respuesta que recibe casi siempre incluye la misma palabra: formación. Los informes internacionales la mencionan, los gobiernos la prometen, los servicios de empleo la recomiendan. Es la respuesta políticamente más cómoda, porque no obliga a redistribuir nada: simplemente traslada al afectado la responsabilidad de adaptarse. El problema es que los sistemas de formación disponibles, tal como existen hoy, no están diseñados para lo que se les está pidiendo.

Estas líneas, analizan qué falla en la formación para el empleo tal como funciona actualmente, qué modelos alternativos están surgiendo en Europa, y qué haría falta para que la formación deje de ser una respuesta retórica y se convierta en una herramienta real de protección ante el desplazamiento tecnológico.

 

Un sistema diseñado para otro momento

La formación para el empleo en España y en buena parte de Europa sigue funcionando con una lógica de catálogo. La persona consulta la oferta disponible, elige un curso, lo completa, y espera que eso le abra alguna puerta. Es una lógica con décadas de antigüedad, pensada para un mercado laboral en el que los perfiles profesionales cambiaban despacio, los empleadores sabían con bastante certeza qué iban a necesitar dentro de cinco años, y las cualificaciones tenían una vida útil larga.

El día que la Administración Trump apagó la IA para el resto del mundo

12 de junio de 2026, a las 17:21 hora de la costa este, el Gobierno de Trump ordenó a 𝘈𝘯𝘵𝘩𝘳𝘰𝘱𝘪𝘤 suspender el acceso a sus modelos Fable 5 y Mythos 5 para cualquier ciudadano extranjero, incluidos los no estadounidenses físicamente en territorio americano.

𝘈𝘯𝘵𝘩𝘳𝘰𝘱𝘪𝘤 hizo lo único que podía hacer: desactivar ambos modelos para todos los usuarios del mundo, de forma inmediata.

No era un fallo técnico. Era una decisión política.

El motivo alegado es de seguridad nacional, vinculado a un supuesto método para hacer jailbreak a Fable 5. Anthropic discrepa y sostiene que es una vulnerabilidad estrecha, presente también en otros modelos, y critica la falta de un proceso transparente. La empresa calificó la orden de 𝘮𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘪𝘥𝘰 y trabaja para recuperar el acceso. Mientras tanto, el resto de sus modelos sigue operativo. Solo los más avanzados quedaron fuera de alcance.

Para un europeo, el episodio tiene una dimensión que va más allá del inconveniente de quedarse sin herramienta.