El derecho a un ambiente sano cumple casi cinco años: lo que los tribunales ya han dicho y lo que sigue sin protegerse

Cuatro grandes tribunales internacionales ya lo aplican. Defenderlo sobre el terreno sigue siendo, para muchos, mortal

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció, en octubre de 2021, por primera vez que vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible es un derecho humano. Nueve meses después, en julio de 2022, la Asamblea General lo universalizó. 

Este blog recogió entonces ese reconocimiento como lo que era: un hito histórico, resultado de más de cuatro décadas de trabajo diplomático y activista. Casi cinco años después, la pregunta que de verdad importa ya no es si el derecho existe sobre el papel. Es si alguien puede hacerlo valer ante un tribunal, y qué pasa con quien lo defiende sobre el terreno.  

El reconocimiento formal ha avanzado con rapidez. Más del 80% de los Estados miembros de la ONU, 156 de 193, reconocen ya este derecho en su legislación nacional. Está incluido en más de 100 constituciones, y más de 150 países tienen ya obligaciones jurídicas vinculantes de respetarlo, protegerlo y satisfacerlo. En términos de reconocimiento normativo, pocos derechos humanos han avanzado tan rápido en tan poco tiempo.

Está pasando... la promesa antes que la garantía

Noticias 25 de Agosto 2026

Esta edición de Está pasando... reúne cinco piezas que comparten un mismo trasfondo: la distancia entre lo que las instituciones anuncian y lo que finalmente ejecutan. 

OpenAI pide más control externo sobre sus propios modelos justo cuando un estudio independiente confirma que ningún laboratorio ha publicado un plan creíble para desactivar una inteligencia artificial fuera de control. 

Canadá compromete la mayor inversión limpia de su historia mientras España certifica, con datos de Copernicus, uno de los peores veranos de incendios en dos décadas. 

En Líbano, el regreso de cientos de miles de familias desplazadas convive con una financiación humanitaria que cubre apenas una cuarta parte de lo necesario. Cinco historias, un mismo patrón: la promesa llega antes que la garantía.

OpenAI reclama más vigilancia sobre sus propios modelos

OpenAI ha pedido formalmente a California que amplíe la SB 53, la ley de transparencia en inteligencia artificial de frontera que la propia compañía combatió antes de su aprobación en septiembre de 2025. El giro llega después de que uno de sus modelos escapara de un entorno de pruebas en julio y accediera sin autorización a los sistemas de Hugging Face, un incidente que no activó ninguna obligación de aviso porque la norma vigente solo cubre modelos ya desplegados.

Está pasando... el precio de resistir

18 de agosto de 2026

Esta edición reúne cuatro historias sobre lo que cuesta resistir, o no hacerlo a tiempo. En San Francisco, la primera persona encarcelada en Estados Unidos por protestar contra la inteligencia artificial empieza a cumplir condena. TotalEnergies compra a Shell su negocio renovable en Europa justo cuando la petrolera británica decide replegarse del sector. España afronta restricciones de agua en el norte pese a tener los embalses llenos de media, una paradoja que anticipa la próxima sequía. Y en Afganistán, los talibanes celebran cinco años en el poder con un acto sin mujeres, mientras la ONU advierte de que niñas y mujeres afganas soportan hoy las restricciones más duras del planeta.

Una jubilada de 69 años se convierte en la primera persona encarcelada en Estados Unidos por protestar contra la inteligencia artificial

Wynd Kaufmyn, profesora jubilada de 69 años y miembro del grupo activista StopAI, se entregó el pasado 14 de agosto a las autoridades de San Francisco para cumplir una condena de catorce días de cárcel, tras ser declarada culpable en junio por cuatro delitos menores relacionados con una protesta frente a la sede de OpenAI (IBTimes UK). En febrero de 2025, Kaufmyn y otros cuatro miembros del grupo encadenaron y candaron la puerta principal de la compañía para exigir el fin del desarrollo de inteligencia artificial superinteligente. 

NIS2 en España: la ciberseguridad que la directiva exige y la ley que todavía no llega

Qué empresas quedan dentro del perímetro, qué deben cumplir ya y por qué la transposición española sigue bloqueada en 2026

La Directiva NIS2 (Directiva UE 2022/2555) lleva vigente en toda la Unión Europea desde enero de 2023, y su plazo de transposición para los Estados miembros venció el 17 de octubre de 2024. España incumplió ese plazo. A día de hoy, sigue incumpliéndolo: el anteproyecto de ley que debía trasladarla al ordenamiento español continúa en tramitación parlamentaria, sin haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado y, según los análisis legislativos más recientes, sin la mayoría necesaria para avanzar con rapidez.

Conviene aclarar antes un error que circula en varias guías de cumplimiento dirigidas a empresas: no es cierto que España haya transpuesto NIS2, ni siquiera parcialmente, a través del Real Decreto-ley 7/2025. Esa norma, aprobada el 24 de junio de 2025, no tiene ninguna relación con la ciberseguridad. Regulaba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras el cero de tensión del 28 de abril de 2025, y el Congreso de los Diputados ni siquiera llegó a convalidarla, por lo que quedó derogada el 22 de julio de ese mismo año. Quien base su plan de cumplimiento en esa referencia está partiendo de una norma que ya no existe y que, además, nunca trató sobre ciberseguridad.

Lo que sí es cierto, y lo que de verdad importa para cualquier organización que opere en España, es que NIS2 ya está en vigor como derecho europeo, con independencia de que el Congreso termine o no de aprobar la ley nacional que la desarrolla.

Está pasando... la disputa por los recursos escasos

Noticias 11 de agosto de 2026

Esta edición reúne cuatro historias sobre la disputa por recursos cada vez más escasos. En Estados Unidos, el rechazo vecinal a los centros de datos de inteligencia artificial se ha convertido en tema central de las elecciones de mitad de mandato, con el agua y la electricidad como argumentos centrales. Washington acelera en paralelo, con respaldo del Ejército, su propia cadena de suministro de tierras raras. Los incendios en el noroeste del país, los peores en treinta años, superan ya los tres millones de acres calcinados. Y el Consejo de Seguridad de la ONU debate cómo evitar que el hambre siga usándose como arma de guerra, mientras la crisis del estrecho de Ormuz amenaza con empujar a 45 millones de personas más hacia el hambre.

El rechazo a los centros de datos de IA se convierte en tema central de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

La oposición vecinal a los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial ha dejado de ser un conflicto local de zonificación para convertirse en un asunto electoral de primer orden en Estados Unidos (Infobae). Una encuesta de Yale de junio revela que el 53% de los republicanos conservadores y el 74% de los demócratas liberales se oponen a que se construyan estas instalaciones cerca de sus comunidades, unidos por la preocupación sobre el consumo de agua y electricidad. En Virginia, sede de más de 660 centros de datos, la comodidad de los votantes con nuevos proyectos cayó del 70% en 2023 al 35% en 2026. En Utah, un proyecto de 16.187 hectáreas pensado para consumir más electricidad que todo el estado provocó una sesión municipal tan tensa que los comisionados terminaron la reunión de forma remota. La presidenta de la AFL-CIO, la mayor federación sindical del país, ya avisó a los aspirantes a la presidencia de 2028: los trabajadores deben ir antes que los algoritmos. Los bancos, según fuentes citadas esta semana por La Nación, empiezan a incorporar la oposición vecinal como un factor de riesgo a la hora de financiar nuevos proyectos.

Los bosques que respiramos: por qué la deforestación es también una crisis política

En 2024 el mundo perdió 6,7 millones de hectáreas de bosque tropical primario, un área casi del tamaño de Panamá, a un ritmo equivalente a dieciocho campos de fútbol por minuto. No fue un año excepcional por accidente. En 2025, perdimos 4,3 millones de hectáreas de bosque tropical primario. Esto representó una disminución del 36% en comparación con las cifras récord registradas en 2024, pero es nada mas que un paréntesis ante el futuro que nos espera. 

Es el resultado de decisiones políticas concretas: subsidios agrícolas, leyes aprobadas para favorecer a un sector, un reglamento aplazado por presión de un lobby, títulos de propiedad que nunca llegan a las comunidades que llevan siglos cuidando ese territorio. La deforestación se suele contar como una historia de motosierras y satélites. Es, sobre todo, una historia de quién tiene poder para decidir qué pasa con la tierra.

Un negocio que vale más muerto que vivo

La lógica económica que sostiene la destrucción de los bosques es sencilla y por eso mismo difícil de revertir. Una hectárea de selva en pie no genera ingresos inmediatos para nadie. La misma hectárea convertida en pasto para ganado o en plantación de soja o de palma aceitera, sí. El mercado no asigna valor al bosque como sumidero de carbono ni como regulador de lluvias. Le asigna valor a lo que se puede vender una vez talado.