18 noviembre 2026

Punto de vista... Ruanda y los centros de retorno de inmigrantes de la UE

Externalizar el asilo en Ruanda vulnera los principios que Europa dice defender

Europa ha decidido que los principios básicos también se pueden subcontratar.

El anuncio que Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia han llegado a un acuerdo con Ruanda para abrir el primer centro de retorno fuera de la Unión. Arrancaría en 2027 como proyecto piloto, con unas cien plazas, y recibiría a solicitantes de asilo rechazados con orden de salida firme. Los menores quedan excluidos. Alemania prevé destinar a quienes se nieguen a colaborar en la determinación de la identidad; Países Bajos, a hombres adultos de la región, etc. Los detalles siguen en negociación. No consta cuánto durará la estancia ni qué recibirá Ruanda a cambio. Mette Frederiksen dijo que el pacto cambia las reglas del juego. Tiene razón, y ahí está el problema.

En mi opinión es la claudicación de los principios éticos fundacionales de la Unión Europea, y de no parar esta iniciativa, puede ser el inicio de muchos atropellos contra la normativa internacional de Asilo y los derechos humanos.

El país elegido no es neutral. En 2023, el Tribunal Supremo del Reino Unido concluyó por unanimidad que Ruanda no es un tercer país seguro: apreció un riesgo real de devolución a lugares donde las personas podrían sufrir malos tratos y citó ejecuciones extrajudiciales, torturas y límites a la libertad de prensa. En septiembre de 2025, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que revisara la ayuda a instituciones ruandesas implicadas en detenciones arbitrarias, torturas o juicios injustos. Y el Tesoro de Estados Unidos sancionó en marzo a la Fuerza de Defensa de Ruanda y el 30 de octubre a su Ministerio de Defensa por el apoyo militar y financiero al grupo armado M23 en el este del Congo, cuyos abusos documenta Human Rights Watch. Cinco gobiernos europeos costearían, pues, la estancia de personas en un país con dudosa actividad en la protección de los derechos humanos.

La objeción merece respeto. Se habla de personas con la solicitud ya rechazada, y menos del 30 % de quienes reciben una orden de salida de la Unión regresan a su país de origen. Un sistema de asilo que no ejecuta las decisiones pierde credibilidad, y esa pérdida la explotan los partidos radicales y xenófobos que prometen cerrar las fronteras. Además, la reforma de retornos aprobada este año permite estos centros, y las autoridades los describen como un centro de acogida con libertad de movimiento, no como una cárcel.

Todo eso puede ser cierto y no resolver nada. Una orden de retorno firme no autoriza a enviar a una persona a un lugar donde correría riesgo, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo prohíbe. La libertad de movimiento llega prometida sin plazos ni garantías públicas. Y hay un detalle revelador: según fuentes conocedoras de la negociación, los servicios en Ruanda resultarían considerablemente más baratos que en Europa. Cuando una política que afecta a derechos se justifica por el ahorro, conviene preguntar qué sale más barato. 

Creo que la cuestión decisiva es la rendición de cuentas. ¿Quién supervisa el centro? ¿Ante qué tribunal recurre una persona expulsada a un país con el que no tiene vínculo alguno? Amnistía Internacional lo resume con una imagen, agujeros negros para los derechos humanos, y Eve Geddie, su directora para las instituciones europeas, pide a cualquier gobierno responsable que rechace estos planes de plano.

Hay alternativas, y ninguna es ingenua. Acuerdos de readmisión con los países de origen, negociados con contrapartidas reales. Procedimientos de asilo rápidos y con garantías, para que las decisiones lleguen en meses y no en años. Reparto efectivo de la responsabilidad entre los Estados, mediante la solidaridad que prevé el Pacto de Migración y Asilo. Vías legales de entrada que resten clientela a las mafias que se lucran con el tránsito. Y, si algún centro exterior llegara a existir, que ojala no sea así, supervisión judicial y parlamentaria independiente antes de la primera expulsión. Los precedentes confirman, Reino Unido, Italia, la dudosa legalidad ética y jurídica de este acuerdo y sus consecuencias.

Corresponde ahora a los demás Estados, España incluida, decir que no a este modelo. Europa reclama respeto a los derechos humanos en Kenia, en Ucrania y en medio mundo y es faro de su respeto. Esa exigencia vale para su cumplimiento en casa. El futuro de la Unión Europea como la conocemos esta en juego.