16 noviembre 2026

Evaluaciones de impacto en derechos humanos (HRIA): qué son, quién las encarga y por qué fallan

Una evaluación de impacto en derechos humanos bien hecha puede cambiar una decisión de inversión o las condiciones de un contrato con un proveedor. Mal hecha, produce un informe que se archiva. Buena parte de las que se conocen están más cerca del segundo caso que del primero, y la distancia entre ambos no depende del presupuesto ni de la metodología elegida. Depende de quién la encarga, cuándo, con quién y para qué.

Qué es una HRIA y qué no es


La HRIA, por sus siglas en inglés, es el proceso con el que una empresa identifica y valora cómo una actividad, un proyecto o un producto afecta, o puede afectar, a los derechos de las personas: trabajadores y comunidades, entre otros. Procede de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, aprobados por unanimidad en 2011. 
  • El Principio 18 exige evaluar los impactos reales y potenciales y hacerlo con una consulta efectiva a los grupos que puedan resultar afectados. 
  • Los Principios 19 y 20 completan el ciclo: integrar las conclusiones en la gestión y comprobar después si las medidas funcionan.
Dos distinciones evitan buena parte de los errores. La primera: la HRIA no equivale a la diligencia debida en su conjunto, sino que es uno de sus instrumentos, pensado sobre todo para proyectos, emplazamientos u operaciones concretas. La guía del Instituto Danés de Derechos Humanos, publicada en versión de prueba en 2016 y actualizada en 2020, la organiza en cinco fases: planificación y definición del alcance, recopilación de datos y línea de base, análisis de impactos, mitigación y gestión, e informe y evaluación. Fija además diez criterios de calidad, cinco de proceso y cinco de contenido.


La segunda distinción pesa más. Una HRIA no es un análisis de riesgos para la empresa. El riesgo que se mide es el de las personas, y la gravedad se juzga por la escala, el alcance y el carácter irremediable del daño, según los comentarios a los Principios Rectores. Un mapa que ordena los impactos por su efecto en la reputación de la compañía responde a otra pregunta, legítima pero distinta, que con frecuencia se presenta como si fuera esta.


Myanmar: la evaluación que llegó después


El ejemplo más citado es también el más instructivo. En 2018, Facebook encargó a la organización BSR una evaluación independiente de su papel en Myanmar. El trabajo se realizó entre mayo y septiembre, con una metodología basada en los Principios Rectores, y se publicó en noviembre. La financió la propia plataforma; BSR conservó el control editorial. Concluyó que, hasta 2018, la compañía no había hecho lo suficiente para evitar que el servicio se utilizara para fomentar la división e incitar a la violencia fuera de la red, y formuló recomendaciones en cinco áreas, entre ellas la gobernanza y la aplicación de las normas de contenido.

El informe fue muy franco, y por eso mismo incómodo. Llegó después de la ofensiva militar de 2017 contra los rohinyá, que Naciones Unidas ha calificado de genocidio. Una evaluación de impacto existe para anticipar, y esta documentó lo ya ocurrido. Meta sostiene hoy que las recomendaciones orientaron inversiones en moderación de contenidos y cambios en la gobernanza de sus políticas de derechos humanos. Puede que sea cierto. La secuencia, en cualquier caso, no tiene arreglo: el análisis de los riesgos para las personas se hizo cuando las personas ya habían pagado el coste.

Quién encarga, quién participa, quién la publica


El patrón de Myanmar se repite a menor escala. Una HRIA corporativa la encarga la empresa, la financia la empresa y con frecuencia decide la empresa si se publica y en qué versión. Eso no invalida el resultado por definición, pero crea un incentivo evidente: dar a conocer lo que menos incomoda. El académico James Harrison advertía ya en 2010 de que usar la etiqueta HRIA no garantiza que se apliquen las normas de derechos humanos.

Más de una década después, el problema persiste. Un documento de debate de 2023 del Instituto Danés de Derechos Humanos, el Centro sobre Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia y la clínica jurídica de Sciences Po identifica como defectos de la práctica actual la participación limitada de las personas afectadas y la desconfianza entre las partes. 

Su propuesta es una evaluación colaborativa, en la que comunidades, trabajadores y empresa diseñan y gobiernan el proceso de forma conjunta. Existen además evaluaciones lideradas por las propias comunidades, que parten de sus preocupaciones y no de las prioridades de la compañía. Oxfam publicó en 2023 un marco de criterios para juzgar la calidad de las HRIA que encargan las empresas, algo que no haría falta si la calidad pudiera darse por supuesta.

La participación es el punto donde más se disimula. Una consulta que consiste en entrevistar a líderes comunitarios durante una visita breve, con intérprete aportado por la empresa y sin acceso previo a la información, cumple el trámite y no satisface el Principio 18. Quien participa sin saber qué se evalúa ni qué se hará con sus respuestas aporta un testimonio, no una consulta.


El dato que lo resume


La World Benchmarking Alliance evaluó en 2024 a las 2.000 empresas más influyentes del mundo. El 80% obtuvo cero puntos en los pasos iniciales de la diligencia debida en derechos humanos, es decir, en la identificación y evaluación de riesgos e impactos y en la acción posterior. Y el 90% no alcanza siquiera la mitad de las expectativas sociales básicas que mide el estudio. El indicador refleja lo que las empresas muestran, no necesariamente lo que hacen. Pero ahí está el problema: una evaluación que no se publica no permite a nadie comprobar nada, ni a las personas afectadas ni a quienes invierten o regulan.
 

Lo que cambia la Ómnibus I


La Directiva 2026/470 (Ómnibus I), publicada el 26 de febrero de 2026 y en vigor desde el 18 de marzo, modifica la Directiva europea de diligencia debida (CS3D) en puntos que afectan de lleno a la práctica de la evaluación. Eleva el umbral de aplicación a más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación, lo que según estimaciones de despachos especializados reduce las empresas obligadas de unas 7.000 a unas 1.600. Aplaza la transposición a julio de 2028 y la aplicación general a julio de 2029. Elimina el régimen armonizado de responsabilidad civil de la UE y rebaja del 5% al 3% de la facturación mundial el tope de las sanciones.

Dos cambios tocan el núcleo de la evaluación. En el artículo 8, el inventario y la evaluación en profundidad de las áreas de mayor riesgo se sustituyen por un ejercicio exploratorio, basado en la información razonablemente disponible, de modo que solo los impactos más probables y graves reciben un análisis detallado. Y se restringen las fases de consulta obligatoria con las partes interesadas. Menos profundidad y menos voz para los afectados, justo en los puntos donde las HRIA ya flaqueaban.
 
Además, la directiva no obliga a realizar una evaluación de impacto en derechos humanos  propiamente dicha. Lo que exige es un proceso para identificar y evaluar impactos, que cada empresa puede cumplir con las herramientas que prefiera. Eso significa que quien se limite a lo que marca la ley acabará evaluando menos y con menos participación de los afectados en detrimento de la protección de los derechos humanos. Así, la brecha en relación los Principios Rectores es mayor, ya que desde 2011 se aplican a todas las empresas sin importar su tamaño. 

Hay que reseñar que las compañías que ahora quedan por debajo del umbral por la Directiva, tampoco se libran por completo: seguirán recibiendo requerimientos de diligencia debida de sus grandes clientes, que sí están obligados a pedirlos.

La IA, la siguiente prueba


El Reglamento de IA incorporó, en su artículo 27, una evaluación de impacto sobre derechos fundamentales que deben realizar, antes del despliegue de un sistema de alto riesgo, los organismos públicos y las entidades privadas que prestan servicios públicos, así como quienes empleen sistemas de evaluación de solvencia o de fijación de precios de seguros de vida y salud. Debe describir el uso previsto, los grupos afectados, los riesgos, la supervisión humana y las medidas de mitigación, y complementa la evaluación de impacto en protección de datos.

El Ómnibus Digital sobre IA (Reglamento 2026/1744, en vigor desde el 27 de julio de 2026) ha aplazado al 2 de diciembre de 2027 las obligaciones de alto riesgo del anexo III, entre ellas la Evaluación de Impacto en los Derechos Fundamentales. Queda tiempo para decidir qué clase de evaluación será. Un análisis jurídico internacional ya la describe como, ante todo, un requisito de documentación. Si se cumple como un formulario que rellena el equipo jurídico de quien despliega el sistema, sin hablar con las personas sobre las que el sistema decidirá (solicitantes de crédito, por ejemplo), reproducirá el defecto central de la HRIA corporativa. El precedente existe, y el aviso también.


Cómo se debe hacer bien


Cuatro condiciones separan una HRIA útil de una decorativa


El momento. Antes de entrar en un mercado, de adquirir un activo o de lanzar un producto, y con capacidad real de modificar o detener la decisión. Si el resultado no puede cambiar nada, la evaluación certifica lo que ya estaba decidido.

La participación. Los titulares de derechos intervienen desde la definición del alcance, no solo como fuente de entrevistas, con información accesible, en su idioma y con garantías frente a represalias.

La independencia y la publicidad. El control editorial del equipo evaluador, como el que conservó BSR, es necesario y no basta. Hace falta publicar la evaluación o un resumen sustancial que incluya los hallazgos desfavorables. Lo que no se publica no se puede verificar.

El seguimiento. Cada hallazgo exige un responsable, un plazo y un indicador, y una revisión cuando cambie el contexto. Los Principios 20 y 22 de los Principios Rectores de Naciones Unidas piden comprobar la eficacia de las medidas y reparar los daños a los que la empresa haya contribuido.
Hay una prueba sencilla para juzgar cualquier evaluación, propia o ajena: preguntar qué decisión cambió. Si la respuesta es ninguna, lo que se tiene entre manos es un informe. 
La evaluación voluntaria no sustituye a la obligación legal, pero mientras esta se retrasa es lo único que hay, y merece exigirse con el rigor de una auditoría. 
Lamentablemente, las personas afectadas por la actividad de una empresa en 2026 no cuentan con un calendario de transposición.

Referencias

· Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (2011), Principios 14, 18 a 20 y 22.

· Instituto Danés de Derechos Humanos, HRIA Guidance and Toolbox (2016, act. 2020) https://www.humanrights.dk/hria-toolbox/

· BSR, Human Rights Impact Assessment: Facebook in Myanmar (2018); comunicado de Facebook https://about.fb.com/news/2018/11/myanmar-hria/

· Meta, Impact Assessment for Myanmar https://humanrights.fb.com/blog/myanmar/

· Harrison, J., Measuring Human Rights: Reflections on the Practice of HRIA (Universidad de Warwick, 2010) https://gsdrc.org/document-library/measuring-human-rights-reflections-on-the-practice-of-human-rights-impact-assessment-and-lessons-for-the-future/

· Danish Institute for Human Rights, CCSI y Sciences Po, A Collaborative Approach to Human Rights Impact Assessment (2023) https://ccsi.columbia.edu/sites/default/files/content/CHRIAs_BriefingNote_Web.pdf

· Oxfam, Human Rights Impact Assessment Framework (2023) https://policy-practice.oxfam.org/resources/human-rights-impact-assessment-framework-621501/

· World Benchmarking Alliance, Social Benchmark 2024 (nota de prensa reproducida) https://www.evidensia.eco/resources/90-of-worlds-2000-most-influential-companies-do-not-meet-societal-expectations-on-human-rights/

· Directiva (UE) 2026/470 (Ómnibus I): Cuatrecasas, aspectos clave en materia de diligencia debida https://www.cuatrecasas.com/es/spain/sostenibilidad/art/directiva-omnibus-i

· Cuatrecasas, Aprobación de la Omnibus I (umbrales y empresas afectadas) https://www.cuatrecasas.com/es/spain/sostenibilidad/art/omnibus-i-aprobacion

· PwC Tax & Legal, La publicación de la Directiva Ómnibus I (artículo 8 de la CS3D) https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/la-publicacion-de-la-directiva-omnibus-i-arroja-luz-sobre-el-regimen-de-informacion-y-diligencia-debida-en-sostenibilidad/

· Reglamento (UE) 2024/1689, artículo 27 (Servicio de Ayuda de la Ley de IA, Comisión Europea) https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/es/ai-act/article-27

· A&O Shearman, Zooming in on AI: EU AI Act focus on the FRIA https://www.aoshearman.com/insights/ao-shearman-on-tech/zooming-in-on-ai-13-eu-ai-act-focus-on-fundamental-rights-impact-assessment-for-high-risk-ai-systems

· Economist & Jurist, Reglamento Europeo de IA tras el Ómnibus (Reglamento (UE) 2026/1744) https://www.economistjurist.es/zbloque-1/reglamento-europeo-de-ia-tras-el-omnibus-que-obligaciones-y-sanciones-ya-son-exigibles-en-agosto-de-2026/

#DerechosHumanos #EmpresasYDerechosHumanos #DiligenciaDebida #HRIA #Sostenibilidad #BusinessAndHumanRights #HumanRights #DueDiligence #CSDDD #UNGPs #ESG

Para la elaboración de este artículo se han utilizado herramientas de IA en las fases de investigación previa, corrección de texto y edición gráfica.