Hace unas semanas, el comité del Nobel de la Paz premió a Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional. Pocas horas después, Estados Unidos sancionó a la propia Corte. Desde entonces corre un plazo: el 7 de abril de 2027, las sanciones empiezan a aplicarse sin red. Lo que se discute no es solo el futuro de un tribunal, sino si el derecho internacional es un orden o un acuerdo que solo obliga a quien no puede evitarlo.
Un Nobel por la mañana y una lista negra por la tarde
El comité del Nobel explicó que quería lanzar un recordatorio en un momento en que los jueces y las instituciones del derecho internacional sufren ataques políticos. La respuesta llegó el mismo día. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en un vídeo que Washington prohibía las transacciones con la Corte para dejarla sin recursos y sin capacidad de funcionar. Planteó una alternativa: o la Corte renuncia a lo que él llama amenazas contra los estadounidenses, o Estados Unidos acabará con ella ladrillo a ladrillo. Un claro ataque contra la justicia internacional.
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| Justicia bajo asedio: El Palacio de la Corte Penal Internacional en La Haya se enfrenta al impacto de las tensiones geopolíticas y las sanciones financieras de la OFAC estadounidense. |
Hasta entonces, las sanciones recaían sobre personas. Ahora recaen sobre la institución, incluida en la lista de entidades bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC).
La Corte nunca fue universal. Lo que se ataca ahora es la pregunta que la hizo posible, la misma que Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, como hemos visto en otras entradas del blog, se plantearon en el siglo XVI: si existe un derecho que ningún poder puede declararse exento de cumplir.
Qué es la Corte y qué no
El Estatuto de Roma se adoptó en 1998 y entró en vigor en 2002. Lo han ratificado 125 Estados. La Corte juzga a personas, no a Estados, por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Y actúa por complementariedad: solo interviene cuando los tribunales nacionales no quieren o no pueden hacerlo.
No es un órgano de Naciones Unidas ni debe confundirse con la Corte Internacional de Justicia, que resuelve disputas entre Estados. Tampoco es universal en sentido estricto. Faltan Estados Unidos, que firmó el tratado con Clinton y nunca lo ratificó, además de Israel, Rusia, China y la India.
Su competencia se apoya en dos criterios: los delitos cometidos en el territorio de un Estado parte y los cometidos por un nacional de un Estado parte. Ahí está el nudo del conflicto. Si el crimen ocurre en territorio de un Estado parte, la nacionalidad del acusado no cuenta. Palestina es parte, y en 2021 los jueces de la Corte resolvieron, por mayoría, que su competencia territorial alcanza a Gaza y a Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Washington e Israel rechazan esa lectura.
En Valladolid, en 1550, un imperio detuvo sus conquistas para preguntarse si tenía derecho a ellas y no llegó a ningún veredicto. Roma, en 1998, fue el intento de que la respuesta dejara de depender de la conveniencia de cada potencia.
Gaza: dos tribunales, dos preguntas
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI) tienen sede en La Haya y nombres parecidos, pero son instituciones distintas, con funciones distintas. La CIJ es el órgano judicial de Naciones Unidas y resuelve disputas entre Estados. La CPI es un tribunal independiente, creado por el Estatuto de Roma, y juzga a personas.
Ante la CIJ, Sudáfrica demandó a Israel el 29 de diciembre de 2023 por violar la Convención contra el Genocidio. Es un litigio entre dos Estados, y lo que se dirime es la responsabilidad de uno de ellos. La CIJ ha dictado tres órdenes de medidas provisionales, que son vinculantes, pero ha precisado que no prejuzgan el fondo del asunto. Israel presentó su contramemoria en marzo de 2026, con objeciones a la competencia de la Corte. Sudáfrica tiene hasta el 22 de noviembre de 2027 para replicar e Israel hasta el 22 de mayo de 2029 para duplicar. España se incorporo al procedimiento en junio de 2024.
Ante la CPI, la cuestión es otra: la responsabilidad penal de individuos concretos. El 21 de noviembre de 2024, los jueces emitieron órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra, entre ellos el hambre como método de guerra, y por crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024. Israel niega los crímenes y la competencia de la Corte. La Sala de Apelaciones le reconoció en abril de 2025 el derecho a plantear esa impugnación, pero las peticiones posteriores para anular las órdenes han fracasado, y siguen en vigor.
Otro organismo, la Comisión de Investigación de Naciones Unidas que presidía la nobel Pillay concluyó en septiembre de 2025 que Israel había cometido cuatro de los cinco actos genocidas que define la Convención. Es un informe de expertos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos. No es una sentencia y no vincula a ningún tribunal.
La ofensiva de Washington
El 6 de febrero de 2025, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14203, que autoriza sanciones contra quienes colaboren con investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Estados Unidos o sus aliados. Desde entonces la escalada ha sido continua. Khan fue el primer sancionado. En junio de 2025 llegaron cuatro jueces, en agosto otros cuatro cargos, entre ellos los dos fiscales adjuntos, y en diciembre dos jueces más. El 13 de julio de 2026 Rubio presentó una campaña para desmantelar la Corte. El 18 de agosto sancionó a su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, y a un abogado de juicios. La Corte cuenta ya trece personas sancionadas.
El 9 de octubre llegó el salto final. La designación bloquea los bienes de la Corte bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a personas y empresas de Estados Unidos operar con ella. Una licencia general permite, hasta el 7 de abril de 2027, seguir pagando salarios y alquileres. Otras licencias cubren por separado la informática en la nube y la custodia de nueve detenidos. Pasada esa fecha, el banco, la aseguradora o el proveedor de nube con presencia en Estados Unidos que siga trabajando con la Corte arriesga sanciones propias. Rubio presentó el plazo como una oportunidad para que los Estados parte negocien una solución.
El argumento de Washington es de soberanía: la Corte no puede juzgar a ciudadanos estadounidenses, y ambos partidos coinciden en ello. Como política de un Estado que no ratificó el tratado, es una posición defendible. Deja de serlo cuando sirve para castigar a jueces y fiscales que investigan a ciudadanos de otros países por hechos ocurridos en Estados que sí aceptaron la jurisdicción, y a quienes los apoyan. Se puede discutir la regla del Estatuto sobre territorio y nacionalidad. No procede tratarla como un delito de quienes la aplican.
La reacción de Naciones Unidas fue inmediata. El secretario general, António Guterres, calificó las medidas de golpe grave a la justicia penal internacional, y un grupo de expertos independientes las describió como un asalto a los cimientos de la rendición de cuentas.
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Sobre la mesa de la ley: Documentos oficiales de la Corte Penal Internacional y el mazo judicial junto a un mapa de Gaza y el Mediterráneo oriental, reflejando el inicio de procesos claves en la región. |
Europa y su elección
Las reacciones europeas han sido rápidas y firmes en el tono. La Alta Representante lamentó profundamente las sanciones, en nombre de la Unión, y pidió revocarlas por vía diplomática. Los ministros de Exteriores reafirmaron el 12 de octubre su voluntad de proteger a la Corte. El Consejo Europeo ofreció el 16 de octubre todas las medidas necesarias y encargó a la Comisión iniciativas para mitigar el impacto. El 22 de octubre, el Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov a la Corte y a su personal.
Falta el instrumento. El estatuto de bloqueo de 1996 prohíbe a las empresas europeas acatar sanciones extraterritoriales de terceros países, pero solo protege frente a las normas enumeradas en su anexo, que hoy recoge las medidas estadounidenses sobre Cuba e Irán. Para amparar a la Corte, la Comisión tendría que añadir la Orden Ejecutiva 14203. El 14 de octubre, su portavoz dijo que el estatuto podía formar parte de la respuesta, pero que todavía no se estaba en ese punto, y que la prioridad eran las conversaciones con Washington. Cincuenta y ocho eurodiputados pidieron activarlo de inmediato o, como mínimo, al terminar el plazo de 180 días.
España pidió esa activación en mayo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió el 6 de mayo a Ursula von der Leyen para reclamar que las sanciones contra la relatora de la ONU Francesca Albanese y contra los jueces y fiscales de la Corte no surtieran efecto en la Unión. Cinco meses después, la petición sigue sin traducirse en un acto jurídico.
Un premio no paga nóminas, y una declaración no impide que un banco cierre una cuenta por miedo a una multa. La diferencia entre defender a la Corte y aparentar que se la defiende se verá antes de abril.
Lo que decidirá el asunto
Tres fechas ordenan lo que viene. El 7 de abril de 2027 vence la licencia general que sostiene el funcionamiento ordinario de la Corte. En junio de 2027 la Asamblea de los Estados Partes debe elegir un nuevo fiscal.
En Valladolid, la junta convocada por el emperador no emitió dictamen, y ese silencio sirvió a quien más lo necesitaba. La Corte Penal Internacional es el intento, casi cinco siglos después, de que la pregunta tenga respuesta con jueces y con procedimiento, y no con la conveniencia de cada potencia.
La Corte Penal Internacional advirtió el 9 de octubre que la historia juzgará este momento. Ahora los Estados que la crearon tienen que decidir si dejan que vuelva el silencio.
Esta entrada se publico antes en Perspectiva Global.