Punto de vista... La administración Trump ha decidido que la "inteligencia artificial" ya no se llamara así

Mediante un decreto presidencial, las agencias federales han sido instruidas para utilizar el término 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 (SI) y, según ha declarado el propio presidente, quienes continúan empleando el término original serán tachados de 𝘦𝘯𝘦𝘮𝘪𝘨𝘰𝘴

Como profesionales del sector, nos debe preocupar mucho estas intenciones.

No se trata solo de un problema político, sino también técnico y semántico. La propia definición de 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 ha existido y se ha utilizado desde hace décadas, y se refiere a un nivel de inteligencia mucho mayor que el de una persona y superior en todos los ámbitos. Se trata de una tecnología teórica que todavía no existe todavía, sobre la que se podría hablar en los círculos más altos de la industria pero lejos de la realidad del día a día.

Utilizar 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 para referirse a los modelos actuales, desde asistentes de código hasta generadores de texto, no solo es inexacto: también es una práctica que nos perjudica en última instancia. Por muy arrogantes que sean nuestras declaraciones sobre la capacidad de realización instantánea y la omnipotencia, todo sistema debe tener una especificación clara para que se le pueda regular. Es una forma de inflar expectativas y, paradójicamente, de dificultar la rendición de cuentas.

Punto de Vista...El Pacto de Migración y Asilo exige firmeza a unos y se la perdona a otros

El Pacto de Migración y Asilo se aplica desde el 12 de junio y ya se sabe qué parte funciona. La que cierra.

El objetivo de reubicación para este primer año era de 21.000 personas. Los Estados se han comprometido a acoger a menos de la mitad, y Hungría y Eslovaquia no han ofrecido una sola plaza. La cifra ya era un recorte: la Comisión proponía 30.000 y los Veintisiete la rebajaron, con la abstención de España. La solidaridad nació pequeña. Ha quedado más pequeña todavía.

Lo restrictivo, en cambio, avanza sin esperar a nadie. Human Rights Watch advirtió, al entrar en vigor el pacto, de que el Reglamento de Crisis permite negar el derecho a solicitar asilo ante una afluencia masiva o una instrumentalización de la migración por un tercer país, supuestos que la norma define con vaguedad. Creo que ahí está el riesgo mayor. Un concepto elástico se vuelve peligroso cuando quien puede invocarlo tiene interés en hacerlo.

Esta pasando... Gobernanza democrática de la IA, crisis de biodiversidad y transición energética

Noticias del 13 de Octubre 2026

Los acontecimientos de los últimos días muestran la interconexión entre la regulación tecnológica, la protección ambiental y la salvaguarda de las libertades fundamentales. Mientras los organismos internacionales insisten en la primacía de las instituciones democráticas para gobernar los sistemas de inteligencia artificial frente a los modelos de autorregulación corporativa, los datos científicos alertan sobre el deterioro del patrimonio natural global. La transformación de los modelos productivos exige situar la justicia social y el interés público en el centro de las decisiones gubernamentales e industriales.

Las instituciones democráticas reclaman el control sobre el desarrollo de la inteligencia artificial

El Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial ha manifestado que los Estados democráticos deben liderar la regulación de los sistemas avanzados de inteligencia artificial. Esta posición rechaza la autorregulación privada promovida por grandes corporaciones tecnológicas y subraya la necesidad de marcos jurídicos vinculantes. El debate coincide con el despliegue del Reglamento Europeo de IA, instrumento que busca mitigar riesgos de discriminación y manipulación masiva. La intervención pública resulta indispensable para proteger los derechos civiles frente a la concentración de poder en los mercados digitales. La regulación efectiva debe garantizar la transparencia algorítmica y la rendición de cuentas mediante controles externos e independientes. Leer información completa sobre el pronunciamiento del Consejo Asesor Internacional de IA.

La IA en la sanidad pública: promesas de equidad y riesgos de exclusión

 "Equidad" es la palabra más repetida en los documentos que, en el último año, han definido la introducción de la inteligencia artificial en los sistemas sanitarios, tanto españoles como europeos.

La Estrategia de Inteligencia Artificial para el Sistema Nacional de Salud (eIASNS), aprobada por el Consejo Interterritorial en noviembre de 2025, hace referencia a ella. El Reglamento europeo sobre IA también lo menciona. El Espacio Europeo de Datos Sanitarios, una iniciativa de la Comisión Europea, está concebida para promover la equidad. Ninguno de estos documentos institucionales indica su intención de excluir a nadie. Lo que no se dice tan claramente es que la distancia entre lo que prometen los marcos normativos y lo que una aplicación descentralizada, con recursos desiguales y en fase de desarrollo , puede ofrecer, no será precisamente el factor determinante que explique cómo la realidad difiere de lo esperado.

Este artículo aborda tres aspectos concretos. En primer lugar, la posible influencia sesgada que puede derivarse del uso de algoritmos cuyos datos de aprendizaje no son representativos . En segundo lugar, las diferencias en el nivel de madurez digital en las distintas regiones, una cuestión con la que ninguna estrategia nacional ha logrado superar aún, y en tercer lugar, la gente que prefiere o que no puede utilizar una pantalla para comunicarse con el sistema sanitario. Todos ellos parecen contradecir la promesa de que ofrece la inteligencia artificial de ser una herramienta de mejora.

La arquitectura que promete equidad

La eIASNS organiza el despliegue de estas tecnologías en un sistema sanitario descentralizado en diecisiete comunidades autónomas. Está dotada con 223 millones de euros y se articula en torno a cinco objetivos: una visión común sobre el papel de la IA, procedimientos compartidos para evaluar las soluciones, estructuras y roles específicos en cada comunidad, formación continua del personal sanitario y un marco reforzado de equidad, transparencia, explicabilidad y responsabilidad. El diseño prevé además la participación de pacientes, profesionales y ciudadanía en la validación de las herramientas que se vayan incorporando.

Punto de vista.... Aplazar no es simplificar

 Bruselas lo llama simplificar. Yo lo llamo aplazar.

La normativa europea sobre inteligencia artificial , que entró en vigor el 2 de agosto de 2026 , establecía que debían cumplirse requisitos específicos para los sistemas de alto riesgo, como los que evalúan a los candidatos en un proceso de selección o conceden créditos a una persona. A partir de esta fecha, se ha ampliado el plazo en casi dieciséis meses, hasta el 2 de diciembre de 2027, a pesar de estar legalmente obligados a hacerlo.

Hay una razón, y conviene decirla. La propuesta de la Comisión, que entró en vigor el 27 de julio de 2023, ha tenido que aplazarse debido a la incapacidad de los organismos de normalización europeos para producir las normas técnicas pertinentes que ayudarían a saber cómo cumplir los requisitos. Exigir cumplimiento sin saber cómo demostrarlo habría sido un caos jurídico.

La vivienda como frente de batalla: ¿ por qué las calles de España son una vanguardia del movimiento ciudadano que el mundo necesita?

Las plazas de Madrid, Barcelona, ​​Málaga y Palma llevan semanas llenándose de pancartas, cacerolas y consignas contra los fondos de inversión buitres. La situación actual en España sobre la vivienda es una especie de vanguardia del movimiento de justicia global que , según el informe del Global Justice Project, es quizás la única fuerza capaz de superar, ya sabes, el ultraliberalismo. Un movimiento ciudadano, alimentado por organizaciones de base amplias y diversas, que deben llegar hasta lo más alto de la política.

Nombre y apellido de un problema

La crisis de la vivienda en España no es fruto del azar ni de una ley natural del mercado. Es el resultado lógico de una ideología que prioriza el beneficio privado sobre el bien común, el mismo diagnóstico que el informe aplica a la crisis climática y que resulta perfectamente trasladable al mercado inmobiliario español. Los fondos de inversión que compran bloques enteros, los alquileres turísticos que vacían los barrios de vecinos y la pasividad de sucesivos gobiernos ante la especulación son manifestaciones locales de una misma lógica global: la que convierte derechos básicos en activos financieros.

No es casualidad que las plataformas de vivienda en España hayan empezado a hablar, como hacen los movimientos reunidos en la Cumbre de los Pueblos de Belém, de falsas soluciones: ayudas puntuales al alquiler, bonos fiscales o promesas de construcción que nunca llegan, mientras el problema de fondo, la mercantilización radical de un derecho constitucional, permanece intacto.