Punto de vista.... Aplazar no es simplificar

 Bruselas lo llama simplificar. Yo lo llamo aplazar.

La normativa europea sobre inteligencia artificial , que entró en vigor el 2 de agosto de 2026 , establecía que debían cumplirse requisitos específicos para los sistemas de alto riesgo, como los que evalúan a los candidatos en un proceso de selección o conceden créditos a una persona. A partir de esta fecha, se ha ampliado el plazo en casi dieciséis meses, hasta el 2 de diciembre de 2027, a pesar de estar legalmente obligados a hacerlo.

Hay una razón, y conviene decirla. La propuesta de la Comisión, que entró en vigor el 27 de julio de 2023, ha tenido que aplazarse debido a la incapacidad de los organismos de normalización europeos para producir las normas técnicas pertinentes que ayudarían a saber cómo cumplir los requisitos. Exigir cumplimiento sin saber cómo demostrarlo habría sido un caos jurídico.

La vivienda como frente de batalla: ¿ por qué las calles de España son una vanguardia del movimiento ciudadano que el mundo necesita?

Las plazas de Madrid, Barcelona, ​​Málaga y Palma llevan semanas llenándose de pancartas, cacerolas y consignas contra los fondos de inversión buitres. La situación actual en España sobre la vivienda es una especie de vanguardia del movimiento de justicia global que , según el informe del Global Justice Project, es quizás la única fuerza capaz de superar, ya sabes, el ultraliberalismo. Un movimiento ciudadano, alimentado por organizaciones de base amplias y diversas, que deben llegar hasta lo más alto de la política.

Nombre y apellido de un problema

La crisis de la vivienda en España no es fruto del azar ni de una ley natural del mercado. Es el resultado lógico de una ideología que prioriza el beneficio privado sobre el bien común, el mismo diagnóstico que el informe aplica a la crisis climática y que resulta perfectamente trasladable al mercado inmobiliario español. Los fondos de inversión que compran bloques enteros, los alquileres turísticos que vacían los barrios de vecinos y la pasividad de sucesivos gobiernos ante la especulación son manifestaciones locales de una misma lógica global: la que convierte derechos básicos en activos financieros.

No es casualidad que las plataformas de vivienda en España hayan empezado a hablar, como hacen los movimientos reunidos en la Cumbre de los Pueblos de Belém, de falsas soluciones: ayudas puntuales al alquiler, bonos fiscales o promesas de construcción que nunca llegan, mientras el problema de fondo, la mercantilización radical de un derecho constitucional, permanece intacto. 

Está pasando... Autorregulación en la Casa Blanca y vivienda en la calle

Edición del martes 6 de octubre de 2026

Esta edición gira en torno a una distancia, la que separa a quien decide de quien soporta las consecuencias. Washington confía la seguridad de la inteligencia artificial a un pacto voluntario entre las empresas que la desarrollan, mientras en España decenas de miles de personas salen a la calle para que el derecho a la vivienda deje de ser una declaración. La ciencia del clima aporta las cifras que explican por qué esperar sale caro. California permite a los inquilinos generar electricidad en el balcón, y un tribunal iraquí juzga a miles de detenidos cuyo proceso medirá la solidez de las garantías. Un Nobel recuerda que la curiosidad básica acaba produciendo herramientas que nadie planificó.

La seguridad de la IA queda en manos de quienes la desarrollan

El 29 de septiembre, Trump reunió en la Casa Blanca a los máximos responsables de las principales empresas de inteligencia artificial. Seis directivos firmaron un documento voluntario de una página, que el presidente calificó de «moralmente vinculante», con cuatro capas de control: evaluaciones internas, auditorías de firmas externas, revisión de los consejos de administración y reuniones periódicas para fijar estándares. Cinco días después, Trump anunció la Fuerza de la Superinteligencia, un comité dirigido por el jefe de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, con 120 días para elaborar un informe sobre riesgos y oportunidades. Un decreto previo obliga además a las agencias federales a sustituir «inteligencia artificial» por «superinteligencia» en sus comunicaciones.

Las empresas que no miden su riesgo de biodiversidad ya lo están pagando en su coste de capital

El coste de capital de una empresa ya refleja, en cierta medida, su vulnerabilidad ante la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la compañía aún no cuenta con una evaluación interna y específica de dicha exposición. Esta brecha entre lo que el mercado ya descuenta y lo que la propia empresa conoce acerca de sus riesgos vinculados a la naturaleza constituye hoy el principal riesgo financiero asociado a la biodiversidad.

La evidencia empírica lleva varios años acumulándose. Tras la Declaración de Kunming de octubre de 2021, que cerró la primera fase de la COP15 sobre biodiversidad, y tras el lanzamiento casi simultáneo del Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), las acciones de empresas con huellas de biodiversidad más elevadas perdieron valor de forma medible en los días posteriores a ambos anuncios.

Los resultados indican que los inversores han comenzado a exigir una prima de riesgo ante la perspectiva, y la incertidumbre, de futura regulación o litigios para preservar la biodiversidad. No es un efecto puntual: los aumentos en la exposición regulatoria de las empresas al riesgo de biodiversidad se asocian con mayores diferenciales de rentabilidad en bonos a largo plazo, un efecto que se intensifica desde la COP15.

La revisión de precios vinculada al riesgo de biodiversidad no afecta únicamente a las acciones y a la deuda. Las empresas con mayor exposición a este riesgo tienden a presentar un coste implícito de capital propio más elevado, lo que sugiere que los inversores reclaman una mayor rentabilidad como compensación. Incluso las firmas auditoras, tradicionalmente entre los agentes más prudentes del sistema financiero, comienzan a incorporar esta exposición en sus tarifas. La señal es clara y consistente: la biodiversidad ya no se percibe solo como una cuestión reputacional, sino como un factor que influye directamente en la fijación de precios financieros.

Y sin embargo, la mayoría de las empresas no lo sabe, o no actúa como si lo supiera. Menos del 25% de las compañías cree que los inversores evalúan cómo estos riesgos afectan a sus flujos de caja o a su coste de capital, y los propios participantes del mercado no consideran que la valoración actual del riesgo de biodiversidad en la renta variable sea adecuada.

Está pasando... La IA acelera sola y lo demás llega tarde

Noticias 29 de septiembre de 2026

Hay asuntos que avanzan más deprisa que las instituciones encargadas de vigilarlos y otros que llegan con años de retraso. La investigación en inteligencia artificial la ejecutan ya, en buena medida, las propias máquinas, y veintidós expertos reclaman a los Estados que reaccionen antes de perder el control. La FAO calcula que restaurar la tierra degradada rentaría más de lo que cuesta. Bruselas deja publicadas las normas de información de sostenibilidad más ligeras, y un tribunal colombiano condena por fin a la cúpula del ELN por reclutar a sesenta menores. La pregunta común es quién marca el ritmo y quién paga la demora.

Veintidós expertos piden a los Estados que se adelanten a la IA que se programa sola

Veintidós especialistas en inteligencia artificial, entre ellos Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio, han firmado un artículo con la unidad de IA de la Universidad de Cambridge en el que reclaman una legislación más proactiva, según recoge EFE. El texto sostiene que el código con que se desarrolla la IA ya no es obra de personas, sino de procesos automáticos de la propia tecnología, algo nuevo respecto a hace un año. Avances que tardaban años llegan ahora en meses, y el riesgo que señalan es concreto: que las capacidades crezcan más rápido de lo que la sociedad puede asimilar y que el reparto de poder entre Estados y compañías privadas quede muy alterado.

Está pasando... llegar a tiempo

Noticias 14 de septiembre de 2026

Esta edición combina intentos de anticipar el futuro con la constatación de lo que ocurre cuando no se llega a tiempo. El equipo de economía de Anthropic modela cómo podría transformarse la economía estadounidense hasta 2030, mientras California blinda por ley a los menores frente a los chatbots que se hacen pasar por sus amigos. En paralelo, Aena inaugura en Barajas el mayor parque solar de un aeropuerto europeo, un paso hacia la autonomía energética, justo cuando la riada provocada por el colapso de un lago glaciar entre Nepal y Tíbet deja ya más de mil muertos y revela lo que cuesta no tener sistemas de alerta a tiempo.

Anthropic modela cómo podría transformar la economía estadounidense en 2030

El equipo de economía de Anthropic ha publicado el Econ Scenario Explorer, una herramienta interactiva que proyecta el efecto de la inteligencia artificial sobre el crecimiento, el empleo y los salarios de Estados Unidos hasta 2030. A diferencia del Economic Index de la propia compañía, que mide cómo se usa la IA hoy, este modelo mira hacia delante y descompone cada profesión en tareas concretas, siguiendo la taxonomía O*NET del Departamento de Trabajo estadounidense, en lugar de tratar empleos completos como bloques homogéneos. Ofrece tres escenarios: uno modesto, con un efecto comparable al de internet y el desempleo estable en el 3,9%; uno sustancial; y otro extremo, en el que el producto interior bruto crece un 32,4% hasta los 44,4 billones de dólares, pero el desempleo entre trabajadores del conocimiento alcanza el 17,9% y su salario cae más de un 10%, mientras la participación del trabajo en la renta nacional cae del entorno del 60% actual al 45,2%.