Las plazas de Madrid, Barcelona, Málaga y Palma llevan semanas llenándose de pancartas, cacerolas y consignas contra los fondos de inversión buitres. La situación actual en España sobre la vivienda es una especie de vanguardia del movimiento de justicia global que , según el informe del Global Justice Project, es quizás la única fuerza capaz de superar, ya sabes, el ultraliberalismo. Un movimiento ciudadano, alimentado por organizaciones de base amplias y diversas, que deben llegar hasta lo más alto de la política.
Nombre y apellido de un problema
La crisis de la vivienda en España no es fruto del azar ni de una ley natural del mercado. Es el resultado lógico de una ideología que prioriza el beneficio privado sobre el bien común, el mismo diagnóstico que el informe aplica a la crisis climática y que resulta perfectamente trasladable al mercado inmobiliario español. Los fondos de inversión que compran bloques enteros, los alquileres turísticos que vacían los barrios de vecinos y la pasividad de sucesivos gobiernos ante la especulación son manifestaciones locales de una misma lógica global: la que convierte derechos básicos en activos financieros.
No es casualidad que las plataformas de vivienda en España hayan empezado a hablar, como hacen los movimientos reunidos en la Cumbre de los Pueblos de Belém, de falsas soluciones: ayudas puntuales al alquiler, bonos fiscales o promesas de construcción que nunca llegan, mientras el problema de fondo, la mercantilización radical de un derecho constitucional, permanece intacto.




