A diferencia de otras inversiones consideradas éticas, que a menudo solo evitan invertir en industrias dañinas, la inversión de impacto va un paso más allá. Su objetivo principal es buscar de forma activa proyectos que generen un bien social o ambiental que se pueda medir. Es la manera más clara y directa de financiar iniciativas que promueven el acceso a la educación y la salud para todos, el apoyo a las mujeres o la protección de la naturaleza, en línea con los acuerdos de la agenda 2030 de Sevilla.
Este tipo de inversión ha crecido mucho en todo el mundo, superando los 1,1 billones de dólares en 2022. El problema es que la mayor parte de ese dinero se queda en países ricos como Estados Unidos, Canadá y los de Europa Occidental. Mientras tanto, regiones como África subsahariana, donde el cambio podría ser enorme, reciben mucho menos. Esto ocurre porque los inversores ven demasiado riesgo en poner su dinero en lugares con economías menos estables o ingresos más bajos.
Además, el dinero destinado a cumplir los ODS no llega al ritmo que se necesita. Hay varios obstáculos: es difícil medir con exactitud el impacto real de las inversiones, no existen las herramientas financieras adecuadas para las necesidades locales y es complicado conseguir financiación en la moneda del país. Esto afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo, que son demasiado pequeñas para recibir grandes inversiones y acaban siendo ignoradas por los grandes fondos.
La situación se ha vuelto aún más crítica ahora que el gobierno de Estados Unidos ha retirado los fondos de ayuda de la USAID. Sin ese importante apoyo público, la necesidad de que el sector privado aporte dinero es más urgente que nunca. La inversión privada se convierte así en una pieza clave para impulsar el desarrollo social y ambiental. Es crucial que empresas e inversores particulares se comprometan a largo plazo, trabajando de la mano con las comunidades para lograr un impacto real y que se pueda comprobar.
Para superar estos retos, expertos como los de la Cátedra de Impacto Social de la Universidad Pontificia Comillas, en sintonía con la cumbre de Sevilla, proponen tres soluciones. Primero, usar herramientas que reduzcan el riesgo para los inversores, como garantías que protejan parte de su capital. Segundo, fortalecer a los expertos y las oportunidades de inversión en cada lugar, apoyando el talento local. Y tercero, acordar unas reglas claras para medir el impacto, lo que daría más confianza y evitaría el "impactwashing", es decir, que las empresas presuman de un impacto que no es real.
Pero este cambio no depende solo de los expertos financieros. El verdadero impulso vendrá de la innovación y la colaboración. Buenos ejemplos de ello son los fondos que invierten en gestores locales o los acuerdos entre grandes fondos de inversión de países que se centran en apoyar directamente a las comunidades. Las organizaciones benéficas y las ONG también tienen mucho que aportar, pues conocen de primera mano los problemas y las soluciones que funcionan sobre el terreno.
Al final, el éxito de la inversión de impacto no se mide solo por la cantidad de dinero, sino por la calidad y por si de verdad responde a lo que la gente necesita. Por eso, las ideas y los debates que surgieron en la cumbre de Sevilla insisten en crear soluciones financieras a medida, fortalecer las alianzas entre el sector público y el privado y exigir que se demuestren los resultados prometidos.
Estamos en un momento clave. Esta última cumbre de la ONU, ha dejado claro que la inversión de impacto es una oportunidad única para construir un mundo más justo y sostenible. Pero, como señalan los expertos, esto solo será posible si los gobiernos, las empresas y la sociedad civil trabajan juntos de forma honesta y coordinada.